El 5 de septiembre, los Estados de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales alcanzaron en Ginebra un consenso sobre un documento que puede facilitar futuras negociaciones internacionales. No es un tratado ni establece nuevas obligaciones vinculantes. Después de más de una década de conversaciones, constituye un avance, aunque organizaciones como Stop Killer Robots consideran que el texto quedó debilitado durante las últimas horas.

Conviene evitar tanto la celebración prematura como el desprecio automático hacia la lentitud diplomática. Lo que está sobre la mesa no es un detalle técnico: es la capacidad de los Estados para establecer límites antes de que determinadas formas de ejercer la violencia se normalicen.

No toda autonomía es la misma

Para entender la discusión hay que despejar una confusión. Un arma autónoma no es simplemente un dron sin piloto a bordo. Según la caracterización utilizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y SIPRI, es un sistema que, una vez activado, puede seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana en esas funciones. Tampoco debe confundirse con una herramienta de inteligencia artificial que ofrece información o recomendaciones a un mando. Ambas tecnologías plantean problemas, pero no ocupan el mismo lugar en la decisión de emplear la fuerza.

Pensemos en dos situaciones: un sistema encargado de interceptar proyectiles dentro de un perímetro delimitado y otro autorizado a identificar y atacar personas en una zona poblada. Agruparlos bajo una misma etiqueta no elimina sus diferencias. El entorno, los objetivos y las consecuencias previsibles importan tanto como las prestaciones técnicas. Precisamente por eso, UNIDIR, el instituto de investigación de Naciones Unidas sobre desarme, ha desarrollado escenarios concretos para trasladar el debate desde los principios abstractos hasta las condiciones reales de una operación.

La pregunta útil no es si una máquina resulta «más inteligente» que un soldado. Es qué funciones se le confían, en qué circunstancias y con qué garantías.

Tampoco estamos ante un vacío jurídico. El derecho internacional humanitario sigue siendo aplicable: la distinción entre objetivos militares y población civil, la proporcionalidad y las precauciones en el ataque no desaparecen porque intervenga un algoritmo. Los propios Estados lo han reconocido en este proceso. La controversia consiste en determinar si esas obligaciones generales bastan o necesitan prohibiciones y restricciones específicas que hagan posible su cumplimiento.

Acertar con precisión en un objetivo no resuelve, por sí solo, si era legítimo atacarlo.

Cuando los adversarios coinciden

La negociación ofrece una coincidencia reveladora. Estados Unidos y Rusia han defendido enfoques más próximos a directrices nacionales que a nuevas obligaciones internacionales vinculantes. Brasil, Irlanda y varios países africanos, en cambio, apoyan un instrumento jurídico con garantías específicas de control humano. La división no reproduce exactamente las alianzas habituales.

Una lectura estratégica de esa coincidencia resulta comprensible: dos potencias pueden enfrentarse en numerosos escenarios y, aun así, compartir el interés por conservar libertad de desarrollo militar. Para quien considera que una tecnología puede proporcionar ventaja, aceptar restricciones implica preguntarse qué hará el adversario y cómo podrá verificarse su cumplimiento.

Sería injusto convertir toda resistencia a un tratado en indiferencia hacia la responsabilidad. La directiva estadounidense sobre autonomía en los sistemas de armas, actualizada en 2023, ya exigía niveles adecuados de juicio humano, pruebas rigurosas y cumplimiento del derecho de la guerra. La existencia de controles nacionales y la conveniencia de obligaciones internacionales son cuestiones relacionadas, pero distintas.

La objeción contraria es igualmente seria: si cada Estado interpreta por separado cuánto control considera suficiente, ¿qué confianza pueden depositar los demás en esos límites?

El 25 de agosto, Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja renovaron su llamamiento a negociar reglas vinculantes. Su advertencia se centraba en la reducción del control humano y en el riesgo de aproximarse a una frontera moral especialmente delicada: que las máquinas seleccionen personas para atacarlas de manera autónoma.

Ahí reside el dilema diplomático. Un acuerdo ambicioso sin participación suficiente puede tener escaso alcance; uno universal pero impreciso puede ofrecer menos protección de la que promete. Conseguir consenso es necesario para avanzar en este foro. Lo decisivo es qué permite hacer ese consenso.

El control no es un botón

La expresión «control humano» resulta tranquilizadora, pero necesita contenido. Que alguien autorice la activación de un sistema no demuestra que comprenda suficientemente sus límites. Que exista una opción de interrupción tampoco garantiza que pueda utilizarse a tiempo.

El control debe construirse, no simplemente declararse. Una investigación conjunta de SIPRI y el CICR identifica tres ámbitos fundamentales: las características y los objetivos permitidos del arma, las condiciones del entorno en que se utiliza y la supervisión humana. No se trata únicamente del último segundo antes de un disparo, sino de decisiones adoptadas desde el diseño hasta el empleo operativo.

Por eso, la propuesta del CICR no consiste en prohibir indiscriminadamente toda autonomía militar. Plantea excluir los sistemas impredecibles y aquellos destinados a atacar directamente a personas, y restringir los demás mediante límites sobre sus objetivos, duración, ámbito geográfico y circunstancias de uso. Es una posición que distingue aplicaciones, en lugar de tratar toda innovación como una amenaza equivalente.

También debe preservarse una responsabilidad identificable. El derecho impone obligaciones a Estados, partes en conflicto y personas, no a máquinas. Incorporar autonomía no traslada esas obligaciones al software. La dificultad está en reconstruir las decisiones y atribuir responsabilidades cuando intervienen sistemas complejos, múltiples actores y resultados difíciles de anticipar. Esa dificultad justifica reforzar las garantías, no aceptar la irresponsabilidad.

Para España y Europa, una contribución valiosa sería combinar capacidad tecnológica, exigencia jurídica y propuestas verificables. Defender límites no debería significar renunciar a una defensa eficaz, sino exigir pruebas, formación, trazabilidad y condiciones de empleo que permitan confiar en ella. La protección de civiles y la capacidad de los mandos para controlar sus propias operaciones no tendrían por qué presentarse como intereses contrapuestos.

La conferencia de revisión de la Convención, prevista para noviembre, ofrecerá otra oportunidad para decidir si el trabajo acumulado se convierte en una negociación jurídica. El CICR reclama que se aproveche para avanzar hacia un nuevo protocolo. Todavía queda distancia entre disponer de un documento y establecer límites efectivos.

Ginebra no ha resuelto el problema. Ha mantenido abierta una vía para abordarlo.

La medida del progreso no debería ser únicamente cuánto puede hacer un arma sin ayuda. También debe ser cuánto conservamos nosotros la capacidad de comprender, limitar y responder por su empleo. El último veto humano empieza mucho antes del disparo: cuando decidimos qué estamos dispuestos a delegar y qué responsabilidad no puede delegarse nunca.

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La preocupación estadounidense no parece centrarse necesariamente en una invasión convencional de gran escala. El escenario más plausible sería una acción limitada, híbrida o deliberadamente ambigua —una incursión territorial, sabotaje, ciberataque o provocación militar— destinada a evaluar la capacidad de respuesta política de la Alianza.

En ese contexto, el objetivo de Moscú no sería tanto obtener una ventaja territorial como poner a prueba la credibilidad del artículo 5 y la voluntad de los aliados de asumir los costes de una escalada.

Las evaluaciones de los servicios de inteligencia europeos coinciden en que Rusia sigue condicionada por la guerra en Ucrania. Sin embargo, un eventual alto el fuego o una congelación del conflicto permitirían al Kremlin acelerar la reconstrucción de sus capacidades militares y reforzar progresivamente su posición en el flanco oriental de la OTAN.

La agenda de Ratcliffe habría incluido además un segundo asunto: el apoyo ruso a Irán. Washington estaría tratando de limitar la cooperación militar y de inteligencia entre Moscú y Teherán en un momento de creciente tensión en Oriente Medio y alrededor del estrecho de Ormuz.

Esta dimensión resulta especialmente relevante. Europa y Oriente Medio ya no pueden considerarse teatros estratégicos completamente separados. La dispersión de recursos estadounidenses entre Ucrania, Oriente Medio y el Indo-Pacífico puede modificar los cálculos de riesgo de Moscú.

El Kremlin ha confirmado las conversaciones y Sergei Naryshkin, director del SVR, ha reconocido haberse reunido con Ratcliffe. El director de la CIA no fue recibido por Vladímir Putin, aunque la presidencia rusa ha señalado que el jefe del Kremlin fue informado de inmediato.

Donald Trump ha reducido públicamente la importancia de la visita y ha afirmado que Putin no atacará territorio de la OTAN. Sin embargo, el desplazamiento personal del director de la CIA difícilmente puede considerarse irrelevante.

Los contactos entre servicios de inteligencia rivales forman parte de los mecanismos habituales de gestión de crisis. El envío del máximo responsable de la CIA a Moscú indica, al menos, que Washington considera necesario mantener un canal directo de alto nivel para evitar errores de cálculo y delimitar líneas rojas.

La visita no demuestra que exista una amenaza inmediata contra la OTAN. Sí sugiere que Estados Unidos considera suficientemente serio el riesgo de una escalada futura como para transmitir personalmente su posición al aparato de seguridad ruso.

En diplomacia estratégica, la importancia de una conversación no siempre reside en aquello que se hace público, sino precisamente en aquello que ambas partes consideran necesario comunicar en privado.

En este episodio del International Relations Forum analizamos la crisis desde la prensa estadounidense y los principales centros de pensamiento internacional, y observamos también cómo China y Rusia están utilizando el enfrentamiento para construir sus propias narrativas sobre el declive de la influencia estadounidense.

Con declaraciones originales de Donald Trump, Mark Carney y fragmentos de medios rusos, examinamos la diferencia entre poder económico, coerción y confianza estratégica.

Porque los aranceles pueden renegociarse. La confianza tarda mucho más en reconstruirse.

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Ayer, sábado 22 de agosto, aquella frontera volvió a hacerse visible.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció la suspensión de las negociaciones comerciales con Washington después de rechazar lo que calificó como un mal acuerdo. Los nuevos aranceles estadounidenses del 50% afectan a unos 20.000 millones de dólares en exportaciones canadienses. Ottawa responderá desde el 8 de septiembre con medidas equivalentes sobre acero, productos lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, papel y electrónica estadounidenses. Según Carney, Estados Unidos había exigido demasiado, ofrecido demasiado poco y presentado en los últimos días condiciones que cuestionaban la fiabilidad de cualquier compromiso futuro. (Primer Ministro de Canadá)

No se han roto formalmente las relaciones comerciales. Tampoco ha desaparecido el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá —el USMCA o CUSMA—, ni se ha cerrado la frontera. Pero sí se ha producido una ruptura política dentro de una relación que durante décadas se había considerado prácticamente irreversible.

La cuestión ya no es únicamente cuánto costarán los aranceles. La verdadera cuestión es cuánto vale todavía la palabra de Estados Unidos.

Una crisis limitada en volumen, enorme en significado

Conviene no exagerar la dimensión inmediata de las medidas. Los productos afectados representan aproximadamente el 4,9% de las importaciones estadounidenses procedentes de Canadá. El grueso del comercio bilateral continúa circulando, y las economías norteamericanas siguen profundamente integradas. El USMCA sostiene cerca de dos billones de dólares de comercio trilateral, mientras que Canadá y México aportan aproximadamente un tercio de los insumos manufactureros importados por Estados Unidos. La Cámara de Comercio estadounidense estima que el comercio norteamericano mantiene unos trece millones de empleos en Estados Unidos. (CSIS)

El USMCA tampoco expira automáticamente por el fracaso de su revisión. En ausencia de una retirada formal, el acuerdo seguirá sometido a revisiones anuales hasta 2036. La relación económica, por tanto, no puede deshacerse de un día para otro. Las fábricas, los oleoductos, las redes eléctricas y las cadenas logísticas no responden con la velocidad de una declaración presidencial. (CSIS)

Pero la novedad es cualitativa. Hasta ahora, las mercancías que cumplían las exigentes normas de origen del USMCA gozaban, salvo algunas excepciones, de una protección considerable frente a los aranceles. Las nuevas medidas alcanzan también a productos plenamente conformes con el tratado. CSIS advierte de que ello introduce dudas sobre la voluntad de Washington de respetar sus propios compromisos y sobre la sostenibilidad de las cadenas de suministro integradas, especialmente en el automóvil. (CSIS)

El arancel deja así de corregir una excepción y empieza a suspender la regla.

Dos conceptos incompatibles del acuerdo

La Administración Trump tiene una argumentación que no debe caricaturizarse. Washington acusa a Canadá de discriminar a los productos estadounidenses mediante sus cuotas lácteas, las restricciones provinciales al alcohol y las represalias sobre automóviles. Para imponer las nuevas tarifas, la Casa Blanca ha invocado la sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una disposición prácticamente inactiva que permite responder contra países considerados discriminatorios con el comercio estadounidense. (The White House)

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostiene que Washington ofrecía a Canadá el mejor trato reservado a un gran exportador y que fueron los negociadores canadienses quienes introdujeron nuevas exigencias y rectificaron compromisos previos. La reconstrucción publicada por Politico de las últimas 72 horas identifica los aranceles sobre los camiones pesados como uno de los principales puntos de fricción, junto con las discrepancias sobre automóviles y acceso a mercados. (Politico Pro)

Ottawa ofrece una versión muy distinta. Canadá estaba dispuesto a retirar sus represalias sobre acero, aluminio y automóviles si Estados Unidos reducía sustancialmente sus propios aranceles. También aceptaba favorecer el regreso del alcohol estadounidense a los comercios provinciales y realizar ajustes administrativos en el sector lácteo. Pero rechazaba limitar su capacidad de negociar acuerdos con terceros países, debilitar la protección de sus industrias estratégicas o aceptar condiciones que, según Carney, afectaban a la soberanía canadiense, a la lengua francesa y a su política cultural. (Primer Ministro de Canadá)

No estamos, por tanto, ante una historia perfectamente simple de agresor y víctima. Canadá mantiene barreras comerciales y ha utilizado represalias que perjudican a productores estadounidenses. Pero varias de esas represalias nacieron precisamente como respuesta a aranceles anteriores de Washington. El Atlantic Council describe un proceso circular: cada medida estadounidense provoca una respuesta canadiense, y esa respuesta se utiliza después como justificación para una nueva escalada. (Atlantic Council)

En el fondo, ambas capitales mantienen conceptos incompatibles sobre la naturaleza de un acuerdo. Para Ottawa, un tratado debe limitar el poder de las partes y ofrecer previsibilidad. Para la Administración Trump, el acceso al mercado estadounidense constituye una concesión renovable que puede utilizarse para obtener ventajas económicas, industriales o políticas.

El diagnóstico de la comunidad estratégica

Los principales centros de pensamiento internacionales todavía no han tenido tiempo de publicar un balance definitivo de la ruptura de este fin de semana. Sin embargo, sus análisis de los últimos meses habían descrito con bastante precisión el escenario al que se ha llegado.

Foreign Policy planteaba, apenas dos días antes del fracaso, si Canadá acabaría cediendo o asumiría el coste de otra guerra arancelaria. En sus análisis anteriores había subrayado una contradicción fundamental: Estados Unidos puede presionar a Ottawa, pero no puede prescindir fácilmente de la energía, los minerales, los productos agrícolas y la capacidad industrial canadiense. Al mismo tiempo, la estrategia de Carney de articular coaliciones de potencias medias aparece como una respuesta comprensible, aunque difícil de convertir rápidamente en una alternativa económica completa. (Política Exterior)

Politico ha tendido a concentrarse en la mecánica de las negociaciones: automóviles, acero, aluminio, energía, camiones pesados y concesiones introducidas o retiradas en el último momento. Su cobertura muestra que el fracaso no surgió de una sola decisión, sino de una acumulación de desacuerdos sectoriales dentro de una negociación en la que las condiciones estadounidenses permanecían en movimiento. Ya en mayo, el medio había explicado que un intento anterior de acuerdo se había frustrado esencialmente por el sector del automóvil. (E&E News by POLITICO)

Chatham House interpreta la política arancelaria de Trump como algo más amplio que una sucesión de disputas comerciales. Su informe sobre el Trump shock sostiene que la incertidumbre cotidiana sobre productos, tipos arancelarios y justificaciones se ha convertido en una característica estructural del sistema estadounidense. El objetivo no es solamente proteger determinadas industrias, sino utilizar el acceso al mercado, el sistema financiero y la dependencia de seguridad para extraer concesiones económicas y políticas. (Chatham House)

El mismo instituto introduce una consideración geopolítica esencial. Los aliados de Estados Unidos habían funcionado como multiplicadores de su poder frente a China. Al hostigarlos con amenazas arancelarias y cuestionar la durabilidad de sus compromisos, Washington está empujándolos a desarrollar políticas más independientes hacia Pekín. Chatham House concluye que este deterioro de las alianzas debilita incluso la posición negociadora de Trump frente a Xi Jinping. (Chatham House)

CSIS llega a una conclusión similar desde una perspectiva jurídica y económica. La utilización de la sección 338 crea interrogantes legales, podría entrar en conflicto con las obligaciones estadounidenses ante la Organización Mundial del Comercio y establece un precedente contra bienes que cumplen las reglas del USMCA. Más importante todavía: la presión continuada no ha producido hasta ahora grandes concesiones canadienses, pero sí ha reducido el espacio político del que dispone Carney para alcanzarlas. (CSIS)

Brookings denomina a este fenómeno la “paradoja Trump”. Los aranceles pueden dañar industrias canadienses, pero simultáneamente refuerzan la determinación de Ottawa de desarrollar capacidad nacional y autonomía estratégica. Estados Unidos, por su parte, puede aspirar a una mayor autosuficiencia, pero no puede convertirse en una isla económica sin perjudicar a sus propios consumidores y productores. (Brookings)

El Council on Foreign Relations aporta el necesario contrapunto realista. Canadá está condicionado por la geografía y no puede sustituir plenamente el mercado estadounidense. Alrededor de tres cuartas partes de sus exportaciones de mercancías siguen orientadas hacia Estados Unidos. El USMCA concede, por tanto, una enorme capacidad de presión a Washington, que además puede intentar utilizar su revisión para obligar a Canadá y México a adoptar controles comunes frente a China. (Consejo de Relaciones Exteriores)

La conclusión conjunta no es que Canadá pueda ganar fácilmente una guerra comercial. Es más incómoda: Estados Unidos posee la ventaja económica inmediata, pero puede estar utilizándola de una manera que reduce su poder estratégico futuro.

La victoria táctica y la derrota estratégica

Trump todavía podría obtener concesiones. El tamaño del mercado estadounidense proporciona a Washington una capacidad coercitiva que Canadá no puede igualar. Las empresas canadienses sufrirán antes y con mayor intensidad, y Ottawa reconoce que sus propias represalias elevarán los precios y reducirán las opciones de los consumidores canadienses. (Primer Ministro de Canadá)

Sería, por tanto, prematuro proclamar una victoria de Carney. Su Gobierno puede verse obligado a regresar a la mesa, moderar algunas exigencias o compensar durante años a sectores perjudicados. La diversificación comercial exige puertos, corredores energéticos, infraestructuras, nuevos acuerdos y una transformación del mercado interior canadiense. No puede decretarse desde una tribuna.

Pero el poder no consiste únicamente en la capacidad de imponer costes. También consiste en conseguir que otros Estados organicen voluntariamente sus políticas alrededor de nuestras preferencias.

Durante décadas, la hegemonía estadounidense ofreció a sus aliados algo que China y Rusia no podían igualar: acceso a un gran mercado, protección de seguridad, instituciones relativamente previsibles y la expectativa de que las reglas sobrevivirían a las disputas políticas. El sistema no era altruista. Servía a los intereses estadounidenses. Pero permitía a otros países considerar que su alineamiento con Washington era más rentable que su resistencia.

Cuando la integración económica se transforma en un arma, los aliados empiezan a tratarla como una vulnerabilidad. Pueden seguir dependiendo de Estados Unidos, pero comienzan a invertir en seguros: nuevos mercados, corredores alternativos, reservas estratégicas, acuerdos entre potencias medias y políticas industriales nacionales. Carnegie observa precisamente ese movimiento en los intentos de aproximar las redes comerciales de la Unión Europea y del CPTPP, mientras que el ECFR detecta una erosión profunda de la percepción de Estados Unidos como aliado fiable. (Carnegie para la Paz Internacional)

La coerción puede producir obediencia. Lo que raramente produce es lealtad.

Pekín: convertir la grieta en una alternativa

China, como ya empieza a ser habitual, ha comprendido inmediatamente la oportunidad. Su cobertura combina información razonablemente precisa con un encuadre estratégico muy deliberado.

Xinhua ha publicado una reconstrucción detallada de la negociación que incluye tanto las acusaciones canadienses como la versión estadounidense. Pero enfatiza la introducción de condiciones de última hora, la afectación de la soberanía canadiense, el debilitamiento del USMCA y el final del proceso de integración progresiva entre ambos países. (Xinhua News)

Global Times ha presentado la crisis como la entrada de dos aliados tradicionales en un periodo de fricciones recurrentes. Recupera la afirmación de Carney de que la firma estadounidense parece estar “escrita a lápiz” y destaca que Washington pretendía condicionar la capacidad canadiense para alcanzar acuerdos con otros países. (Global Times)

China Daily lleva esta interpretación un paso más allá. En sus páginas de análisis, la crisis se integra en una narrativa según la cual las potencias medias occidentales estarían abandonando la obediencia a la Pax Americana, buscando autonomía estratégica y descubriendo en China una alternativa más previsible, multilateral e inclusiva. (China Daily)

Aquí conviene precisar qué entendemos por propaganda. No se trata necesariamente de inventar hechos. La propaganda más eficaz selecciona hechos reales, los ordena dentro de una explicación predeterminada y los convierte en prueba de un destino histórico: el declive de Estados Unidos, el avance de la multipolaridad y la consolidación de China como potencia responsable.

El problema para Washington es que esta narrativa no carece por completo de fundamento. Chatham House confirma que el maltrato a los aliados está facilitando la diplomacia comercial china y debilitando la capacidad estadounidense de construir coaliciones frente a Pekín. La propaganda china trabaja, por tanto, sobre una oportunidad creada en buena medida por la propia política estadounidense. (Chatham House)

Pero la alternativa china también debe contemplarse sin ingenuidad. Pekín ha utilizado sus propios instrumentos de coerción económica contra Canadá. En 2025 impuso gravámenes del 100% sobre determinados productos de colza y guisantes, y del 25% sobre productos porcinos y pesqueros. Parte de estas medidas se suspendieron o redujeron en 2026, pero otras continuaron vigentes. (Portal de Gobierno Abierto)

La respuesta racional para Ottawa no puede consistir en sustituir una dependencia estadounidense por una dependencia china. Su estrategia debe ser una diversificación plural: Europa, Asia-Pacífico, México, Japón, Corea del Sur y un mercado interior canadiense más integrado. China puede formar parte de esa diversificación, pero no convertirse en su nuevo centro de gravedad.

Moscú: convertir la grieta en descomposición

La narrativa rusa persigue un objetivo ligeramente distinto.

China quiere presentarse como una alternativa económica. Rusia, cuya capacidad para sustituir el mercado estadounidense es incomparablemente menor, busca fundamentalmente desacreditar la cohesión occidental y la solvencia democrática.

TASS ha titulado su cobertura de este domingo afirmando que Trump está perdiendo la guerra comercial con Canadá, apoyándose significativamente en un artículo de The Atlantic. La técnica es reveladora: una agencia estatal rusa utiliza una crítica publicada en Estados Unidos para dotar de autoridad occidental a la narrativa del fracaso norteamericano. (TASS)

RIA Novosti ha reproducido inicialmente los hechos a partir de Reuters, pero ha amplificado después la dimensión humillante del conflicto. La agencia destacó la burla del enviado económico ruso Kirill Dmitriev, quien sugirió que Canadá debería convertirse en el “52.º estado” estadounidense (recuerden que el 51º estado debía ser Groenlandia) y relajarse. (РИА Новости)

El Club Valdái proporciona la elaboración estratégica. Sus análisis describen a las potencias medias occidentales “acudiendo a Pekín”, presentan a Europa como una pieza sometida dentro de una economía de tributo estadounidense y vinculan la pérdida de confianza en Washington con la expansión de los BRICS, la diversificación monetaria y la erosión de la centralidad del dólar. (Valdai Club)

El mensaje ruso no necesita demostrar que Moscú puede ofrecer un orden mejor. Le basta con convencer a sus audiencias de que el orden occidental nunca fue verdaderamente cooperativo, que las alianzas eran instrumentos de subordinación y que Estados Unidos terminará tratando a todos sus socios como trata ahora a Canadá.

Mientras Pekín intenta ocupar el espacio que Washington abandona, Moscú intenta demostrar que ese espacio nunca existió.

El error de confundir obediencia con alineamiento

La política de Trump parte de una observación correcta: Estados Unidos conserva un poder de mercado extraordinario y muchos de sus socios dependen más de él que él de ellos.

El error consiste en suponer que esa asimetría puede explotarse repetidamente sin modificar el comportamiento estratégico de los demás.

Un aliado que acepta una condición porque no dispone de alternativa puede obedecer hoy. Pero mañana dedicará recursos a construir esa alternativa. Cada puerto nuevo, cada acuerdo comercial adicional, cada cadena de suministro diversificada y cada mecanismo financiero independiente reduce una pequeña parte de la influencia estadounidense futura.

Canadá no está rompiendo con Estados Unidos. No podría hacerlo sin asumir un coste económico inmenso. Está haciendo algo más gradual y, quizá, más duradero: incorporando a Washington a su modelo de riesgos.

La crisis terminará probablemente con nuevas negociaciones. Algunos aranceles podrían reducirse, aparecerán excepciones y ambos países seguirán comerciando en volúmenes enormes. La interdependencia norteamericana sobrevivirá porque está asentada en décadas de inversión, geografía compartida y complementariedad económica.

Lo que no está garantizado es que sobreviva la confianza.

El acontecimiento más importante de este fin de semana no ha sido la imposición de un arancel del 50%. Ha sido que el aliado más próximo a Estados Unidos haya decidido que una mala ausencia de acuerdo era preferible a un acuerdo cuya firma podía modificarse al día siguiente.

Washington puede infligir a Canadá mucho más daño del que Canadá puede devolverle. La pregunta verdaderamente estratégica es si puede hacerlo sin enseñar al resto de sus aliados que la política más prudente consiste en reducir su exposición al poder estadounidense.

Ese es el arancel que Washington no podrá recaudar.

En las 48 horas siguientes, más de 48.000 personas regresaron a Marruecos. El Gobierno insiste en el «carácter voluntario» de esos retornos; muchos de los que regresaron relataron que lo hacían por las condiciones que encontraron a su llegada. La calificación jurídica de esa voluntariedad es objeto de disputa y se aborda en el cuarto eje de este análisis. El balance de fallecidos, sobre el que las fuentes divergen de manera significativa, se sitúa oficialmente en 72 y sigue abierto.

Para dimensionar el episodio conviene el contraste con el precedente inmediato: en mayo de 2021, la entrada facilitada por Rabat afectó a unas 8.000 personas. La escala de 2026 multiplica por seis aquella cifra y se concentra en un plazo mucho más breve.

Lo que sigue no es una crónica de la emergencia, sino un análisis de sus cuatro dimensiones: el mecanismo jurídico que la hizo posible, la lógica de coerción que la explica, el fracaso institucional europeo que la ha convertido en algo más grave que un incidente fronterizo y el marco de protección internacional que fija los límites de lo que cualquiera de los actores implicados puede legítimamente hacer.

1. El detonante jurídico y sus límites explicativos

El 8 de julio, el Tribunal Supremo dictaminó que el régimen de rechazo en frontera —las llamadas «devoluciones en caliente»— no resulta aplicable a los migrantes interceptados en el mar mientras intentan alcanzar a nado Ceuta y Melilla, reservando ese procedimiento sumario a quienes intentan salvar la valla terrestre.

El Gobierno sostiene que las redes de tráfico de personas instrumentalizaron la sentencia, difundiendo en el norte de Marruecos el mensaje de que quien llegara a nado no podría ser devuelto. Es una lectura plausible y coincide con el patrón documentado en episodios anteriores, en los que un cambio normativo o una decisión judicial ha operado como señal aprovechable por las mafias. Pero conviene fijar sus límites analíticos: una resolución judicial explica un incentivo, no explica por sí sola una movilización de decenas de miles de personas concentrada en un punto concreto de la costa marroquí y ejecutada en cuestión de horas.

El elemento que la tesis del efecto llamada no cubre es la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes durante el pico del episodio. La concentración previa se produjo en la localidad de Fnideq (Castillejos), en territorio marroquí y bajo jurisdicción marroquí, y no fue disuelta. Los analistas españoles coinciden en que ese es el eslabón decisivo de la cadena causal: sin una relajación del control en la orilla sur, ningún incentivo jurídico del lado norte produce una entrada de esta magnitud. Es también la razón por la que el episodio se lee mayoritariamente como algo distinto de un accidente migratorio.

A este cuadro se añade una variable estructural que la lectura puramente geopolítica tiende a subestimar. El desempleo juvenil marroquí en la franja de 15 a 24 años se mantenía en el 37,2 % en 2025, frente a una tasa nacional del 13 %. La presión migratoria hacia España no requiere ser fabricada: existe un tirón estructural permanente, alimentado por el diferencial económico entre ambas orillas. Basta, por tanto, con dejar de contenerla. Esa es precisamente la característica que convierte la frontera en un instrumento de bajo coste para quien administra su contención.

Rabat, por su parte, ha construido una contranarrativa precisa. Niega haber relajado el control fronterizo o haber actuado bajo presión de ningún tipo, atribuye la responsabilidad íntegra a la sentencia del Supremo —que, sostiene, desarticuló la capacidad disuasoria española y generó un efecto llamada explotado por las mafias— y afirma haber advertido a Madrid días antes sobre sus efectos previsibles. Al mismo tiempo, reivindica su papel de socio responsable y califica de electoralistas y racistas las críticas europeas. La secuencia argumental es coherente en sus propios términos y difícil de refutar públicamente: traslada el origen del episodio a una decisión soberana española y presenta la posterior colaboración marroquí en los retornos como prueba de buena fe.

2. La coerción como método: Argel, el Sáhara y los apoyos de Rabat

Los think tanks españoles coinciden en encuadrar el episodio en la lógica de la weaponisation of migration. El CIDOB recuerda el precedente de mayo de 2021, cuando Marruecos permitió la entrada de unas 8.000 personas en represalia por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. El Real Instituto Elcano describe Ceuta y Melilla como válvulas de presión mediante las cuales Rabat recuerda a Madrid el coste de adoptar decisiones contrarias a sus intereses estratégicos, singularmente en lo relativo al Sáhara Occidental y a sus rivalidades regionales.

El detonante que señalan los analistas españoles para 2026 es el acercamiento a Argel. El 20 de julio, diez días antes de la crisis, Pedro Sánchez visitó Argelia y anunció una «nueva fase» bilateral, restableciendo unas relaciones congeladas desde 2022.

«La ruptura de las relaciones diplomáticas entre Marruecos y Argelia supuso el cierre del Gaseoducto Magreb-Europa, lo que supuso una pérdida de ingresos y de influencia para el país alahuí. […] El Gobierno español volvió a calificar a Argelia, principal rival regional de Marruecos, como “socio estratégico”.» — Análisis de The Conversation / CIDOB

A esa lectura bilateral, el análisis internacional añade dos capas.

La primera es estructural. Eurasia Review describe Ceuta como un laboratorio de la externalización fronteriza europea: al subcontratar el control migratorio a un tercer país a cambio de concesiones financieras y diplomáticas, la Unión le transfiere una capacidad de presión desproporcionada. La consecuencia es que «incluso cambios modestos en la ley española, en la postura de aplicación marroquí o en la temperatura diplomática entre las dos capitales pueden producir efectos grandes e inmediatos sobre el terreno». La sentencia del Supremo y el viaje a Argel, leídos juntos, son exactamente eso. Esta lectura tiene una implicación incómoda: no haría falta una decisión deliberada de represalia para que la asimetría produjera un resultado como el de julio.

La segunda es relacional. El ECFR subraya que Rabat opera hoy con un respaldo reforzado de Estados Unidos e Israel. Durante la crisis, el embajador israelí ante la ONU cuestionó el mantenimiento de «enclaves coloniales en África» por parte de España, y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense emitió comentarios politizados sugiriendo que el episodio no habría ocurrido con un presidente como Trump. Estos pronunciamientos no prueban coordinación alguna en la apertura de la frontera. Sí documentan un clima diplomático que abarata el coste de la asertividad marroquí frente a Madrid, en un momento en que el Gobierno español acumula posiciones incómodas para Washington y Tel Aviv, del reconocimiento del Estado palestino al giro argelino.

Conviene registrar aquí una tensión que el propio Gobierno español ha optado por no resolver en público. Sánchez calificó la entrada masiva de «ataque», pero evitó atribuir responsabilidad directa al Ejecutivo marroquí, sostuvo que la comunicación con Rabat había sido fluida, agradeció la colaboración marroquí para contener la situación y destacó que las autoridades del país vecino intervinieron después para frenar nuevas concentraciones junto a Ceuta y Melilla. Esa ambigüedad calculada tiene una explicación funcional: cualquier estrategia de prevención a corto plazo depende precisamente de la cooperación del actor cuya actuación se cuestiona. Es la definición operativa de una relación asimétrica, y explica por qué la respuesta española ha sido deliberadamente contenida en el plano bilateral y mucho más asertiva en el europeo.

3. La solidaridad europea como daño colateral

El elemento más relevante de la crisis no ha sido la actuación de Marruecos —previsible y con precedente— sino la reacción de los socios europeos de España.

El 31 de julio, el Ministerio del Interior italiano decretó el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España durante un mes, hasta el 31 de agosto, suspendiendo en la práctica el régimen Schengen. Giorgia Meloni presentó la medida como extraordinaria y orientada a proteger la seguridad nacional. Al día siguiente, fuentes del Viminale introdujeron un matiz sustancial: los controles serían «selectivos» y se aplicarían solo a ciudadanos extracomunitarios procedentes de España, sin que se haya aclarado cómo se determinará esa condición en el momento del control. Paralelamente, el ministro Matteo Piantedosi contactó con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para reforzar la frontera terrestre; Emmanuel Macron ordenó a su vez intensificar los controles en la frontera con España.

El ECFR ha sido explícito en su crítica:

«Al no mostrar solidaridad con un Estado miembro bajo presión, la UE está animando a Marruecos y a otros a seguir utilizando la migración como herramienta de coerción. […] En lugar de mostrar solidaridad con un Estado miembro que se enfrenta a la presión en la frontera exterior de la UE, la primera ministra italiana Giorgia Meloni no sólo culpó a las políticas migratorias de Sánchez, sino que también pidió que se suspendiera a España del espacio Schengen.» — European Council on Foreign Relations

Chatham House coincide en el diagnóstico: tratar la crisis como un fracaso exclusivamente español y recurrir a la suspensión de Schengen «sólo ayuda a aquellos que verían con buenos ojos una mayor tensión en el proyecto europeo».

Hay, además, un dato jurídico que desactiva buena parte de la justificación técnica de las medidas italianas y que ha circulado poco en el debate político. El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, descartó cualquier movimiento hacia la expulsión de España del espacio de libre circulación y recordó que el Código de Fronteras Schengen contiene normas especiales aplicables a Ceuta y Melilla. Las dos ciudades están sujetas a un régimen singular derivado de la declaración española anexa al Acta Final del Acuerdo de Adhesión de España al Convenio de Schengen: entrar en Ceuta no equivale a entrar en el espacio Schengen, y el control se ejerce en los pasos que conectan las ciudades con la Península. Dicho de otro modo, la contención efectiva se produjo donde el marco jurídico prevé que se produzca. La medida italiana responde por tanto a una lógica política interna más que a un riesgo acreditado de movimientos secundarios.

La respuesta institucional de Bruselas ha ido en esa dirección, aunque con un coste analítico propio. El 1 de agosto, Sánchez remitió una carta a Ursula von der Leyen en la que criticó que varios gobiernos europeos hubieran optado por «atacar» a España, cuestionó los planteamientos de exclusión temporal de Ceuta del espacio Schengen y solicitó a la Presidencia irlandesa del Consejo la convocatoria urgente de una videoconferencia extraordinaria de ministros del Interior. En el mismo escrito recordó que las entradas irregulares registradas por Frontex en países como Italia entre 2021 y 2026 duplican las españolas.

La respuesta de la presidenta de la Comisión, conocida el 3 de agosto, elogió la gestión «eficiente y eficaz» de las autoridades españolas y marroquíes y el hecho de haber impedido el traslado irregular hacia la España peninsular y el resto de la Unión, reclamó una respuesta europea común y propuso cinco líneas de trabajo: prevención mediante cooperación con socios, refuerzo de fronteras exteriores, sistemas de alerta temprana, desarticulación de redes de tráfico y refuerzo de los retornos.

El detalle relevante es el sujeto plural. Al felicitar conjuntamente a Madrid y Rabat, la Comisión resuelve el problema inmediato de cohesión —blindar a España frente a las iniciativas unilaterales de Roma y París— al precio de tratar a Marruecos como socio en la gestión de una crisis que buena parte del análisis independiente vincula, al menos en parte, a la relajación del control en la orilla sur. Es una elección coherente con la arquitectura de externalización descrita en el eje anterior, y precisamente por eso confirma su lógica: el actor que dispone de la palanca obtiene reconocimiento por moderar su uso.

4. La dimensión de protección: qué obliga el derecho y qué está en disputa

Los tres ejes anteriores describen el episodio como un problema de relaciones entre Estados. Existe un cuarto plano, con normas propias y consecuencias jurídicas verificables, que las lecturas geopolíticas tienden a dejar fuera del encuadre.

El marco aplicable es relativamente preciso. La legislación española no obliga a conceder residencia ni asilo a quien llega de forma irregular, pero sí obliga a rescatar a las personas en peligro, prestarles asistencia sanitaria, identificarlas, detectar a los menores y las situaciones de vulnerabilidad y permitir que soliciten protección internacional. La entrada irregular no impide formular esa solicitud: una vez formalizada, el retorno, la devolución o la expulsión quedan suspendidos mientras se examina el caso o se resuelve su inadmisión. La solicitud puede ser denegada —la falta de trabajo o la pobreza no suelen fundamentar por sí solas el asilo, que protege ante persecución, tortura, pena de muerte u otros daños graves—, pero el examen debe ser individual. Los menores no acompañados no pueden ser internados en un centro de extranjeros ni tramitados por el procedimiento ordinario de adultos.

Contrastado con ese marco, el dato central del episodio cambia de significado. Cuarenta y ocho mil retornos en cuarenta y ocho horas es una cifra que admite dos lecturas incompatibles: como indicador de eficacia administrativa —la que ha primado en la respuesta institucional europea— o como magnitud difícilmente compatible con un examen individualizado. Las dos lecturas usan la misma cifra y miden cosas distintas.

Sobre la voluntariedad hay indicios contradictorios. El Gobierno la sostiene y los testimonios de retorno por falta de recursos la respaldan parcialmente. En sentido contrario, organizaciones locales han denunciado dispositivos policiales que incitaban a los recién llegados a volver a la frontera; la Asociación Elin informó el domingo de que cuatro jóvenes sudaneses evitaron la devolución tras insistir a un grupo de militares en que querían pedir asilo. El precedente de 2021 es pertinente aquí: en aquel episodio, la devolución de menores fue declarada ilegal por los tribunales, y el Parlamento Europeo aprobó una resolución específica sobre vulneración de la Convención de los Derechos del Niño. En 2026 la variable demográfica es análoga: el jurista Daniel Thym señala que muchos de los llegados tienen 16 o 17 años y son, por tanto, menores no acompañados a efectos legales.

Las instituciones de protección han intervenido con posiciones que no coinciden con ninguna de las tres lecturas anteriores. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió respetar «los derechos y la dignidad» de todas las personas que llegaran a Ceuta. ACNUR, presente sobre el terreno, descartó expresamente que el repunte obedezca a una causa única: si bien la interpretación del Tribunal Supremo puede ser uno de los factores, «no sería adecuado atribuir el aumento de las llegadas a un único acontecimiento». Es una objeción directa al encuadre causal que comparten, con signos opuestos, el Gobierno español y Rabat.

CEAR ha ido más lejos. Su director, Mauricio Valiente, sostiene que lo observado en Ceuta no guarda relación ni con las mafias ni con la sentencia del Supremo, y advirtió de que entregar a Marruecos a todos los llegados socava el derecho de asilo, con dos argumentos: que Marruecos no es un país seguro y que «la colaboración no puede traducirse en una entrega sin atender las circunstancias de cada persona». Añade un dato que desactiva el argumento de la saturación estructural: España ha recibido en 2026 la mitad de llegadas que el año anterior, de modo que el sistema de acogida dispondría de capacidad para tramitar dentro del marco vigente.

Conviene precisar el estado del derecho europeo, porque suele citarse en un sentido más restrictivo del que tiene. En N.D. y N.T. contra España (13 de febrero de 2020), la Gran Sala del TEDH revocó por unanimidad una sentencia previa que había condenado a España y concluyó que las devoluciones sumarias practicadas en la valla de Melilla no vulneraban la prohibición de expulsiones colectivas ni el derecho a un recurso efectivo. El fallo fue, por tanto, favorable a España. Pero su razonamiento se apoyó en dos premisas explícitas: que los demandantes se habían situado voluntariamente al margen de la legalidad y que no habían utilizado vías legales de entrada «existentes y realmente disponibles». Esa segunda condición es la que mantiene el asunto abierto. CEAR viene documentando que el acceso efectivo al procedimiento de asilo en el puesto de El Tarajal es prácticamente inexistente, en particular para solicitantes de origen subsahariano. Si las vías legales no están realmente disponibles, la propia doctrina de Estrasburgo deja de amparar la devolución sumaria. El régimen fronterizo español y europeo descansa así sobre una premisa empírica que las organizaciones especializadas discuten con datos.

La situación sobre el terreno mantiene la cuestión viva. El CETI de Ceuta se encuentra desbordado, con personas —incluidos menores— pernoctando en la calle y en descampados a la espera de plaza o traslado, y con más de mil atenciones sanitarias registradas desde el inicio de la emergencia. Buena parte de quienes permanecen en la ciudad son subsaharianos, es decir, el perfil con más probabilidad estadística de necesitar protección internacional y con menos acceso efectivo a solicitarla.

El elogio de la Comisión a la gestión «eficiente y eficaz» adquiere a esta luz un carácter menos técnico de lo que aparenta. Medir el éxito de la respuesta por la velocidad agregada del retorno equivale a adoptar un estándar de evaluación —el control— y a subordinar otro —la legalidad individual del procedimiento—. La elección entre esos dos estándares no es una cuestión administrativa: es la decisión política de fondo que el episodio ha obligado a tomar sin debate previo.

Sotto Voce

Amplificación en redes: orgánica o coordinada. La difusión del mensaje sobre la supuesta imposibilidad de devolver a quienes llegaran a nado se canalizó a través de TikTok y WhatsApp. Analistas de seguridad examinan si la propagación fue orgánica o si existió amplificación inauténtica coordinada. La distinción no es menor: determina si estamos ante un efecto colateral de una resolución judicial o ante un componente operativo de una campaña de presión.

Coordinación Roma-París al margen de los canales comunitarios. La llamada entre Piantedosi y Nuñez y la instrucción de Macron de reforzar los controles con España se produjeron antes de cualquier deliberación en el Consejo. La secuencia sugiere una alineación bilateral previa entre dos capitales con agendas migratorias domésticas convergentes, ejecutada al margen de los mecanismos formales de la Unión. La convocatoria del Consejo JAI llega después de los hechos, no antes.

Guerra de narrativas. Las declaraciones del embajador israelí ante la ONU y de funcionarios estadounidenses durante el episodio encajan en un esfuerzo de penalización reputacional del Gobierno español por sus posiciones recientes en política exterior, utilizando la vulnerabilidad territorial de Ceuta como palanca indirecta. Rabat, en paralelo, ha desplazado el marco del debate hacia la responsabilidad judicial española y la supuesta motivación electoralista de las críticas europeas.

Breves

El frente doméstico. El Partido Popular ha calificado el episodio como crisis de seguridad nacional; Vox ha empleado el término «invasión» y ha responsabilizado directamente a los planes de regularización anunciados por el Gobierno. Durante el fin de semana, dirigentes e influencers de la extrema derecha se desplazaron a Ceuta, lo que motivó contramanifestaciones con participación de la comunidad musulmana local.

Identificación forense. Se habían practicado 22 autopsias a fecha del 3 de agosto, con los cuerpos trasladados al Hospital Militar O’Donnell. El proceso de identificación sigue en curso y decenas de familias marroquíes continúan sin noticias de sus allegados, congregadas en el lado marroquí de la frontera.

Situación sobre el terreno. Los comercios de Ceuta han reabierto, aunque cientos de personas permanecían escondidas en montes, fortificaciones y establecimientos hoteleros de la ciudad. Más de mil personas han recibido atención médica desde el inicio de la emergencia.

Consejo JAI extraordinario. Los ministros de Justicia e Interior de la Unión se reúnen por videoconferencia el martes 4 de agosto para acordar una respuesta coordinada.

Disparidades de criterio

La divergencia más urgente es factual y afecta al balance de víctimas. La cifra oficial policial se situaba en 72 fallecidos el 2 de agosto, tras la recuperación de cinco cuerpos adicionales. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declaró a El País que la morgue de la ciudad había recibido 88 cadáveres, algunos correspondientes a intentos de cruce de las dos semanas anteriores. La Asociación Unificada de Guardias Civiles elevó su estimación por encima del centenar. Las tres cifras miden cosas distintas —fallecidos atribuidos al episodio, cuerpos ingresados en un periodo más amplio y estimación sindical de víctimas totales— y ninguna constituye un balance definitivo. Toda cifra de víctimas de este episodio debe leerse como provisional.

La divergencia interpretativa se organiza en tres niveles, y no en torno a etiquetas ideológicas:

Sobre la causa próxima. La prensa nacional y el Gobierno español sitúan el peso explicativo en la sentencia del Supremo y su instrumentalización por las redes de tráfico. Rabat suscribe esa misma causa próxima, pero con signo inverso: la utiliza para eximirse de toda responsabilidad. Los think tanks españoles la aceptan como catalizador insuficiente y sitúan el eslabón decisivo en la relajación del control en la orilla sur.

Sobre la naturaleza del acto. CIDOB y el Real Instituto Elcano leen el episodio como diplomacia coercitiva bilateral, con Argelia y el Sáhara Occidental como variables explicativas. El ECFR añade la dimensión de los apoyos internacionales de Rabat. Eurasia Review desplaza el foco del cálculo a la estructura: la asimetría de la externalización basta para producir este resultado sin necesidad de postular una decisión de represalia.

Sobre el estándar con el que juzgar la respuesta. ACNUR y CEAR introducen un criterio ausente en las tres lecturas anteriores. ACNUR rechaza explícitamente la atribución del episodio a una causa única, lo que desautoriza tanto la tesis gubernamental española como la contranarrativa marroquí. CEAR desvincula por completo el episodio de las mafias y de la sentencia del Supremo, y desplaza la pregunta del por qué ocurrió al cómo se ha respondido: si el retorno de 48.000 personas en 48 horas fue compatible con el examen individualizado que la ley exige. Es una disparidad de naturaleza distinta a las anteriores, porque no discute los hechos ni sus causas, sino la vara de medir.

Sobre dónde está el fracaso. Aquí la disparidad es máxima. Para el análisis español, el fracaso se sitúa en la gestión de la relación bilateral y en el equilibrio entre las decisiones de política exterior y sus consecuencias fronterizas. Para ECFR y Chatham House, el fracaso relevante es institucional europeo: la novedad no es que Marruecos utilice la migración como instrumento —eso estaba descontado— sino que los socios europeos, con Italia al frente y Francia en el mismo movimiento, hayan respondido presionando a España en lugar de cerrar filas frente a la coerción externa.

Esta tercera disparidad es la que importa a medio plazo. Si el precio de sufrir presión en la frontera exterior es la sospecha de los propios socios, el incentivo para cualquier tercer país que administre un tramo de esa frontera resulta inequívoco. Ceuta vuelve a funcionar, como en 2021, como el sismógrafo más sensible del Mediterráneo Occidental. Lo que registra esta vez no es solo la ambición de Rabat, sino la fragilidad de la arquitectura de solidaridad que debería contenerla.

Agenda

• 4 de agosto. Videoconferencia extraordinaria de ministros de Justicia e Interior de la UE. Indicador clave: si las conclusiones incorporan un mecanismo de solidaridad ante la instrumentalización migratoria o se limitan a las cinco líneas propuestas por la Comisión.

• Primera quincena de agosto. Balance forense definitivo e identificación de las víctimas. En paralelo, posibles pronunciamientos de los organismos de garantía —Defensor del Pueblo, ACNUR— sobre la legalidad de los procedimientos de retorno y sobre la identificación de menores no acompañados. El precedente de 2021 ofrece el patrón: los informes llegaron semanas después del pico mediático.

• 31 de agosto. Expiración prevista de la suspensión italiana de los controles Schengen con España. La eventual prórroga o su discreta caducidad medirá el coste político real de la medida.

• Sin fecha. Reacción de Argel al episodio y estado de la «nueva fase» bilateral anunciada el 20 de julio.

Referencias

1. Wikipedia (2026). Incidentes fronterizos entre España y Marruecos de 2026.

2. El País (2026, 31 de julio – 3 de agosto). Cobertura en directo y «Recuperados 57 cadáveres en las aguas de Ceuta tras la entrada de 50.000 migrantes irregulares».

3. Chatham House (2026, 31 de julio). Ceuta border crisis heaps pressure on Spain’s Sánchez government and European unity.

4. France 24 (2026, 2 de agosto). España eleva a 72 los muertos en Ceuta, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos.

5. The Conversation / CIDOB (2026, 31 de julio). Ceuta: claves para entender el laberinto de una crisis migratoria permanente.

6. Chtatou, M. (2026, 31 de julio). Ceuta’s Sudden Migration Surge: Law, Politics, And Border Governance. Eurasia Review.

7. European Council on Foreign Relations (2026, 31 de julio). Alone at the border: Ceuta and Europe’s solidarity failure.

8. Euronews (2026, 31 de julio – 1 de agosto). Italia rectifica: la suspensión temporal de Schengen con España solo se aplicará «a personas no europeas».

9. Infobae (2026, 31 de julio). Italia cumple su amenaza y suspende el acuerdo Schengen con España.

10. CNN en Español (2026, 1–2 de agosto). La sentencia del Tribunal Supremo, en el centro de la crisis migratoria de Ceuta y Ceuta enfrenta las secuelas de la crisis migratoria.

11. El Español (2026, 3 de agosto). Cobertura en directo: respuesta de Von der Leyen y posición de Rabat.

12. Reglamento (UE) 2016/399, Código de Fronteras Schengen, artículo 41 (normas especiales aplicables a Ceuta y Melilla).

13. ACNUR y Naciones Unidas (2026, 30 de julio). Declaraciones del secretario general António Guterres y valoración de ACNUR sobre la multicausalidad del repunte de llegadas (vía Europa Press / Infobae).

14. eldiario.es — Desalambre (2026, 1 y 2 de agosto). Entrevista a Mauricio Valiente, director de CEAR, y «Sin sitio en el CETI de Ceuta y menores en descampados».

15. El Pueblo de Ceuta / EFE (2026, 30 de julio). La CEAR advierte que la devolución de los migrantes llegados a Ceuta socava su derecho al asilo.

16. ElNacional.cat (2026, 1 de agosto). ¿Qué pasará con los menores y adultos que continúan en Ceuta? Las respuestas legales, en 10 preguntas.

17. TEDH, Gran Sala, sentencia de 13 de febrero de 2020, N.D. y N.T. contra España (demandas 8675/15 y 8697/15).

18. Parlamento Europeo (2021). Resolución 2021/2747(RSP) sobre la vulneración de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y la utilización de menores por las autoridades marroquíes en la crisis migratoria de Ceuta.

19. CEAR. La odisea de solicitar asilo en fronteras españolas (acceso efectivo al procedimiento en El Tarajal y Melilla).

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En la segunda semana de julio, la Guardia Revolucionaria iraní volvió a cerrar el Estrecho de Ormuz. Antes de la guerra transitaban por ese corredor unos ciento diez buques diarios; en las últimas jornadas apenas una docena se ha atrevido a cruzarlo.¹ Días antes, los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se habían reunido en Ankara para proclamar que la Alianza funciona. Y en Ucrania, quinto año de guerra, el frente se mueve al ritmo de aldeas mientras las encuestas registran, por primera vez de forma simultánea, mayorías favorables a negociar en los dos bandos.

Durante una década, la clave clásica dominante para leer el mundo ha sido Tucídides. Desde que Graham Allison popularizó en 2017 la «trampa» que empuja a la potencia emergente y a la establecida hacia un choque casi estructural, el historiador de la guerra del Peloponeso ha funcionado como lente por defecto del análisis estratégico.² La lente sigue siendo útil para el eje Washington-Pekín. Pero la textura de 2026 —guerras que terminan y vuelven a empezar, mediadores que llegan del margen, una alianza que se reúne temiendo a su propio miembro principal, estrechos que se abren y se cierran como puertas— no encaja en la cuadrícula del Peloponeso. Se parece a un mar más antiguo.

La Ilíada es el poema de la guerra. La Odisea es el poema de lo que viene después: el mundo de los nostoi, los regresos, cuando la coalición vencedora se ha disuelto y cada cual navega de vuelta por su cuenta, en un mar donde ya no hay garante. El helenista Moses Finley describió esa sociedad como un mundo sin Estado: sin autoridad superior, sin ley escrita, donde el orden descansaba en una sola institución, la xenía —la hospitalidad recíproca que obligaba a proteger al huésped y que tenía a Zeus por único avalista—.³ Sustitúyase la reciprocidad por los tratados y la descripción funciona, con inquietante precisión, para el sistema internacional de 2026.

Este monográfico propone cinco estaciones del poema como clave de lectura del momento: el regreso imposible, la casa ocupada, la inteligencia del navegante, el engaño nocturno y el telar de Penélope. Y una coda sobre el final que casi nadie recuerda.⁴

I. La tentación del regreso

Los hechos, primero. Los líderes de la OTAN se reunieron en Ankara el 7 y 8 de julio, en la segunda cumbre que organiza Turquía en la historia de la Alianza. El secretario general Mark Rutte resumió el mensaje en dos palabras: «la OTAN cumple». Los aliados europeos y Canadá han añadido más de 139.000 millones de dólares en inversión de defensa desde que se comprometieron en La Haya a alcanzar el 5% del PIB en 2035, y el gasto agregado ronda ya el 4% en el primer año del plan decenal. La declaración final reafirma el artículo 5 como compromiso «férreo» y consigna 70.000 millones de euros en asistencia militar a Ucrania para 2026, financiada ya en su inmensa mayoría por europeos y canadienses.⁵

La lectura desde fuera fue menos solemne. Stephen M. Walt escribió en Foreign Policy que la cumbre consistió en un esfuerzo deliberado por ignorar las tensiones evidentes y aplazar los problemas, y describió a la Alianza como un «cachorro enfermo»: una organización cuyas cumbres se convocan con el temor de que su miembro más poderoso lo dinamite todo, y se clausuran con un suspiro colectivo de alivio porque no lo ha hecho.⁶ Que el alivio sea la principal cosecha de una cumbre dice más que cualquier comunicado.

La Odisea es el gran poema del regreso, y su lección más incómoda es que el regreso, en sentido estricto, no existe. La propia palabra que usamos para ese anhelo es un diagnóstico: «nostalgia» no es un término griego antiguo, sino un neologismo médico acuñado en 1688 por el doctor Johannes Hofer para nombrar la enfermedad de los mercenarios suizos que languidecían de añoranza lejos de sus valles. Nostos, regreso; algos, dolor. El dolor del regreso: una patología de soldados.⁷

Homero lo sabía sin necesidad de diagnóstico. En el canto XIII, Odiseo alcanza por fin Ítaca —dormido, depositado en la playa por los feacios— y al despertar no reconoce su propia isla, porque Atenea la ha cubierto de niebla. El héroe camina por su patria creyéndola tierra extranjera. Veinte años después, la costa es la misma y ya no es la misma.

Buena parte de la liturgia atlántica de 2026 es discurso de nostos: restaurar la cohesión, volver al espíritu fundacional, reconstruir el orden de 1949. Como señalamos en nuestro boletín sobre Davos, la nostalgia del orden perdido no es una estrategia. Ankara escenificó esa tensión con precisión casi teatral: Rutte narrando la restauración; Walt diagnosticando la niebla. El 5% puede leerse como rearme europeo, y lo es; pero también como ofrenda: el precio que Ítaca paga para convencer a su rey de que no vuelva a embarcarse. La cuestión que la cumbre aplazó es la que el canto XIII deja abierta: qué hacer cuando se comprende que la costa a la que se ha vuelto ya no es reconocible.

II. Ítaca ocupada

El Estrecho de Ormuz se ha cerrado dos veces en cinco meses. La primera, en las semanas iniciales de la guerra, como respuesta iraní a la campaña aérea israelo-estadounidense que mató al Líder Supremo Ali Jamenei a finales de febrero. La segunda, este julio, después de que la Guardia Revolucionaria atacara el día 6 tres buques comerciales frente a Omán —entre ellos un metanero catarí—, de que Washington respondiera con ataques de represalia y de que el presidente Trump, coincidiendo con la clausura de la cumbre de Ankara, diera por terminado el alto el fuego.⁸ Mientras tanto, Teherán ha demandado a Estados Unidos ante el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos de La Haya invocando los Acuerdos de Argel de 1981 — el pacto que cerró la crisis de los rehenes y en el que Washington se comprometió a no intervenir en los asuntos internos iraníes —, una demanda con escasas probabilidades jurídicas según los analistas, pero de evidente valor simbólico.⁹ Y en plena cumbre atlántica, el presidente estadounidense reactivó su reivindicación sobre Groenlandia; la Unión Europea respondió recordando que la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras son principios fundamentales del derecho internacional.¹⁰

El cuadro tiene una coherencia perversa: todos los actores litigan con el derecho antiguo y operan con la fuerza nueva. Se cierra un estrecho contra la libertad de navegación mientras se invoca un tratado de no intervención; se golpea militarmente mientras se alega legítima defensa; se reivindica territorio ajeno mientras se suscriben declaraciones sobre fronteras inviolables.

Es la situación exacta del palacio de Ítaca. Los pretendientes —los mnesteres, los que cortejan a Penélope— no incendian la casa de Odiseo: la habitan. Banquetean a diario con la hacienda del ausente, cortejan a la reina, hacen planes sobre el trono, porque no existe autoridad capaz de expulsarlos. Su apuesta es sencilla: el rey no volverá, y un patrimonio sin dueño pertenece a quien lo consume. Su crimen técnico, en el código de aquel mundo, es la violación de la xenía: han pervertido la hospitalidad, la única ley internacional disponible, hasta convertirla en saqueo con modales de invitado.

Homero añade un detalle institucional que ningún analista debería pasar por alto. En el canto II, Telémaco convoca la asamblea de Ítaca, y el anciano Egiptio se levanta para decir que es la primera vez que se reúne desde que Odiseo partió, veinte años atrás. Las instituciones existen. Simplemente, no se han reunido. Nadie las ha abolido; se han vuelto irrelevantes por desuso mientras el banquete continuaba.

El patrimonio institucional de 1945 —libertad de navegación, no intervención, integridad territorial, el propio Consejo de Seguridad— está siendo consumido de esta manera: no derribado, sino banqueteado desde dentro por actores que siguen apelando a él cuando conviene. Y, como en Ítaca, hay más pretendientes observando desde el pórtico. Foreign Affairs advertía a comienzos de año de una «tormenta perfecta» sobre Taiwán: según ese análisis, la comunidad estratégica china está cada vez más convencida de que el intento de unificación llegará, alimentada por la percepción de que Washington tiene poco interés en defender militarmente la isla.¹¹ Los pretendientes calculan, ante todo, la probabilidad de que el dueño regrese.

III. La métis de los que navegan

Los hechos, de nuevo. Turquía acaba de ejercer de anfitriona de la cumbre de la OTAN. Kamran Bokhari resumía la semana pasada en Geopolitical Futures la dirección del viento: mientras Irán declina, Turquía avanza — un país convertido ya en el undécimo exportador mundial de armamento, con una industria de defensa en expansión acelerada.¹² Lo que en enero describíamos, siguiendo a Chatham House, como una estrategia oportunista de cobertura — el flirteo de Ankara con un pacto de defensa saudí-pakistaní para ganar palanca dentro de la Alianza — se lee en julio como posición acumulada.

Pakistán medió el alto el fuego de abril entre Washington y Teherán — el vicepresidente Vance viajó a Islamabad para las negociaciones — y hoy, según fuentes regionales, trabaja junto a Catar para devolver a las partes a la mesa. El caso catarí merece subrayarse: uno de los buques atacados el 6 de julio era un metanero catarí, y Doha media de todos modos. El mediador herido que sigue mediando es una figura nueva en el repertorio diplomático.¹³

En Asia, la primera ministra japonesa Takaichi Sanae obtuvo el 8 de febrero una supermayoría histórica — 316 de 465 escaños, la mayor victoria del PLD desde su fundación en 1955 —¹⁴ y la está convirtiendo en política exterior: flexibilización de las restricciones a la exportación de defensa, venta de fragatas Mogami a Australia y conversaciones para una operación similar con Nueva Zelanda, acercamiento a Seúl, profundización de los intercambios militares con India y Filipinas. Pekín ha respondido con una campaña de coerción y propaganda contra el «militarismo» japonés, según documenta el seguimiento conjunto de ISW y AEI. En el Pacífico Sur, Australia ha firmado con Fiyi una alianza defensiva — el pacto «Océano de Paz» — que podría ser el germen de una arquitectura regional.¹⁵

Arabia Saudita ofrece el caso inverso: la potencia que no buscó la guerra y tuvo que administrarla. Un análisis del CSIS señala que Riad ni deseó ni participó en el conflicto con Irán, pero se vio obligada a gestionar sus consecuencias, y que la experiencia ha reforzado su determinación de reducir la inestabilidad regional evitando enredarse en crisis ajenas.¹⁶

Y el caso más extraordinario es Ucrania: el Estado que pasó cuatro años pidiendo defensa aérea a sus aliados es hoy quien la suministra. El desarrollo de sistemas propios — el fabricante Fire Point es el ejemplo más citado — ha invertido una relación que parecía estructural. Como apuntaba un informe de situación reciente, el giro dice tanto sobre el futuro de las alianzas como sobre los drones.¹⁷

La Odisea presenta a su héroe sin nombrarlo. «Háblame, Musa, del varón de muchos giros...»: el nombre de Odiseo no aparece hasta el verso 21 del poema; el adjetivo, polytropos — el de las muchas vueltas, el versátil —, llega antes que el hombre. Odiseo no es el más fuerte de los aqueos; ese era Áyax. Ni el mejor guerrero; ese era Aquiles. Es el que sobrevive. Los helenistas Marcel Detienne y Jean-Pierre Vernant dedicaron un libro clásico, Las artimañas de la inteligencia, a la facultad que lo define: la métis, la inteligencia astuta y práctica — la del piloto que lee el viento y la corriente, la del cazador, la del tejedor —, opuesta a la bíe, la fuerza bruta.¹⁸ La métis no construye templos; navega. No domina el mar; lo atraviesa.

Las potencias medias de 2026 practican métis en estado casi puro. No están construyendo un orden nuevo — eso es trabajo de arquitecto y requiere una fuerza que no tienen —; están navegando el desorden: acumulando posición (Turquía), mediando (Pakistán, Catar), tejiendo coaliciones por ámbitos (Japón, Australia), administrando distancias (Riad), convirtiendo la necesidad en industria (Kiev). Es la traducción operativa de las «alianzas fluidas» que analizamos en enero, y del aforismo de Mark Carney en Davos: quien no está en la mesa, está en el menú. La métis es el arte de permanecer en la mesa cuando no se puede dictar el menú.

Conviene, sin embargo, no idealizar al navegante. La advertencia de Michael Froman que recogíamos entonces sigue en pie: los coqueteos diplomáticos difícilmente superan los factores estructurales — militares y económicos — que siguen atando a buena parte del mundo a Estados Unidos. Y el propio poema es brutal en este punto: Odiseo navega mejor que nadie y aun así pierde las doce naves y a todos sus compañeros.

La métis salva al navegante; no salva a la flota. Es una estrategia de supervivencia y de palanca, no de exención de la estructura.

IV. El dolo y la casa de los muertos

Esta sección exige, más que ninguna otra, la advertencia previa sobre las fuentes: buena parte de lo que sigue procede de filtraciones y reportajes atribuidos a servicios de inteligencia con intereses directos en el relato, y debe leerse con esa cautela.

El 13 de julio, The New York Times publicó una extensa investigación — corroborada en parte por Haaretz y recogida después por The Guardian y otros medios — según la cual el Mossad cultivó durante años a Mahmud Ahmadineyad, el expresidente ultraconservador, como activo de inteligencia y posible líder de un Irán posterior al régimen. El relato, atribuido a funcionarios estadounidenses e iraníes, incluye un encuentro personal en Budapest con el entonces jefe del servicio, David Barnea; pagos encubiertos; y, en el arranque de la guerra, una extracción de urgencia: agentes del Mossad habrían sacado a Ahmadineyad de su residencia de Teherán tras un ataque aéreo y lo habrían ocultado en un piso franco, del que el expresidente — desencantado del plan, según la investigación — terminó marchándose por su cuenta. Fuentes iraníes citadas por el diario lo sitúan hoy bajo custodia de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Ahmadineyad ha rechazado públicamente el relato, que ha calificado de fantasía hollywoodiense, y reapareció la semana pasada, tras meses de silencio, entre los asistentes al funeral de Jamenei. Nada de esto ha podido verificarse de forma independiente; su publicación, sin embargo, ya es en sí misma un hecho político: siembra la sospecha en el corazón del sistema iraní en su momento de máxima vulnerabilidad.¹⁹

El contexto hace la historia verosímil sin hacerla cierta. La investigadora Aviva Guttmann explicaba en France 24 que la penetración del aparato de seguridad iraní por el Mossad es obra de dos décadas, y que la contrainteligencia de Teherán recurre cada vez más a «agentes desechables» para sus propias operaciones.²⁰ Un análisis de Al Jazeera matizaba, por su parte, el relato del virtuosismo israelí: los golpes de decapitación que culminaron en la muerte de Jamenei habrían dependido de forma decisiva de la cobertura técnica y de inteligencia estadounidense, más que de una omnipotencia operativa propia.²¹ Y la respuesta interna del régimen ha sido una campaña de ejecuciones de presuntos colaboradores: las organizaciones de derechos humanos contabilizan al menos 190 en lo que va de año, entre ellas la del estudiante Erfan Shakourzadeh, ahorcado en mayo tras un proceso que las ONG describen como construido sobre confesiones forzadas bajo tortura.²²

Sobre todo ello se proyecta la sucesión más opaca de la región: Jamenei fue enterrado tras ceremonias que se prolongaron durante días; su hijo y sucesor, Mojtaba, no ha aparecido en público desde que asumió el liderazgo.²³

El poema tiene una palabra para todo esto: dolos, el engaño, la estratagema. Y guarda al respecto una ironía que los filólogos saborean: la caída de Troya no se narra en la Ilíada, que termina con los funerales de Héctor. El caballo de madera se lo debemos a la Odisea. Es en el canto VIII donde el aedo ciego Demódoco canta el episodio ante la corte de los feacios — a petición del propio Odiseo, que al escuchar su propia estratagema rompe a llorar, dice Homero, como llora una mujer sobre el cuerpo de su marido caído. El acto fundacional de la victoria griega es un engaño, y el poema hace llorar a su autor al escucharlo. Pocas imágenes más exactas del precio moral del oficio.

Odiseo es, además, el arquetipo del infiltrado. Helena cuenta en el canto IV cómo entró en Troya disfrazado de mendigo, irreconocible, para reconocer la ciudad desde dentro; y a Ítaca regresa con el mismo disfraz, mendigo en su propio palacio, tanteando lealtades antes de tensar el arco. Si las informaciones sobre Ahmadineyad fueran ciertas — condicional obligado —, la operación respondería a ese manual exacto: no derribar las murallas, sino abrirlas desde dentro; no combatir a los pretendientes, sino cortejar a uno de ellos. Con un epílogo que Homero habría reconocido: el pretendiente cortejado acaba cautivo en el palacio que aspiraba a heredar.

Para el nuevo Líder Supremo, en cambio, la imagen pertinente está en el canto XI. Es la Nekyia: Odiseo debe descender a la casa de los muertos y consultar al adivino ciego Tiresias para encontrar el camino de vuelta. Un régimen suspendido entre un líder muerto omnipresente — los retratos de Jamenei siguen presidiendo Teherán — y un líder vivo invisible gobierna, de momento, desde la casa de los muertos, buscando en la sombra la profecía que le indique la ruta.

La disparidad de fuentes es aquí estructural, no incidental. El relato del triunfo operativo israelí, la tesis de la dependencia técnica estadounidense y la propaganda de la contrainteligencia iraní — que necesita exhibir ejecuciones como teatro disuasorio — son tres narrativas interesadas sobre los mismos hechos. El deber del analista no es elegir la más brillante, sino triangular.

V. Tejer y destejer

La cronología de la guerra de Irán es, en sí misma, un telar. Alto el fuego el 7 y 8 de abril, mediado por Pakistán. Prórroga indefinida a finales de ese mes. En junio, un memorando de entendimiento de catorce puntos — anunciado el día 14, firmado el 17 — que formalizaba el alto el fuego, levantaba el bloqueo naval, reabría Ormuz y ofrecía a Teherán exenciones amplias a las sanciones petroleras, con un plazo de sesenta días para el fin formal del conflicto.²⁴ Según el seguimiento de ISW, el presidente Pezeshkian, temeroso del bloqueo y del deterioro económico, habría implorado al nuevo Líder Supremo que aceptara el memorando pese a sus reservas. El 6 de julio, los ataques a los buques; el 7, la represalia estadounidense; el 8, la declaración presidencial de que el alto el fuego había terminado. Tejido en abril, bordado en junio, destejido en julio.

El análisis conjunto de ISW y Critical Threats añade el dato clave: ambas partes usaron la pausa para reconstituirse. Irán ha trabajado sin interrupción desde abril en reconstruir sus programas de misiles y drones; Estados Unidos, presumiblemente, en aplicar las lecciones de la primera ronda. La tregua no fue la antesala de la paz, sino un intermedio de la guerra.²⁵

El patrón se repite en Ucrania con menor voltaje: tregua de Pascua en abril, de treinta y dos horas; tregua del Día de la Victoria en mayo, con intercambio de prisioneros y acusaciones mutuas de violaciones; frentes que se mueven al ritmo de kilómetros cuadrados por mes. Y un dato de fondo que puede acabar pesando más que cualquier ofensiva: por primera vez, las mayorías de ambas sociedades favorecen la negociación — en torno al 64% de los rusos apoya conversaciones de paz y el 66% de los ucranianos quiere que su gobierno busque un final negociado cuanto antes, según la compilación de Russia Matters.²⁶

Penélope teje de día el sudario de su suegro Laertes y lo desteje de noche, durante tres años, para aplazar una elección que no puede tomar sin perderlo todo. La tradición la leyó durante siglos como emblema de la fidelidad pasiva; la lectura moderna — Detienne y Vernant incluyeron el arte de tejer entre las formas de la métis — la restituye como lo que es: la otra gran estratega del poema. Su telar no es una labor doméstica, sino un dispositivo político: fabrica tiempo. Mientras el sudario no esté terminado, no hay boda; mientras no hay boda, no hay nuevo rey; mientras no hay nuevo rey, la casa de Odiseo sigue existiendo.

La diplomacia de 2026 es penelópica. Los altos el fuego que se tejen y destejen no son el fracaso de la negociación: son su modo actual de existencia. Fabrican tiempo — para reconstituir arsenales, para agotar al adversario, para esperar un cambio de administración o de Líder Supremo — sin cerrar ninguna puerta irreversible. Juzgarlos por su durabilidad es no entender su función.

Pero el poema también advierte del límite. El truco de Penélope funcionó hasta que una sirvienta lo delató y los pretendientes la obligaron a terminar el sudario. Todo telar diplomático tiene su sirvienta: el plazo. Los sesenta días del memorando de junio eran la sirvienta anunciada — la fecha en que habría que enseñar la tela terminada —. No hizo falta esperarla.

Coda: el pacto del canto XXIV

La Odisea no termina donde la memoria popular la termina. No acaba con la matanza de los pretendientes en el canto XXII, ni con el reconocimiento de Penélope en el XXIII y la noche que los dioses alargan para los esposos. Acaba en el canto XXIV, y acaba a punto de acabar mal: las familias de los pretendientes muertos marchan en armas contra la granja de Odiseo para vengarse, y lo que asoma es una guerra civil. La detiene Atenea, con la sanción de Zeus, imponiendo juramentos entre el rey y los parientes de los hombres que ha matado. El último acto del poema no es una restauración: es un pacto.

Es un final incómodo, y por eso se olvida. Ni siquiera el héroe victorioso, de vuelta en su casa, con el arco todavía caliente en la mano, puede restaurar el orden antiguo por la fuerza. Tiene que negociar con los deudos de sus enemigos. Homero, que dedicó doce mil versos al ingenio de su héroe, reservó el cierre para decir que el ingenio tampoco basta.

Al final del mar, de la niebla y del arco, espera una mesa.

Lo que salga de Ormuz, de Ankara o del Donbás no será una restauración. Será, en el mejor de los casos, un pacto del canto XXIV: imperfecto, impuesto por el agotamiento, tolerable para quienes perdieron. La tarea del análisis, entre tanto, no es cantar el regreso. Es describir el mar.

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Notas

1. Datos de tráfico marítimo recogidos por CNN a partir de MarineTraffic: unos 110 buques diarios antes de la guerra frente a 13 tránsitos en 24 horas tras el cierre de julio. CNN, 9 de julio de 2026.

2. G. Allison, Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?, Houghton Mifflin Harcourt, 2017.

3. M. I. Finley, El mundo de Odiseo, Fondo de Cultura Económica, 1961 (ed. original, 1954).

4. Las escenas del poema comentadas en este monográfico corresponden a los cantos I, II, IV, VIII, XI, XIII y XXII–XXIV de la Odisea; edición de referencia: traducción de Carlos García Gual, Alianza Editorial, 2004. Las traducciones de sintagmas breves son del autor.

5. Declaración de la Cumbre de Ankara y balance de clausura del secretario general, OTAN, 8 de julio de 2026.

6. S. M. Walt, «NATO’s Ankara Summit Only Kicked the Can Down the Road», Foreign Policy, 13 de julio de 2026.

7. J. Hofer, Dissertatio medica de nostalgia, Basilea, 1688.

8. Cronología de la escalada de julio: «March to July: What’s different as US-Iran fighting escalates again?», Al Jazeera, 13 de julio de 2026.

9. La demanda, presentada ante el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos entre febrero y marzo y difundida en mayo, tiene escasas probabilidades de prosperar por razones de jurisdicción. Análisis en IranWire, 13 de mayo de 2026.

10. «Five key takeaways from the NATO summit in Ankara», Al Jazeera, 8 de julio de 2026.

11. «A Perfect Storm for Taiwan in 2026?», Foreign Affairs, febrero de 2026.

12. K. Bokhari, «As Iran Declines, Turkey Advances», Geopolitical Futures, 15 de julio de 2026.

13. Sobre la mediación pakistaní del alto el fuego de abril: ABC News, julio de 2026. Sobre las gestiones actuales de Islamabad y Doha: CNN, 9 de julio de 2026.

14. «Japan’s thunderbolt election: Takaichi resets politics, economics, and diplomacy», Brookings Institution, febrero de 2026.

15. ISW–AEI, «China & Taiwan Update», 10 de julio de 2026.

16. M. Ratney y A. Alhenaki, comentario del 6 de julio de 2026, en «Latest Analysis: War with Iran», CSIS.

17. Informe de situación, Geopolitical Monitor, 17 de julio de 2026.

18. M. Detienne y J.-P. Vernant, Las artimañas de la inteligencia. La métis en la Grecia antigua, Taurus, 1988 (ed. original, 1974).

19. La investigación original es de The New York Times, 13 de julio de 2026, citando a funcionarios estadounidenses e iraníes, con corroboración parcial de Haaretz; síntesis accesible en The Jerusalem Post, 13 de julio de 2026. Ahmadineyad ha negado públicamente los hechos; ninguna parte oficial los ha confirmado.

20. A. Guttmann, entrevista en France 24, marzo de 2026.

21. «Israel’s Mossad relies on US cover and security rot for Iran strikes», Al Jazeera, 8 de marzo de 2026.

22. Sobre el caso Shakourzadeh y el recuento de ejecuciones de Iran Human Rights: CBS News, mayo de 2026.

23. Cobertura de la sucesión iraní: CNN, 9 de julio de 2026.

24. Cronología del memorando de entendimiento: «How the US-Iran ceasefire and MOU broke down — a timeline», ABC News, julio de 2026.

25. ISW / Critical Threats Project, «Iran Update Special Report», 13 de julio de 2026.

26. Russia Matters (Harvard Kennedy School), «The Russia-Ukraine War Report Card», 8 de julio de 2026.

Sin embargo, la imagen más reveladora de aquellos funerales no fue la multitud, ni los retratos del ayatolá, ni las proclamas contra Estados Unidos e Israel. Fue una ausencia.

Mojtaba Jamenei, hijo y sucesor del dirigente fallecido, no apareció en público. No pronunció el elogio fúnebre, no presidió las ceremonias y ni siquiera difundió una grabación reciente que permitiera a los iraníes ver o escuchar a su nuevo Líder Supremo. Sus tres hermanos ocuparon el espacio familiar y religioso. Otros representantes del sistema hablaron en su nombre. Pero el hombre que, al menos formalmente, concentra la máxima autoridad de la República Islámica permaneció fuera de la escena.

Fuentes iraníes atribuyen su ausencia a las graves heridas sufridas en el ataque que acabó con la vida de su padre, así como al temor de que una aparición pública facilite su localización. La explicación es plausible. Pero en los sistemas políticos construidos alrededor de la autoridad personal, la visibilidad no es un elemento ornamental. También es una forma de poder. La ausencia prolongada de Mojtaba está convirtiéndose, por ello, en un problema institucional y simbólico para el régimen.

La cuestión que se plantea no es únicamente dónde se encuentra Mojtaba Jamenei o cuál es su estado de salud. La pregunta realmente importante es otra: ¿quién gobierna hoy Irán?

Una república que no debía ser hereditaria

La República Islámica nunca ha sido una teocracia convencional ni una república homologable a las democracias parlamentarias. Su arquitectura institucional combina elecciones, órganos representativos, autoridades religiosas y centros de poder que no responden directamente ante el electorado.

En la cúspide se encuentra el Líder Supremo, figura central de la doctrina del velayat-e faqih, la tutela del jurista islámico. Según esta concepción, desarrollada por Ruhollah Jomeini antes de la revolución de 1979, la comunidad política debe permanecer bajo la supervisión de un jurista religioso capacitado para garantizar que el Estado actúe conforme a los principios del islam chií.

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La Constitución atribuye al Líder Supremo facultades decisivas: fija las grandes orientaciones de la República, ejerce el mando de las fuerzas armadas, declara la guerra y la paz, designa a los principales responsables militares y judiciales y puede intervenir cuando las instituciones ordinarias no consiguen resolver una crisis. Su nombramiento corresponde a la Asamblea de Expertos, un órgano clerical formalmente encargado también de supervisarlo. Los artículos 107 a 110 exigen conocimientos jurídicos islámicos, piedad, capacidad política, prudencia y aptitudes de liderazgo; no establecen, sin embargo, ningún derecho sucesorio familiar.

Desde el punto de vista estrictamente constitucional, la designación de Mojtaba Jamenei no constituye una ruptura. La Asamblea de Expertos siguió el procedimiento previsto y nombró al nuevo dirigente después de un breve periodo de interinidad.

La contradicción es de otra naturaleza. Es histórica, ideológica y moral.

La República Islámica nació de una revolución que derrocó a la dinastía Pahlavi y denunció la transmisión familiar del poder como una forma de corrupción política. Casi medio siglo después, la jefatura del Estado ha pasado directamente de un padre a su hijo. La revolución no se ha convertido formalmente en una monarquía, pero ha producido un resultado dinástico.

Esta paradoja no requiere necesariamente que exista un plan sucesorio escrito. Las dinastías políticas pueden formarse también mediante redes informales: controlando el acceso al dirigente, distribuyendo favores, cultivando lealtades en los aparatos de seguridad y convirtiendo a un candidato en la opción menos arriesgada para quienes desean preservar el sistema.

Durante décadas, Mojtaba Jamenei se especializó precisamente en ese tipo de poder. No ocupó cargos ministeriales, no dirigió públicamente ninguna gran institución y apenas concedió señales de vida política propia. Su influencia procedía de la oficina de su padre, desde donde gestionó relaciones con el clero, los organismos de seguridad, la milicia Basij y la Guardia Revolucionaria. Su biografía es menos la de un estadista que asciende desde las instituciones que la de un custodio situado en el centro de una red.

Esta discreción podía ser una ventaja cuando actuaba detrás del Líder Supremo. Se convierte en una debilidad cuando debe encarnar él mismo la supremacía del Estado.

Del poder clerical al Estado de seguridad

Durante la mayor parte de su historia, la República Islámica se sostuvo sobre un equilibrio complejo. El clero proporcionaba legitimidad religiosa y dirección política; la Guardia Revolucionaria protegía el sistema, reprimía las amenazas internas y proyectaba la influencia iraní en el exterior. Ambos se necesitaban, pero no eran equivalentes.

Alí Jamenei dedicó buena parte de su mandato a administrar ese equilibrio. Dependió de la Guardia Revolucionaria, favoreció su expansión económica y respaldó su papel regional, pero evitó que ningún comandante pudiera convertirse en un centro de poder alternativo. Su autoridad no procedía únicamente de la Constitución. Era el resultado de treinta y siete años de nombramientos, arbitrajes, purgas, alianzas y supervivencia política.

La guerra ha alterado ese equilibrio.

La muerte de Alí Jamenei, la desaparición de numerosos dirigentes civiles y militares y las heridas sufridas por su sucesor concentraron las decisiones en un círculo más reducido, vinculado al Consejo Supremo de Seguridad Nacional y a la Guardia Revolucionaria. Según fuentes conocedoras de las deliberaciones internas, Mojtaba continúa ocupando la cúspide formal, pero actúa más como legitimador de decisiones colectivas que como dirigente capaz de imponer personalmente una línea política.

El presidente del Parlamento y antiguo comandante de la Guardia, Mohammad Bagher Ghalibaf, se ha convertido en uno de los principales interlocutores políticos. El comandante Ahmad Vahidi ha desempeñado un papel central en la conducción militar y en las negociaciones indirectas. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, conserva la función diplomática, pero su margen de maniobra depende de decisiones adoptadas en un espacio donde predominan los responsables de seguridad.

No significa necesariamente que Irán se haya convertido ya en una junta militar. Las instituciones religiosas continúan siendo necesarias, la Presidencia mantiene competencias administrativas y la legalidad revolucionaria sigue estructurando el Estado. Pero el centro de gravedad se ha desplazado.

La Guardia Revolucionaria ya no se limita a proteger el régimen. Participa directamente en la definición de sus objetivos políticos, diplomáticos y económicos.

La guerra, de hecho, podría haber producido un resultado contrario al perseguido por sus promotores. Los ataques eliminaron comandantes y degradaron capacidades militares, pero también reforzaron la centralidad política de las instituciones coercitivas. En un país sometido a una amenaza exterior, los organismos que controlan las armas, la inteligencia, las comunicaciones y el territorio tienden a convertirse en indispensables. La Guardia Revolucionaria ha salido dañada militarmente, pero fortalecida como estructura de poder.

La nueva configuración podría describirse como un reparto funcional. Mojtaba Jamenei aporta continuidad constitucional, legitimidad religiosa y el apellido que conecta al régimen actual con los últimos treinta y siete años. La Guardia Revolucionaria aporta capacidad coercitiva, organización, control territorial y dirección estratégica.

El problema es que una magistratura concebida para resolver las disputas entre las distintas instituciones corre el riesgo de convertirse en dependiente de una de ellas.

El error de confundir la decapitación con el colapso

La operación que acabó con Alí Jamenei fue un éxito extraordinario desde el punto de vista táctico y de inteligencia. Estados Unidos e Israel consiguieron localizar una reunión de la cúpula iraní, identificar los patrones de desplazamiento del Líder Supremo y atacar el corazón político del régimen durante las primeras horas de la guerra.

Pero el éxito operativo no garantiza el resultado político.

Antes de los ataques, los servicios de inteligencia estadounidenses ya habían considerado la posibilidad de que la muerte de Jamenei no provocara el derrumbe de la República Islámica. Una de las hipótesis contempladas era que los elementos más duros de la Guardia Revolucionaria sustituyeran al dirigente y asumieran un papel todavía más relevante.

Los regímenes autoritarios rara vez dependen de una única persona, incluso cuando concentran su representación pública en ella. Disponen de burocracias, servicios de inteligencia, mandos militares, intereses económicos y redes clientelares cuya supervivencia está vinculada a la continuidad del sistema.

Eliminar al dirigente puede desorganizar temporalmente esa estructura, pero también puede cohesionar a sus componentes ante una amenaza común. La presión exterior reduce el espacio de los sectores pragmáticos, convierte cualquier concesión en una posible señal de debilidad y concede a los aparatos de seguridad un argumento permanente para ampliar sus competencias.

Esto no significa que la República Islámica sea invulnerable. El régimen continúa enfrentándose a una profunda crisis de legitimidad, una economía erosionada por las sanciones, fuertes tensiones sociales y una población urbana que ha expresado repetidamente su rechazo a la tutela política del clero.

Pero el descontento social y el colapso institucional son fenómenos distintos. Para que el régimen se derrumbara sería probablemente necesaria una combinación de movilización popular sostenida, fractura de las élites y ruptura dentro de los organismos armados. Hasta ahora, la guerra parece haber reforzado la cohesión de estos últimos más que debilitarlos.

Una diplomacia sin interlocutor único

El 17 de junio se difundió el Memorando de Entendimiento de Islamabad, un documento de catorce puntos destinado a detener las operaciones militares, reabrir el estrecho de Ormuz y abrir un periodo de sesenta días para negociar un acuerdo más amplio.

El texto incluía compromisos de enorme alcance: finalización de las hostilidades, respeto a la soberanía de ambas partes, retirada progresiva del bloqueo naval, alivio de sanciones, liberación de activos iraníes, reconstrucción económica y negociación sobre el material nuclear enriquecido. La versión pública aparece, sin embargo, identificada todavía como borrador, y muchas de sus disposiciones quedaron sujetas a mecanismos posteriores que nunca llegaron a concretarse.

No era un tratado de paz. Era, en el mejor de los casos, una arquitectura provisional para administrar el conflicto.

La fragilidad del memorando deriva parcialmente de su ambición. Intentó resolver al mismo tiempo la navegación por Ormuz, las sanciones, la reconstrucción iraní, el programa nuclear, la presencia militar estadounidense y el equilibrio regional. Pero evitó precisar algunos de los mecanismos necesarios para convertir esos principios en obligaciones verificables.

También arrastraba una dificultad más profunda: la ausencia de un centro indiscutible de decisión en Teherán.

La diplomacia no consiste únicamente en encontrar a alguien dispuesto a negociar. Es necesario que ese interlocutor tenga capacidad para comprometer al conjunto del Estado. Abbas Araghchi puede conducir conversaciones técnicas. Ghalibaf puede representar a los sectores políticos y militares. El presidente Masoud Pezeshkian puede aplicar determinadas decisiones administrativas. Pero las cuestiones fundamentales —la estrategia nuclear, el uso del estrecho, las operaciones de la Guardia Revolucionaria o las concesiones a Washington— requieren un consentimiento que hoy parece más colectivo, más lento y más opaco que bajo Alí Jamenei.

Catherine Ashton, que dirigió las negociaciones que desembocaron en el acuerdo nuclear de 2015, ha subrayado otra dificultad: cerrar temporalmente el conflicto en Ormuz no resuelve las causas que lo originaron. La navegación marítima, el enriquecimiento de uranio, el papel de Israel, las sanciones y la seguridad regional forman piezas distintas de un mismo problema. Para que un acuerdo sea sostenible, las partes deben saber con claridad qué cuestiones están negociando y qué resultado final consideran aceptable.

Los acontecimientos de julio han confirmado la fragilidad de aquella arquitectura. Al cierre de este artículo, Estados Unidos e Irán han reanudado los ataques. La Guardia Revolucionaria ha bombardeado instalaciones estadounidenses en distintos países del Golfo, mientras Washington ha atacado sistemas de defensa, radares, capacidades de misiles y posiciones navales iraníes. Teherán sostiene que ha vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz; Estados Unidos afirma que la vía continúa abierta y que garantizará la libertad de navegación. El tráfico comercial se ha reducido de manera drástica y los precios energéticos han vuelto a reaccionar al alza.

Por ello, Irán no vive todavía un escenario de posguerra. Vive una tregua intermitente dentro de una guerra que ninguno de los contendientes ha conseguido resolver.

El estrecho como instrumento de poder

La importancia de Ormuz ayuda a comprender por qué Teherán puede mantener capacidad de negociación a pesar de su inferioridad militar convencional.

Antes de la guerra, aproximadamente una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y gas natural licuado transitaba por este paso marítimo. Irán no necesita derrotar a la Marina estadounidense para alterar el mercado energético. Le basta con aumentar el riesgo, dificultar los seguros, obligar a desviar embarcaciones o generar incertidumbre sobre la seguridad de cada tránsito.

El estrecho funciona así como un multiplicador de poder. Permite a Irán trasladar el coste de la guerra a los Estados del Golfo, a las economías importadoras de energía y, en último término, a los consumidores occidentales y asiáticos.

Esta capacidad explica también la creciente influencia de la Guardia Revolucionaria. El instrumento de presión más eficaz de Irán no se encuentra en el Ministerio de Exteriores ni en la Presidencia, sino en manos de las fuerzas que controlan las costas, las minas, los misiles, los drones y las pequeñas embarcaciones capaces de hostigar la navegación.

Ormuz no es únicamente una ruta comercial. Se ha convertido en el principal activo negociador de un Estado que trata de compensar su vulnerabilidad mediante la posibilidad de imponer costes globales.

El verdadero problema nuclear: saber qué queda

La dimensión nuclear añade una dificultad todavía mayor.

El debate político suele formularse en términos aparentemente sencillos: permitir o prohibir el enriquecimiento de uranio, levantar o mantener las sanciones, aceptar o rechazar las inspecciones. Pero antes de negociar límites futuros es necesario conocer el punto de partida.

La comunidad internacional ya no dispone de una línea base suficientemente fiable sobre el programa nuclear iraní. Las restricciones a la supervisión, la interrupción de la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y los ataques contra las instalaciones han generado lagunas importantes.

Antes de los bombardeos de junio de 2025, el OIEA estimaba que Irán disponía de unas 20.000 centrifugadoras instaladas en sus emplazamientos declarados y de aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %. Desde entonces, no se conoce con precisión qué material fue trasladado, qué equipos quedaron destruidos, qué instalaciones permanecen operativas o qué actividades pudieron desarrollarse fuera de la supervisión internacional.

Por tanto, un futuro acuerdo no puede limitarse a obtener una declaración iraní de intenciones. Deberá reconstruir el inventario, identificar las actividades realizadas durante los periodos sin vigilancia y establecer nuevas facultades de inspección.

La alternativa sería un acuerdo políticamente atractivo pero técnicamente vacío: Irán reiteraría que su programa tiene fines pacíficos y Estados Unidos aliviaría parte de la presión, pero ninguna de las partes dispondría de instrumentos suficientes para demostrar el cumplimiento o detectar una desviación.

En materia nuclear, la confianza es importante. La verificación es imprescindible.

La mutación de la República Islámica

La muerte de Alí Jamenei no ha provocado el final del régimen. Ha acelerado su transformación.

La República Islámica conserva sus instituciones, su Constitución, su jerarquía religiosa y su lenguaje revolucionario. Mojtaba Jamenei ocupa legalmente la magistratura suprema. Pero el funcionamiento efectivo del poder parece desplazarse hacia una dirección más colectiva, militarizada y dominada por las necesidades de seguridad.

A corto plazo, esta mutación puede hacer al régimen más resistente. La Guardia Revolucionaria posee disciplina, recursos, experiencia en la represión y una fuerte conciencia corporativa. Ante la presión exterior, sus dirigentes tienen pocos incentivos para dividirse.

A medio plazo, sin embargo, el nuevo equilibrio contiene riesgos importantes. Un sistema más dependiente de la coerción dispone de menos mecanismos para corregir errores, incorporar demandas sociales o construir consensos. La militarización puede aumentar la capacidad de supervivencia inmediata y, al mismo tiempo, reducir la adaptabilidad política.

Mojtaba Jamenei podría acabar consolidando su autoridad. Su padre tampoco poseía en 1989 el prestigio religioso de Jomeini y necesitó años para imponerse sobre las distintas facciones. Pero las condiciones actuales son mucho más adversas. Mojtaba hereda una sociedad más distante del discurso revolucionario, una economía debilitada, una guerra abierta, el estigma de la sucesión familiar y una Guardia Revolucionaria que ya no parece dispuesta a limitarse a obedecer.

El título de Líder Supremo continúa existiendo. Lo que todavía está por demostrar es si su nuevo titular puede volver a ser, en la práctica, el actor supremo del sistema.

Para las potencias extranjeras, la conclusión debería invitar a la prudencia. No conviene confundir la destrucción de objetivos con la transformación política, la eliminación de dirigentes con el derrumbe de un régimen ni la firma de un memorando con la existencia de una paz ejecutable.

Irán no se encuentra ante una simple sucesión personal. Se encuentra ante una mutación institucional: desde un autoritarismo clerical articulado alrededor de un árbitro dominante hacia un Estado de seguridad en el que el poder religioso proporciona legitimidad y el poder militar determina cada vez más los límites de lo posible.

La ausencia de Mojtaba Jamenei en los funerales de su padre fue, en ese sentido, algo más que una anomalía protocolaria. Fue la representación involuntaria del nuevo Irán: el Líder Supremo sigue ocupando el centro del retrato, pero el poder empieza a ejercerse fuera de campo.

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La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha dejado de ser una crisis regional contenida para convertirse en un episodio de alcance sistémico. Un mes después de su inicio, el conflicto no sólo ha alterado el equilibrio de seguridad en Oriente Medio, sino que ha abierto interrogantes más amplios sobre la capacidad de Washington para imponer resultados políticos duraderos, sobre la vulnerabilidad energética de las economías avanzadas y sobre el margen de maniobra real de Europa en un contexto de creciente incertidumbre estratégica.

La clave no reside únicamente en el campo de batalla. La presión iraní sobre el Estrecho de Ormuz, la dificultad occidental para traducir superioridad militar en control efectivo, la reposición táctica de China y Rusia, y el renovado impulso del rearme europeo apuntan a una misma conclusión: esta guerra está funcionando como un acelerador de tendencias previas. Más que inaugurar un orden nuevo, está revelando con crudeza la fragilidad del anterior.

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1. La guerra de Irán y el Estrecho de Ormuz: la ventaja estratégica de Teherán

Al cumplirse el primer mes de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada a finales de febrero de 2026, el balance estratégico empieza a alejarse de las previsiones iniciales de una victoria rápida basada en la superioridad aérea occidental. La percepción dominante en numerosos círculos analíticos ha pasado, en pocas semanas, de la confianza táctica a una preocupación estratégica cada vez más visible.

The Economist, en su edición del 28 de marzo de 2026, resumió esa inflexión con una portada inequívoca: “Advantage Iran”. La tesis central es clara: pese a varias semanas de bombardeos intensivos sobre infraestructuras críticas, Teherán ha conseguido conservar la iniciativa estratégica gracias a su capacidad de presión sobre el Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial y una proporción similar del comercio global de gas natural licuado. Irán no necesita imponerse en el terreno convencional para alterar el equilibrio: le basta con demostrar que puede encarecer de forma estructural el funcionamiento de la economía internacional.

Desde Foreign Policy, Zakiyeh Yazdanshenas sostiene que esta conducta no responde a una reacción improvisada, sino a una doctrina de disuasión coercitiva largamente elaborada por las élites militares y políticas iraníes. Según este enfoque, mientras Washington ha entrado en el conflicto con objetivos políticos ambiguos —entre la contención nuclear, el castigo militar y la erosión del régimen—, Teherán persigue una meta mucho más definida: imponer un nuevo umbral de disuasión que eleve de manera duradera el coste de cualquier futura agresión.

La situación militar confirma esa lógica asimétrica. Informaciones recientes de Reuters apuntan a que, tras cuatro semanas de campaña aérea, Washington solo puede verificar con claridad la destrucción de una parte limitada del arsenal iraní de misiles. La presencia de 50.000 tropas estadounidenses en la región sugiere capacidad de escalada, pero no necesariamente voluntad política para una operación terrestre de gran envergadura. En paralelo, la Casa Blanca habría explorado canales diplomáticos de urgencia a través de Pakistán, mediante una propuesta de quince puntos que Teherán rechazó, exigiendo reparaciones de guerra y el fin de la presencia militar estadounidense en el Golfo.

A ello se suma la ampliación geográfica del conflicto. Chatham House ha analizado la implicación directa de los hutíes de Yemen, que el 28 de marzo lanzaron misiles balísticos contra objetivos israelíes. La relevancia de este movimiento excede lo táctico: confirma que Irán conserva capacidad de activación regional a través de su red de aliados y proxies, y que puede dispersar la atención operativa de sus adversarios sobre varios teatros simultáneos.

En este contexto, Yonatan Touval ha señalado en The New York Times una contradicción central de la estrategia aliada: la llamada “paradoja de la decapitación”. La eliminación selectiva de mandos políticos y militares puede degradar temporalmente la capacidad del adversario, pero también reduce el número de interlocutores viables para una salida negociada. En otras palabras, una campaña militar eficaz en términos tácticos puede deteriorar las condiciones políticas necesarias para la desescalada.

2. El “momento Suez” de Estados Unidos: ¿erosión de la hegemonía?

La prolongación del conflicto y la incapacidad de Washington para traducir su superioridad militar en una solución política han reactivado una comparación histórica de gran calado: la posibilidad de que Estados Unidos esté afrontando su propio “momento Suez”. La analogía ha comenzado a circular abiertamente en publicaciones como Politico o Modern Diplomacy.

La referencia no es menor. La crisis de Suez de 1956 marcó el momento en que Reino Unido y Francia comprobaron que la fuerza militar, por sí sola, ya no bastaba para sostener una posición imperial. Pese a su superioridad operativa, la presión económica y diplomática los obligó a retroceder y reveló ante el mundo la transferencia efectiva del centro de gravedad estratégico hacia Washington y Moscú.

Aplicada al caso actual, la comparación apunta a un problema de sobreextensión. Sir Alex Younger, ex director del MI6, ha afirmado que Irán tiene hoy “la mano ganadora” y que Estados Unidos ha perdido la iniciativa estratégica. La dificultad para garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el Golfo y el impacto del conflicto sobre los mercados energéticos están erosionando la imagen de Washington como garante de estabilidad sistémica.

En Europa, ese desgaste tiene ya una traducción política. Politico ha descrito cómo la marca Trump se ha vuelto crecientemente tóxica incluso para sectores de la derecha europea tradicionalmente receptivos al trumpismo. La percepción de una guerra costosa, mal calibrada y carente de una estrategia de salida clara está alimentando, de nuevo, el debate sobre una Europa menos dependiente del paraguas estadounidense.

No obstante, esta lectura no es unánime. Desde el ámbito conservador estadounidense, voces vinculadas a la Foundation for Defense of Democracies sostienen una tesis distinta: la guerra habría proporcionado a Trump una ventaja indirecta frente a China. Según este razonamiento, la vulnerabilidad energética de Beijing ante una crisis prolongada en Ormuz reforzaría la posición geoeconómica de Washington en la rivalidad sistémica con la potencia asiática. La cuestión, naturalmente, es si esa eventual ventaja compensa el desgaste político, financiero y estratégico acumulado en Oriente Medio.

3. China y Rusia: los beneficiarios silenciosos de la crisis

Mientras el bloque occidental soporta los costes inmediatos del conflicto, China y Rusia observan la situación desde una posición comparativamente más ventajosa. Ambos actores, por motivos distintos, están logrando convertir la crisis en una oportunidad.

James Char, en The Diplomat, explica cómo Beijing ha construido durante la última década una arquitectura de resiliencia energética que hoy le permite absorber el shock con mayor serenidad que otras economías asiáticas. Al inicio de la guerra, China disponía de reservas estratégicas y comerciales estimadas entre 1.200 y 1.300 millones de barriles, suficientes para cubrir en torno a cien días de consumo sin nuevas importaciones. A ello se suma una estrategia sostenida de diversificación de suministros, con mayor peso de Rusia y otros proveedores terrestres y marítimos alternativos.

Además, incluso en el contexto de bloqueo parcial en Ormuz, Teherán continúa facilitando el tránsito de cargamentos con destino a China. Ese trato preferente ilustra una realidad fundamental: la relación bilateral, lejos de ser simétrica, está estructurada en torno a la dependencia iraní del apoyo económico chino.

En términos estratégicos, la crisis también ha obligado a Estados Unidos a redistribuir activos militares desde el Indo-Pacífico hacia Oriente Medio, incluyendo sistemas antimisiles avanzados. Esta reasignación reduce temporalmente la presión sobre el entorno de seguridad de China y recuerda, para algunos analistas en Beijing, la ventana de oportunidad que se abrió tras el 11 de septiembre, cuando la concentración estadounidense en Oriente Medio facilitó el ascenso chino.

Rusia, por su parte, emerge como beneficiaria inmediata en el plano económico. Según análisis coincidentes de The Economist y The Insider, los ingresos diarios por exportaciones de crudo se habrían duplicado en las últimas semanas, pasando de 135 a 270 millones de dólares. Esta mejora ofrece un respiro relevante al presupuesto ruso, muy tensionado por el esfuerzo bélico en Ucrania y por el marco de sanciones occidentales. A ello se añade un beneficio político adicional: la atención internacional vuelve a desplazarse desde Europa oriental hacia Oriente Medio, reduciendo la centralidad de la guerra de Ucrania en la agenda occidental.

4. India: la autonomía estratégica bajo presión

La guerra también está sometiendo a una prueba exigente a la política exterior india. La tradicional doctrina de autonomía estratégica de Nueva Delhi se enfrenta a una tensión creciente entre sus vínculos de seguridad con Estados Unidos e Israel y sus intereses históricos y energéticos en relación con Irán.

Como observa The Diplomat, el gobierno de Narendra Modi ha optado por un silencio calculado, evitando alineamientos explícitos. Sin embargo, esa neutralidad tiene costes. La economía india sigue siendo muy sensible a las perturbaciones energéticas, y el conflicto amenaza además proyectos clave como el puerto iraní de Chabahar, concebido por India como acceso estratégico a Asia Central y Afganistán sin depender de Pakistán.

La complejidad aumenta por el hecho de que India ostenta en 2026 la presidencia rotatoria de los BRICS. Bloomberg ha informado de la presión creciente sobre Nueva Delhi para promover una condena conjunta contra la acción militar de Estados Unidos e Israel. La dificultad del bloque para articular una posición común vuelve a poner de relieve sus limitaciones estructurales como plataforma geopolítica coherente. También expone una contradicción india de fondo: aspirar al liderazgo del Sur Global mientras intensifica, al mismo tiempo, su cooperación estratégica con Washington en el Indo-Pacífico.

5. Europa: rearme y urgencia estratégica

En Europa, la guerra en Oriente Medio y la incertidumbre sobre la fiabilidad del compromiso estadounidense han acelerado un debate que ya venía gestándose desde hace años. El informe anual del secretario general de la OTAN, publicado a finales de marzo, confirma un cambio de escala: los aliados europeos y Canadá incrementaron su gasto en defensa un 20% real durante 2025, hasta alcanzar los 574.000 millones de dólares.

Se trata de una cifra significativa, pero no suficiente por sí sola. El problema europeo sigue siendo tanto presupuestario como estructural: fragmentación industrial, duplicación de capacidades y ausencia de una verdadera lógica integrada de defensa.

Pol Morillas, director del CIDOB, ha planteado con claridad esta cuestión al advertir que el distanciamiento de Trump respecto a las alianzas europeas no debe leerse como una anomalía coyuntural, sino como una tendencia de fondo. Desde esta perspectiva, la estrategia de acomodación europea frente a Washington ha mostrado sus límites, y obliga a reconsiderar mecanismos de cooperación más flexibles y menos dependientes del consenso pleno entre los Veintisiete.

De ahí que hayan reaparecido fórmulas antes marginales: coaliciones ad hoc entre Estados miembros, una eventual extensión política de la disuasión francesa, o incluso la idea de un Consejo de Seguridad Europeo capaz de acelerar decisiones en situaciones de crisis. Lo relevante es que la autonomía estratégica europea ha dejado de ser un concepto declarativo. Empieza a formularse, cada vez más, como una exigencia funcional.

Diplomacia en movimiento y espionaje

En el ámbito de la inteligencia, el primer mes de guerra ha dejado al descubierto fallos de apreciación, tensiones internas y una combinación cada vez más visible entre herramientas digitales avanzadas y métodos clásicos de espionaje.

• Advertencias ignoradas y errores de predicción. SpyTalk ha descrito el clima de confusión existente en sectores de la comunidad de inteligencia aliada. El contraste más llamativo es el que existe entre la antigua advertencia de Meir Dagan, ex jefe del Mossad, que en 2011 consideró un ataque a gran escala contra Irán una idea contraproducente, y las evaluaciones más recientes atribuidas al actual director del servicio, David Barnea, según las cuales los bombardeos podían desencadenar un rápido colapso interno del régimen. Un mes después, esa expectativa no se ha materializado.

• Ciberoperaciones y negación plausible. Chatham House y distintas evaluaciones estadounidenses coinciden en que Irán ha intensificado el uso del ciberespacio como instrumento de presión asimétrica. Aunque el impacto destructivo sobre infraestructuras críticas occidentales sigue siendo limitado, el volumen y sofisticación de las intrusiones ha aumentado, en buena medida a través de proxies criminales que permiten mantener una cobertura de negación plausible.

• El regreso de las estaciones numéricas. Diversas fuentes abiertas han señalado el resurgimiento de emisiones de onda corta asociadas a las llamadas number stations en entornos vinculados a Irán y Rusia. Más allá de su valor anecdótico, el fenómeno recuerda que, en un ecosistema saturado de vigilancia técnica, ciertos métodos analógicos conservan utilidad operativa.

• Reclutamiento a través de redes sociales. Autoridades británicas han advertido de intentos iraníes de captar individuos vinculados al crimen organizado en Europa mediante plataformas digitales, con fines de vigilancia, intimidación o potencial sabotaje. Es una tendencia coherente con la creciente externalización de operaciones sensibles a través de intermediarios no estatales.

Impacto económico global

Las consecuencias económicas del conflicto han dejado de ser regionales. El repunte del crudo y la incertidumbre sobre Ormuz apuntan a un nuevo shock inflacionario en un momento particularmente delicado para las economías avanzadas.

Según Oxford Economics, el barril podría promediar 114 dólares durante el resto del año si la disrupción persiste. The Economist advierte, además, de que este repunte llega precisamente cuando varios bancos centrales empezaban a plantearse una relajación gradual de su política monetaria. El riesgo no es solo inflacionario: también afecta a las expectativas de crecimiento, al coste del crédito y a la estabilidad política de numerosos gobiernos.

En ese contexto, vuelven a plantearse respuestas de emergencia —subvenciones, topes, rescates energéticos— que pueden amortiguar el impacto inmediato, pero a costa de perpetuar distorsiones estructurales. En España, esta dinámica ya ha adquirido expresión parlamentaria con la tramitación urgente de un nuevo decreto anticrisis orientado a mitigar los efectos de la guerra sobre hogares y tejido productivo.

Movimientos diplomáticos en el Sur Global

Mientras Washington, Bruselas, Moscú y Beijing concentran la atención mediática, en otras regiones están tomando forma movimientos diplomáticos menos visibles pero estratégicamente relevantes. Foreign Policy ha destacado el renovado impulso de los vínculos entre América Latina y África, especialmente en ámbitos como seguridad alimentaria, energía y cooperación política.

Más allá de la retórica, estos acercamientos reflejan una voluntad creciente de diversificación estratégica por parte de múltiples países del Sur Global. La lógica es clara: reducir dependencia, ampliar margen de maniobra y construir resiliencia frente a crisis generadas fuera de su control. No se trata todavía de un bloque coherente, pero sí de una tendencia que conviene seguir con atención.

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Durante demasiado tiempo, una parte sustancial del pensamiento estratégico occidental ha operado sobre una premisa que hoy exige revisión: la idea de que la combinación de superioridad tecnológica, presión económica y amenaza de castigo puede forzar, antes o después, la acomodación de un adversario revisionista. En el caso iraní, esa convicción ha sido particularmente persistente. Washington ha tendido a interpretar la contención de Teherán como un indicador de vulnerabilidad estructural; su preferencia por la acción indirecta, como prueba de que carecía de voluntad para sostener una confrontación de mayor escala; su prudencia táctica, en fin, como síntoma de debilidad.

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Sin embargo, esa lectura puede haber confundido lo accesorio con lo esencial. Lo que desde fuera parecía contención y limitación, acaso era doctrina y cálculo. Una forma especialmente disciplinada de inteligencia estratégica. Irán no ha tratado de competir con Estados Unidos en los términos de la guerra convencional porque comprende perfectamente que ese terreno favorece, de manera abrumadora, a su adversario. Su apuesta ha sido otra: desplazar el conflicto hacia un espacio donde la asimetría no sea una desventaja, sino un método; donde el tiempo, la fricción y la fatiga política erosionen progresivamente la utilidad misma de la superioridad militar occidental.

La cuestión central, por tanto, no es si Teherán puede derrotar militarmente a Estados Unidos en sentido clásico. No puede. La cuestión verdaderamente relevante es otra, y mucho más incómoda: si puede impedir que Washington convierta su potencia militar en un resultado político inteligible, estable y sostenible. Esa es precisamente la clase de problema estratégico que las grandes potencias tienden a subestimar cuando confunden capacidad destructiva con control efectivo sobre la escalada, los costes y la duración de una guerra.

La paciencia estratégica como doctrina

La arquitectura de seguridad iraní no nació de una ambición expansiva convencional, sino de una constatación de inferioridad. La guerra con Irak, la presión sostenida de Estados Unidos y la conciencia de la propia vulnerabilidad empujaron a la República Islámica a desarrollar una concepción de la defensa basada no en la simetría, sino en la profundidad estratégica indirecta. Su conocida lógica de “defensa avanzada” no perseguía la victoria decisiva en el campo de batalla, sino la construcción de un entorno regional lo bastante fragmentado, inflamable y costoso como para disuadir cualquier ataque directo contra el núcleo del régimen.

En ese marco debe leerse el peso de la Fuerza Quds, la centralidad de la red de aliados no estatales y la sedimentación, a lo largo de décadas, de un ecosistema de coerción distribuida que abarca Líbano, Irak, Siria, Yemen y, de manera más compleja, el teatro palestino. No se trataba de reproducir la lógica de una guerra interestatal clásica, ni de construir una capacidad ofensiva equivalente a la de sus adversarios. El objetivo era otro: complicar, dilatar, encarecer.

Esa racionalidad es esencialmente política. No busca derrotar frontalmente a una potencia superior, sino persuadirla de que una eventual victoria táctica terminará siendo estratégicamente estéril. El propósito consiste en vincular cualquier operación militar occidental a una cadena de repercusiones regionales, energéticas y diplomáticas suficientemente disruptivas como para que el uso de la fuerza deje de ser un instrumento eficiente de ordenación política.

Ahí reside la posible naturaleza de la trampa. Durante años, Irán ha operado en la penumbra del umbral: suficiente presión para recordar su capacidad de daño, suficiente contención para evitar una conflagración total. Esa combinación fue interpretada en no pocos círculos occidentales como una forma de repliegue forzado. Pero la hipótesis inversa resulta hoy más plausible: que Teherán haya utilizado precisamente esa ambigüedad para acostumbrar a sus adversarios a una lectura errónea de sus propios límites. La paciencia estratégica iraní no habría sido, así, un signo de impotencia, sino una herramienta para modular percepciones, testar líneas rojas y esperar el momento en que una sobrelectura occidental de su propia capacidad produjera el error decisivo.

El tiempo como campo de batalla

El análisis occidental suele otorgar primacía a los equilibrios materiales: presupuestos de defensa, plataformas aéreas, inteligencia técnica, precisión de fuego. Todo ello importa, sin duda. Pero en confrontaciones de este tipo, la variable decisiva no siempre reside en la magnitud de la potencia disponible, sino en la distinta relación de los adversarios con el tiempo.

Las democracias liberales, y en particular Estados Unidos después de dos décadas de desgaste militar, operan bajo restricciones políticas, mediáticas y electorales que limitan severamente su tolerancia a los conflictos prolongados sin una narrativa clara de éxito. Un régimen que entiende la confrontación con Washington en clave existencial, en cambio, puede absorber sacrificios mucho más extensos, siempre que conserve la cohesión interna y la continuidad del poder. No se trata solo de resiliencia estatal. Se trata de una diferencia estructural en la organización del riesgo político.

Por eso el tiempo no es aquí una variable secundaria, sino el centro del problema. La gran intuición estratégica iraní —como también la rusa— consiste en comprender que la superioridad militar occidental pierde parte de su valor cuando el conflicto se desplaza desde el plano de la destrucción inmediata al de la sostenibilidad política. Un actor revisionista no necesita ganar una guerra convencional para alterar profundamente el equilibrio estratégico. Puede bastarle con resistir, prolongar, introducir incertidumbre sistémica y elevar el coste agregado de la implicación occidental hasta niveles políticamente corrosivos.

Es ahí donde la presión sobre corredores energéticos, rutas marítimas y cadenas de suministro adquiere una relevancia central. En Oriente Medio, la capacidad de amenazar el Golfo o el estrecho de Ormuz no es un mero complemento táctico. Es una herramienta de externalización del conflicto. Permite transformar una confrontación regional en una cuestión global de precios, suministro, inflación y presión diplomática sobre terceros. Una vez que eso ocurre, la guerra deja de ser un asunto exclusivamente bilateral o militar: pasa a involucrar a aliados europeos, economías asiáticas, mercados energéticos y gobiernos cuya prioridad inmediata no es la credibilidad estratégica de Washington, sino la estabilidad de sus propias sociedades.

Irán y Rusia: el parentesco del desgaste

El paralelismo entre Irán y Rusia no debe formularse de manera mecánica. Son potencias distintas, con culturas estratégicas, capacidades y horizontes geopolíticos diferentes. Pero ambas parecen haber llegado a una conclusión semejante sobre el modo en que debe desafiarse a Occidente. Ninguna puede aspirar razonablemente a una victoria simétrica frente al poder agregado de Estados Unidos y sus aliados. Ambas, en cambio, han desarrollado modelos de confrontación orientados a explotar las vulnerabilidades políticas, económicas y psicológicas de las democracias occidentales.

Rusia lo ha hecho en Ucrania mediante profundidad estratégica, masa militar, coerción energética y una gestión calibrada de la escalada. Irán lo ha articulado a través de la asimetría regional, la presión sobre el espacio marítimo, el recurso a redes armadas interpuestas y la capacidad de abrir varios vectores de inestabilidad simultáneamente. En ambos casos, el supuesto de fondo es idéntico: que la verdadera vulnerabilidad occidental no reside en la insuficiencia material, sino en la fragilidad de su paciencia estratégica.

No se trata, por tanto, de derrotar frontalmente a Occidente, sino de impedirle cerrar la guerra en sus propios términos. Esa diferencia, que podría parecer semántica, es en realidad decisiva. Define el tránsito desde una concepción clásica de la victoria hacia una lógica más propia de la era del desgaste: frustrar, demorar, encarecer, erosionar. Obligar al adversario a comprobar que su superioridad no basta para producir orden. Hacerle pagar, en legitimidad y en cohesión interna, el precio de una guerra que no sabe ya cómo terminar.

La falacia del colapso inducido

Hay además una dimensión adicional que merece atención. Tanto en el caso ruso como en el iraní, la presión exterior ha tendido a reforzar mecanismos internos de cohesión antes que a provocar el colapso que algunos análisis occidentales anticipaban. Las sanciones, los ataques selectivos o la expectativa de una fractura política acelerada han respondido a una ilusión recurrente en la estrategia occidental: la creencia de que el aumento del castigo externo genera automáticamente descomposición doméstica.

La experiencia reciente apunta en sentido contrario. Cuando un régimen logra enmarcar la confrontación como una agresión existencial, la coerción exterior puede convertirse en un recurso de legitimación. Permite disciplinar élites, marginar voces disidentes y reconstituir la centralidad del aparato de seguridad. Lo que en Washington o en algunas capitales europeas se imagina como presión insoportable puede ser reelaborado, puertas adentro, como narrativa de resistencia.

El error aquí no es solo de cálculo político. Es también de comprensión cultural y estratégica. Occidente sigue mostrando dificultades para entender cómo piensan regímenes que no comparten ni su temporalidad política, ni su cultura del riesgo, ni su umbral de tolerancia al sufrimiento económico. Esa laguna favorece análisis que sobrevaloran el efecto lineal de la coerción y subestiman la capacidad adaptativa del adversario. Se presupone que la presión, acumulada en suficiente cantidad, acabará produciendo el comportamiento esperado. Pero esa expectativa solo funciona si el adversario comparte la misma gramática del coste-beneficio. Ni Rusia ni Irán parecen hacerlo.

El fin de una comodidad intelectual

La lección más seria de esta confrontación no concierne únicamente a Oriente Medio. Lo que está en cuestión es una determinada idea occidental de la primacía estratégica: la noción de que la superioridad militar, combinada con sanción económica y control escalatorio, basta para ordenar el comportamiento de potencias revisionistas. Esa idea no ha desaparecido, pero ha perdido una parte sustancial de su capacidad explicativa.

Hoy resulta cada vez más evidente que el adversario aprende, adapta sus métodos y desplaza el conflicto hacia dominios donde la ventaja occidental es menos decisiva o más difícil de convertir en desenlace político útil. El problema ya no es si Estados Unidos conserva una superioridad militar incuestionable; la conserva. El problema es si esa superioridad sigue siendo suficiente para producir orden en un entorno internacional donde el adversario no necesita imponerse, sino simplemente impedir que uno traduzca su fuerza en control.

Esa diferencia define buena parte del tránsito desde el momento unipolar posterior a la Guerra Fría hacia una estructura internacional más hostil, menos legible y considerablemente más resistente a la coerción clásica. En ese nuevo contexto, Irán representa algo más que un desafío regional. Representa una forma de inteligencia estratégica adaptada a la era del desgaste: una comprensión precisa de cómo sobrevivir a un adversario más fuerte sin necesidad de derrotarlo frontalmente.

Como Rusia, ha entendido que la clave no siempre reside en vencer, sino en frustrar; no tanto en escalar hasta el dominio total, como en impedir que el otro cierre la guerra en sus propios términos. Y eso, en sí mismo, constituye una forma eficaz de poder.

La conclusión, por tanto, debe formularse con sobriedad. El mayor riesgo para Occidente no es únicamente la agresividad de las potencias revisionistas, sino la persistencia de ciertos hábitos mentales en su propia lectura del sistema internacional. Subestimar a un adversario porque evita durante años el choque frontal puede ser una de las formas más peligrosas de ceguera estratégica. A veces, la ausencia de ruptura no indica debilidad. Indica preparación. Y cuando esa distinción se comprende demasiado tarde, la superioridad material deja de ser garantía de control y empieza a parecer, más bien, una herramienta extraordinariamente costosa para gestionar consecuencias que ya no se dominan.

En paralelo, dos movimientos menos visibles pero políticamente significativos completan el cuadro. En Washington, el llamado Síndrome de La Habana reaparece como expediente no cerrado dentro de la comunidad de inteligencia. Y en América Latina, algunos análisis apuntan a una política estadounidense cada vez más coercitiva, menos multilateral y más centrada en el control estratégico del hemisferio.

La frontera afgano-paquistaní entra en su fase más peligrosa

Mientras la atención internacional sigue concentrada en Oriente Medio y Ucrania, la frontera entre Pakistán y Afganistán se ha convertido en uno de los focos más inestables de la semana. El 16 de marzo, la aviación paquistaní atacó un complejo en las afueras de Kabul conocido como Omid, antiguo Camp Phoenix de la OTAN. Las autoridades talibanes denunciaron centenares de víctimas civiles, mientras que Naciones Unidas confirmó al menos 143 muertos. Más allá de la disputa sobre las cifras, el episodio representa la escalada más seria entre ambos países en décadas.

Las versiones de Islamabad y Kabul divergen de forma frontal. Pakistán sostiene que el ataque iba dirigido contra infraestructura vinculada a grupos armados, incluidos depósitos de munición y drones. Afganistán lo presenta como un bombardeo contra un objetivo civil con un elevado coste humano. Esa discrepancia no es secundaria: condiciona tanto la reacción internacional como el margen político de ambos gobiernos para sostener o frenar la escalada.

Lo ocurrido no surge de la nada. Es la culminación de meses de deterioro, marcados por el aumento de los ataques del Tehreek-e-Taliban Pakistan y por la convicción creciente en Islamabad de que ese grupo opera desde territorio afgano con un grado de tolerancia que Pakistán considera inaceptable. La paradoja es conocida, pero se ha hecho ya insostenible: tras el regreso de los talibanes al poder en 2021, Pakistán esperaba que Kabul actuara como factor de estabilización frente al TTP. Ha ocurrido lo contrario. Los vínculos ideológicos, personales y étnicos entre ambos movimientos han pesado más que cualquier expectativa de disciplina interestatal.

Ese fracaso estratégico tiene consecuencias internas para Pakistán. El repunte de la violencia en su territorio ha deteriorado la percepción de seguridad y ha vuelto a colocar la frontera occidental en el centro de la agenda nacional. A eso se añade un factor especialmente delicado: una espiral de represalias entre dos Estados fuertemente armados, uno de ellos potencia nuclear, siempre tiene un potencial de desbordamiento regional que va mucho más allá del episodio inicial.

La tregua de cinco días anunciada con ocasión del Eid al-Fitr, y mediada por Qatar, Turquía y Arabia Saudí, ofrece un respiro, pero no resuelve el problema de fondo. Lo estructural sigue intacto: ausencia de confianza mutua, incentivos domésticos para mantener un discurso duro y falta de un mecanismo de mediación robusto respaldado por actores con capacidad real de presión. La comunidad internacional ha reaccionado con alarma, aunque sin una traducción política clara. La Organización de Cooperación Islámica ha pedido una investigación independiente, Amnistía Internacional ha apuntado a posibles vulneraciones del derecho internacional humanitario y el Consejo de Seguridad no ha logrado articular una posición común.

El conflicto, además, tiene una dimensión regional que no conviene subestimar. India observa la situación con preocupación, no solo por el riesgo de desestabilización de Pakistán, sino por las implicaciones que tendría un desgaste prolongado del ejército paquistaní en el equilibrio estratégico del subcontinente. China también tiene intereses directos, en particular por la centralidad del Corredor Económico China-Pakistán dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Su silencio, en este contexto, no equivale a indiferencia, sino a cautela estratégica.

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Francia reabre el debate nuclear europeo

El segundo gran movimiento de la semana se ha producido en Europa, aunque sus implicaciones son globales. Con la expiración de New START en febrero, Estados Unidos y Rusia han quedado por primera vez en décadas sin límites operativos mutuamente acordados sobre sus arsenales estratégicos. Ese vacío afecta al conjunto del régimen de control de armamentos y llega en un momento especialmente delicado, a pocas semanas de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación.

En ese contexto, Emmanuel Macron ha intentado situar a Francia en un nuevo lugar dentro de la arquitectura de seguridad europea. En su discurso en la base naval de Île Longue, el presidente francés presentó una doctrina de “disuasión avanzada” que va más allá del lenguaje tradicional de la suficiencia nacional. El paso más importante no es solo cuantitativo, sino doctrinal: Francia sugiere que su capacidad nuclear puede articularse de forma más explícita con la seguridad de sus aliados europeos y abre la puerta a una cooperación más visible en ejercicios y planificación.

La iniciativa responde a una doble ansiedad. La primera es evidente: la agresividad rusa y el deterioro del entorno estratégico europeo. La segunda es más política, pero no menos importante: la incertidumbre creciente sobre la solidez del compromiso estadounidense con la defensa del continente en un escenario de retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. La propuesta francesa no implica sustituir a Washington, pero sí preparar a Europa para una hipótesis que hace pocos años se consideraba remota y que hoy ya forma parte del cálculo de varias capitales.

El debate, sin embargo, está lejos de resolverse. En el plano técnico, la capacidad francesa sigue siendo muy inferior a la de Estados Unidos o Rusia, lo que obliga a matizar cualquier idea de sustitución plena del paraguas nuclear norteamericano. En el plano político, persisten dudas sobre la continuidad de esta doctrina más allá del mandato de Macron. La cuestión no es menor: una doctrina de disuasión extendida exige credibilidad material, pero también continuidad política. Aun así, la reacción relativamente contenida del espacio político de Marine Le Pen y Jordan Bardella sugiere que el debate ha dejado de estar en la periferia y empieza a instalarse en el centro del consenso estratégico francés.

La Conferencia de Revisión del TNP de abril llegará, así, en un clima particularmente sombrío. Los Estados no nucleares volverán a exigir avances en el cumplimiento del artículo VI y denunciarán, con razón desde su punto de vista, que la dirección actual va en sentido contrario: más incertidumbre estratégica, más presión para modernizar arsenales y menos instrumentos eficaces de control. El riesgo de una conferencia sin declaración final vuelve a ser alto, lo que no haría sino reforzar la percepción de que el régimen de no proliferación entra en una nueva etapa de fragilidad.

Bruselas vuelve a tropezar con la unanimidad

La cumbre del Consejo Europeo del 19 de marzo ha ofrecido una imagen conocida, pero no por ello menos preocupante. El veto de Viktor Orbán al paquete de 90.000 millones de euros destinado a Ucrania volvió a demostrar que la Unión Europea sigue teniendo una ambición geopolítica superior a la eficacia de sus mecanismos de decisión. El momento, además, no podía ser peor. Kiev llega a la primavera con una creciente presión financiera y con un horizonte de sostenibilidad cada vez más estrecho.

El problema no es solo húngaro, aunque Hungría sea el actor que lo personifica con mayor claridad. El problema es sistémico. Mientras la Comisión insiste en que encontrarán vías para hacer llegar la ayuda a Ucrania, cada nuevo bloqueo erosiona la credibilidad del bloque como actor estratégico. La Unión puede acabar encontrando instrumentos alternativos, pero cada solución ad hoc confirma la misma debilidad de fondo: la política exterior europea sigue demasiado expuesta al poder de veto de un solo Estado miembro.

En el caso de Orbán, además, la lógica va más allá del regateo presupuestario. Su posición forma parte de una estrategia política más amplia, dirigida a consolidar su base interna y a reforzar su perfil como interlocutor europeo de una eventual segunda administración Trump. La hostilidad hacia Ucrania le resulta útil en política doméstica, pero también le permite presentarse como figura bisagra entre Bruselas, Washington y Moscú en un escenario de fractura occidental.

La cumbre dejó así una sensación de impotencia. Los líderes europeos discutieron Ucrania, Oriente Medio y competitividad económica bajo el lema “One Europe, One Market”, pero la imagen que prevaleció fue otra: la de una Unión que entiende el alcance de las crisis, pero que sigue teniendo dificultades para traducir esa conciencia en decisiones rápidas y coherentes. Las opciones para sortear el bloqueo existen, desde fórmulas de financiación paralelas hasta mecanismos apoyados en activos rusos inmovilizados, pero todas ellas son jurídica y políticamente más complejas que una decisión común adoptada a tiempo.

El episodio reabre, una vez más, el debate sobre la unanimidad en política exterior. Es una discusión antigua, pero cada vez más difícil de aplazar. La pregunta ya no es si la regla genera bloqueos, sino cuánto tiempo puede la Unión aspirar a actuar como potencia geopolítica mientras conserva un diseño institucional que facilita la parálisis en los momentos más críticos.

Sottovoce

En el terreno más reservado de la inteligencia, una información reciente surgida en Bruselas introduce un elemento potencialmente disruptivo en el funcionamiento interno de la Unión. Según revelaciones recogidas por varios medios europeos, autoridades polacas acusan a Hungría de haber transferido durante años información sensible de reuniones del Consejo a Rusia, una práctica que, de confirmarse, excedería con mucho el terreno de la disidencia política para situarse en el de la vulneración de seguridad estratégica. Budapest ha rechazado las acusaciones, pero el hecho de que estas se formulen abiertamente entre Estados miembros marca un umbral cualitativo distinto.

El riesgo no es únicamente reputacional. La mera sospecha de filtraciones sistemáticas compromete la confianza operativa en los espacios donde se toman decisiones críticas —sanciones, apoyo militar, posicionamiento estratégico— y obliga, de facto, a replantear qué se comparte, con quién y en qué formato. En una Unión ya tensionada por el veto húngaro sobre Ucrania, este tipo de episodios introduce una lógica de compartimentación y desconfianza que erosiona la cohesión desde dentro. Si se consolida, el problema dejaría de ser político para convertirse en estructural: una organización que no puede garantizar la confidencialidad de sus deliberaciones en materia de seguridad pierde capacidad real de actuación.

Por otro lado, el llamado Síndrome de La Habana vuelve a ganar peso en Washington. Las comparecencias recientes de los máximos responsables de inteligencia han introducido una rectificación relevante respecto a la línea oficial dominante hasta ahora. El informe de 2025, que descartaba la implicación de un actor estatal extranjero, ya no parece cerrar el caso con la misma autoridad con la que fue presentado.

El cambio no equivale todavía a una conclusión definitiva, pero sí altera el marco del debate. Dentro del Congreso y entre antiguos oficiales de la CIA y del aparato diplomático, gana espacio la idea de que la hipótesis rusa fue descartada demasiado pronto o con un umbral probatorio políticamente conveniente. Si esa lectura termina imponiéndose, el asunto dejará de ser solo una controversia técnica sobre incidentes de salud anómalos y pasará a plantear una cuestión más seria sobre encubrimiento, responsabilidad política y límites de la respuesta estadounidense.

En paralelo, varios análisis advierten de un endurecimiento de la política de Washington hacia América Latina. La lógica que se perfila es menos cooperativa y más instrumental: vincular migración, crimen organizado, recursos estratégicos y presión comercial dentro de una misma visión hemisférica. En ese marco, operaciones conjuntas como la desarrollada con Ecuador se interpretan menos como episodios aislados que como indicios de una doctrina más amplia, orientada a reforzar la capacidad de coerción de Estados Unidos sobre su entorno regional.

Breves

En el Golfo, los Estados árabes siguen debatiendo hasta dónde pueden acercarse a una eventual ofensiva contra Irán sin exponerse a represalias directas sobre infraestructuras críticas. La superioridad aérea de algunas monarquías del Golfo no elimina el coste político y económico de una implicación más abierta, especialmente si esa implicación aparece asociada a Israel.

La guerra con Irán sigue, además, pasando factura a los exportadores energéticos de la región. La presión sobre el tráfico en el Estrecho de Ormuz y la vulnerabilidad de infraestructuras clave complican los planes de diversificación económica y afectan de forma desigual a los distintos países del área, con especial sensibilidad en economías más frágiles como Irak y Egipto.

China, por su parte, no parece dispuesta a estabilizar el Golfo en beneficio de Washington. La lectura dominante en varios análisis es que Pekín prefiere preservar margen diplomático y capital político antes que asumir el coste de una intervención destinada, en último término, a aliviar la presión estratégica sobre la administración Trump.

Una misma erosión institucional

Leídas por separado, estas crisis remiten a regiones, actores y escalas muy distintas. Leídas en conjunto, apuntan a una misma tendencia: la erosión progresiva de los marcos que durante décadas organizaron la contención del conflicto y la gestión de las rivalidades entre Estados. La escalada entre Pakistán y Afganistán se produce en ausencia de una arquitectura regional eficaz. La discusión nuclear europea se desarrolla en pleno deterioro del régimen de control de armamentos. Y el bloqueo en Bruselas vuelve a mostrar que incluso las instituciones más densas del espacio occidental encuentran dificultades para responder con agilidad cuando se multiplican las crisis simultáneas.

No se trata de un colapso del orden internacional, pero sí de una transición acelerada hacia un entorno más fragmentado, más competitivo y menos gobernable. Estados Unidos sigue siendo un actor central, pero ya no actúa con la misma capacidad de arbitraje ni con la misma disponibilidad para sostener varios frentes a la vez. En ese espacio más incierto, actores regionales como Francia, Qatar, Turquía, Arabia Saudí o China intentan ampliar su margen de maniobra. La cuestión es si ese reajuste producirá nuevos equilibrios o simplemente más fricción.

En agenda

El 24 de marzo está prevista la reunión a puerta cerrada “Visioning scenarios for 2035”, organizada por TEPSA y centrada en el futuro de la Unión Europea y en la ampliación del bloque.

El 25 de marzo, UNIDIR reunirá en Ginebra a un panel de expertos para debatir cómo el Tratado de No Proliferación puede reforzar los usos seguros y responsables de la energía nuclear en un contexto internacional cada vez más deteriorado.

Durante la próxima semana convendrá seguir dos variables de forma particular: la evolución de la tregua entre Pakistán y Afganistán y las reacciones diplomáticas a la nueva formulación francesa de la disuasión nuclear, de cara a la Conferencia de Revisión del TNP.

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El reloj de Kiev

Ucrania dispone de margen financiero para sostener su esfuerzo de guerra solo hasta mayo. La advertencia, recogida por varios medios occidentales a partir de fuentes ucranianas, no altera el diagnóstico de fondo, pero sí introduce un horizonte temporal más preciso. Y ese horizonte coincide con una intensificación de los ataques rusos sobre ciudades como Kharkiv, Kyiv, Odesa y Dnipro, mediante oleadas combinadas de drones y misiles que siguen erosionando tanto la infraestructura como la moral civil.

La situación se complica por la superposición de dos bloqueos políticos. En Washington, la Casa Blanca trata de gestionar prioridades estratégicas concurrentes en un clima de fuerte polarización interna. La discusión sobre nuevos recursos para otros frentes reduce el margen político para sostener la ayuda a Kiev con la rapidez que exige el terreno. En Bruselas, el paquete extraordinario de apoyo sigue condicionado por divisiones internas que ralentizan la toma de decisiones. Ucrania queda así expuesta a la lentitud de dos sistemas políticos distintos, ambos poco compatibles con la urgencia militar.

Moscú interpreta este contexto como una ventana de oportunidad. Diversos análisis europeos apuntan a que el Kremlin ha ajustado su ritmo operativo para explotar la sobrecarga occidental derivada de la crisis en Oriente Medio. La lógica es sencilla: cuanto más dispersa esté la atención estratégica de Washington y más fragmentada aparezca la respuesta europea, menor será el coste de sostener la presión sobre Ucrania. La reaparición de ataques de saturación aérea con alta frecuencia sugiere, además, que Rusia ha corregido al menos parte de los cuellos de botella que antes limitaban esta táctica.

El escenario más probable a corto plazo no es un colapso militar ucraniano, sino un deterioro gradual de su capacidad de resistencia: menos margen para la defensa antiaérea, mayor vulnerabilidad de la infraestructura energética y una presión acumulativa sobre la población civil. La cuestión central ya no es si existe un problema de sostenibilidad, sino si alguno de los bloqueos políticos que afectan a Kiev se resolverá antes de que expire ese margen temporal.

El precio del Estrecho

La interrupción del tráfico en el Estrecho de Ormuz tiene efectos inmediatos sobre el mercado energético, incluso antes de que se materialice un cierre total. El encarecimiento de los seguros, la percepción de riesgo sobre el transporte marítimo y la retirada parcial de operadores bastan para alterar el flujo de crudo y de gas natural licuado procedente del Golfo. El resultado es una presión alcista sobre los precios de la energía con implicaciones que van mucho más allá de la región.

El contexto sigue siendo el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Lo que esta semana adquiere mayor relevancia es su dimensión económica. Teherán no necesita bloquear formalmente el Estrecho para convertirlo en un instrumento de presión: basta con elevar la amenaza sobre la navegación para que los mercados incorporen ese riesgo. En este terreno, la percepción puede ser casi tan eficaz como la interrupción material del tráfico.

El impacto se distribuye de forma desigual. Para Europa, la tensión llega en un momento menos vulnerable que el de la crisis energética de 2022, pero sigue afectando a un sistema que depende del gas natural licuado como parte de su estrategia de diversificación. Para varias economías de Asia meridional, el efecto es más inmediato, tanto por su mayor exposición a esa ruta como por su menor capacidad para absorber un encarecimiento sostenido. Rusia, en cambio, obtiene una ventaja relativa: el aumento de precios mejora su posición exportadora y amplía el rendimiento de circuitos paralelos ya consolidados.

China observa el deterioro desde una posición incómoda. Tiene intereses relevantes tanto en Irán como en las monarquías del Golfo, y una escalada prolongada perjudica su seguridad energética y comercial. Al mismo tiempo, la crisis le ofrece la posibilidad de presentarse como actor estabilizador sin asumir los costes de una implicación directa comparable a la estadounidense. Si la perturbación se prolonga, aumentará la presión sobre Pekín para definir con más claridad si quiere limitarse a gestionar sus intereses o si está dispuesto a proyectar influencia diplomática efectiva.

Por ahora, los mercados parecen descontar un escenario de disrupción seria pero no de colapso total. Ese equilibrio, sin embargo, depende de variables militares y políticas demasiado volátiles como para darlo por estable.

El Sahel sin corrección externa

La retirada de los últimos contingentes occidentales del Sahel no ha producido una estabilización del entorno, sino una mayor exposición al deterioro. En Mali, Burkina Faso y Níger, las juntas militares que justificaron su ascenso en nombre de la soberanía y la seguridad no han logrado reducir de forma sustancial la violencia yihadista. En varias zonas rurales, la frecuencia e intensidad de los ataques sigue creciendo, mientras aumentan también los desplazamientos y la presión humanitaria.

La narrativa oficial de estos gobiernos sostiene que la inseguridad era consecuencia de la presencia occidental y que su expulsión era condición necesaria para recuperar el control. Con el paso de los meses, ese argumento resulta cada vez menos convincente. La persistencia de la violencia, la ampliación de áreas inestables y la incapacidad de garantizar seguridad fuera de los núcleos urbanos debilitan el relato soberanista con el que las juntas buscaron legitimidad interna.

El vacío dejado por Francia y por parte de la arquitectura multilateral ha sido ocupado de forma parcial por Rusia, a través de la estructura que sustituyó a Wagner bajo una supervisión más directa del aparato estatal ruso. Su presencia ha reforzado a los regímenes militares frente a amenazas internas y ha contribuido a blindar políticamente a las juntas. Otra cuestión es su eficacia territorial. Hasta ahora, los indicios apuntan a que esa asistencia resulta más útil para la supervivencia del poder que para la estabilización duradera del terreno.

Europa observa este deterioro con preocupación, pero sin una estrategia clara para reinsertarse en la región. El problema no es solo operativo, sino político: la relación con regímenes que han roto con sus antiguos socios occidentales y se apoyan en Moscú sigue sin un marco definido. Cuanto más se prolongue esta situación, más difícil será revertir el nuevo equilibrio regional y reconstruir una presencia internacional con capacidad real de influencia.

Breves

Tribunal Supremo de Estados Unidos y aranceles. La disputa jurídica sobre los aranceles impulsados por la administración Trump sigue generando incertidumbre regulatoria. La fragmentación de fallos en instancias inferiores aumenta la probabilidad de una revisión definitiva por parte del Supremo, con efectos potenciales sobre la inversión y las cadenas de suministro.

China calibra su papel en la crisis del Golfo. Pekín mantiene una ambigüedad funcional: evita comprometerse de forma abierta con Irán, preserva su margen como eventual mediador y trata de proteger sus intereses energéticos y comerciales en la región. La cuestión es cuánto tiempo podrá sostener esa posición si la perturbación en Ormuz se prolonga.

Pakistán y los talibanes afganos. La presión militar pakistaní sobre el TTP mantiene elevada la tensión en la frontera afgano-pakistaní. El deterioro de la relación entre Islamabad y Kabul confirma que esa frontera vuelve a consolidarse como uno de los principales focos de inestabilidad regional.

Elecciones en Corea del Sur. La campaña presidencial anticipada entra en su fase decisiva en un clima de fuerte polarización. El resultado tendrá implicaciones directas para la relación con Washington, la gestión del vínculo con Pyongyang y la posición estratégica de Seúl en Asia nororiental.

Corea del Norte y la extensión espacial de la rivalidad. Pyongyang ha elevado el perfil de sus ambiciones antisatélite, una señal de que la competencia estratégica en Asia nororiental se desplaza también al espacio. El movimiento coincide con el refuerzo de los programas antimisiles estadounidenses y con una mayor implicación japonesa en ese esfuerzo.

Ciberoperaciones rusas en Europa. Los avisos de varios servicios de inteligencia europeos apuntan a una intensificación de la actividad híbrida rusa, con especial atención al ciberespionaje y a las técnicas de ingeniería social dirigidas contra personal gubernamental y de defensa.

Desvío de bienes de doble uso hacia Rusia. Las redes de intermediación a través de terceros países siguen siendo uno de los principales puntos débiles del régimen sancionador occidental. El problema ya no es solo normativo, sino también de capacidad de control y de coordinación entre jurisdicciones.

“Shield of the Americas” y la nueva geometría hemisférica de Trump. La coalición impulsada por la Casa Blanca apunta a una lógica de afinidad ideológica más que a una arquitectura regional sólida. La ausencia de Brasil, México y Colombia limita de entrada su alcance estratégico y refuerza la impresión de que se trata, por ahora, más de una señal política que de un mecanismo estable de seguridad.

La semana deja tres focos distintos, pero conectados por una misma realidad: la escasez de atención, recursos y consenso estratégico en el espacio occidental. Ucrania necesita financiación urgente; el mercado energético necesita contención antes de que la perturbación se consolide; y el Sahel sigue degradándose sin que nadie haya formulado una respuesta internacional creíble. Lo más significativo no es que estos tres frentes sigan abiertos, sino que todos avanzan más rápido que la capacidad política para gestionarlos.

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La guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán entra en su segunda semana con un elemento nuevo y de primer orden: la muerte del Líder Supremo Ali Jamenei y la designación de su hijo Mojtaba como sucesor han alterado la dinámica interna del régimen sin que, por el momento, se observe disposición iraní a negociar. En paralelo, la fractura entre Washington y sus aliados europeos se profundiza, mientras en Asia Central Kazajistán se prepara para un referéndum constitucional que refleja tensiones propias de la reconfiguración del orden regional.

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1. Irán: la sucesión de Jamenei y la lógica de la resistencia

La semana ha estado dominada por dos hechos verificados de primer orden en el interior iraní. El primero: la muerte del Líder Supremo Ali Jamenei en el contexto de los ataques conjuntos de EEUU e Israel, confirmada por múltiples fuentes independientes, entre ellas Crisis Group, Bellingcat y Politico. El segundo: la designación de Mojtaba Jamenei —hijo del fallecido— como nuevo Líder Supremo, anunciada por la organización clerical competente según informó la prensa iraní y recogieron Foreign Policy y Politico.

La elección de Mojtaba Jamenei es analíticamente significativa por varias razones. En términos de doctrina chiita, la sucesión hereditaria del cargo de Líder Supremo carece de precedente y contradice los principios del velayat-e faqih tal como fueron formulados por Jomeini. Varios analistas, entre ellos Karim Sadjadpour en una conversación recogida por Foreign Affairs, apuntan a que esta decisión refleja la urgencia de mantener la cohesión del aparato de poder en condiciones de guerra, antes que una deliberación teológica ordenada. Se trata, en todo caso, de una interpretación analítica: la dinámica interna del Consejo de Expertos en estas circunstancias no puede verificarse de forma independiente con los datos disponibles.

Lo que sí está confirmado es la posición pública iraní ante las exigencias de Washington. El presidente Masoud Pezeshkian rechazó la demanda de "rendición incondicional" formulada por Trump, afirmando el compromiso de Irán con la defensa de su soberanía. El ministro de Exteriores Abbas Araghchi fue más explícito: si EEUU busca escalar, eso es lo que obtendrá. Al mismo tiempo, Pezeshkian anunció que Irán cesará los ataques contra sus vecinos salvo que sea atacado desde su territorio, una señal que varios analistas interpretan como un intento de reducir el frente sin ceder en lo esencial. Esta lectura es plausible pero no puede cerrarse como hecho: la posición iraní podría responder tanto a un cálculo táctico como a presiones internas sobre la capacidad militar del régimen.

Desde el punto de vista militar, Bellingcat ha documentado mediante imágenes satelitales ataques a estaciones de policía iraníes y ha verificado el impacto de misiles Tomahawk en zonas próximas a infraestructura civil, incluyendo un incidente filmado junto a una escuela de niñas. El embajador de EEUU ante la ONU no atribuyó directamente a Irán el ataque a la escuela, reconociendo que "ocasionalmente se cometen errores trágicos". La Fuerza Aérea israelí informó de más de 5.000 bombas lanzadas sobre Irán desde el inicio de la operación, según un comunicado recogido por Crisis Group.

En el frente kurdo, una dirigente kurda iraní vinculó públicamente una posible ofensiva terrestre a la creación de una zona de exclusión aérea impuesta por EEUU. Esta posibilidad no ha podido verificarse de forma independiente y debe tratarse como escenario contingente, no como hecho en curso.

La pregunta central que plantean analistas de Foreign Affairs y Foreign Policy es si el régimen iraní, bajo nueva dirección y en condiciones de presión militar sostenida, tiene capacidad y voluntad de resistir hasta forzar una negociación, o si la exigencia de rendición incondicional de Trump cierra ese espacio. Una encuesta entre expertos en relaciones internacionales recogida por Foreign Policy muestra una desaprobación muy elevada de la operación entre la comunidad académica especializada, aunque este dato refleja opinión experta, no pronóstico.

2. Europa ante la guerra: fractura atlántica y dilemas de seguridad

La guerra en Irán está actuando como acelerador de tensiones preexistentes entre Washington y sus aliados europeos, con consecuencias que van más allá de la retórica diplomática.

El dato más concreto de la semana en este ámbito es la declaración del líder del SPD, Lars Klingbeil, socio de coalición del canciller Friedrich Merz, afirmando que la campaña contra Irán "no es nuestra guerra". La declaración, recogida por Politico EU, tiene relevancia política inmediata: Merz ha apostado por una reconfiguración de la política de defensa alemana, pero su propio socio de gobierno marca distancias respecto a la operación liderada por Washington. Esto no implica una ruptura de la coalición —que acaba de formarse— pero sí una tensión interna que limita el margen de maniobra del canciller en política exterior.

El primer ministro holandés Rob Jetten fue más directo: declaró que los ataques sobre Irán no se ajustan al derecho internacional. Esta posición, confirmada por Politico EU, sitúa a los Países Bajos en una postura crítica respecto a la operación, aunque sin anunciar medidas concretas. La Unión Europea, por su parte, no ha adoptado una posición común verificable en el período analizado.

En el plano de seguridad, la explosión en la embajada de EEUU en Oslo está siendo investigada como posible acto terrorista, según confirmó Politico EU. No hay sospechosos identificados públicamente y la investigación está en curso. El incidente añade una dimensión de riesgo en suelo europeo que las autoridades de seguridad del continente están monitorizando.

Las consecuencias económicas del conflicto sobre Europa son ya verificables. Los precios del combustible de aviación han alcanzado máximos de 28 meses, según Politico EU, con aerolíneas europeas preocupadas por el posible cierre de rutas aéreas sobre Azerbaiyán. El impacto sobre el transporte marítimo también es creciente, aunque las perturbaciones en el Estrecho de Hormuz —analizadas en ediciones anteriores— siguen siendo el vector principal.

Un elemento adicional de tensión es la posición del Reino Unido. Trump afirmó públicamente que el primer ministro Starmer buscaba unirse a la guerra "después de que ya la hubiéramos ganado", una declaración que Politico EU recogió y que refleja tanto la narrativa de Washington sobre el estado del conflicto como las fricciones con Londres. No ha podido verificarse de forma independiente cuál fue exactamente la comunicación entre ambos gobiernos que motivó el comentario de Trump.

En el plano político interno europeo, los Verdes alemanes obtuvieron una victoria en un voto estatal que complica la posición de Merz, mientras el FDP —partido liberal— enfrenta el riesgo de quedar por debajo del umbral electoral en futuros comicios regionales. Estos movimientos internos no están directamente vinculados al conflicto en Irán, pero configuran el contexto de fragilidad política en el que Alemania debe tomar decisiones de política exterior de calado.

La pregunta que varios análisis de Chatham House y del Real Instituto Elcano plantean —sin respuesta definitiva— es si Europa está en condiciones de articular una posición autónoma coherente o si la fragmentación interna la condena a la irrelevancia en el momento en que el orden de seguridad transatlántico se reconfigura de forma acelerada.

3. Kazajistán: referéndum constitucional y reconfiguración en Asia Central

Mientras Oriente Medio absorbe la atención global, Asia Central registra esta semana un desarrollo de relevancia propia: Kazajistán celebrará el 15 de marzo de 2026 un referéndum sobre una reforma constitucional, según confirmó el Real Instituto Elcano en un análisis publicado durante el período.

El contexto es relevante. Kazajistán es el Estado más grande de Asia Central por superficie y el de mayor peso económico, con reservas energéticas significativas y una posición geográfica que lo sitúa entre Rusia, China y el espacio de influencia occidental. El presidente Kassym-Jomart Tokayev ha impulsado desde 2022 un proceso de reformas que, según varios analistas, busca consolidar su posición personal en el aparato de poder al tiempo que diferencia su mandato del de su predecesor Nursultán Nazarbáyev.

El contenido específico de las reformas constitucionales sometidas a referéndum no ha podido verificarse en detalle a partir de las fuentes disponibles esta semana. El análisis de Elcano apunta a que los cambios están relacionados con la dinámica de consolidación del Estado y el equilibrio de poderes internos, sin precisar el alcance exacto de las modificaciones. Esta limitación factual obliga a ser cautelosos en la interpretación.

Lo que sí puede afirmarse con base en fuentes solventes es que el referéndum se produce en un momento de reconfiguración de las relaciones de Kazajistán con sus grandes vecinos. Moscú ha visto reducida su capacidad de presión sobre las repúblicas centroasiáticas desde el inicio de la guerra en Ucrania, mientras Pekín ha incrementado su presencia económica en la región. Kazajistán ha mantenido una política de equilibrio —denominada en la literatura especializada como *multi-vector*— que le ha permitido mantener relaciones funcionales con Rusia, China y Occidente simultáneamente.

El referéndum constitucional, en este contexto, puede leerse como un intento de Tokayev de reforzar la legitimidad interna de su gobierno en un momento en que las presiones externas —incluida la guerra en Irán y sus efectos sobre los mercados energéticos— generan incertidumbre económica. Kazajistán es un exportador neto de hidrocarburos y la volatilidad de los precios del petróleo derivada del conflicto en Oriente Medio tiene efectos directos sobre sus ingresos fiscales.

Varios analistas apuntan también a que la reforma constitucional podría estar diseñada para facilitar una transición ordenada del poder a medio plazo, aunque esta interpretación no está respaldada por declaraciones oficiales verificables. La ausencia de observación internacional independiente robusta en referéndums anteriores en Kazajistán es un factor que limita la posibilidad de evaluar el proceso con precisión.

Lo que vigilar: si el referéndum se celebra con normalidad el 15 de marzo, si los resultados son impugnados por actores internos o externos, y cómo reacciona Moscú ante cualquier señal de mayor autonomía kazaja respecto a la órbita rusa.

Diplomacia en Movimiento y Espionaje

Wang Yi y la "ofensiva de encanto" china ante la cumbre Trump-Xi.

El ministro de Exteriores chino Wang Yi adoptó un tono conciliador en declaraciones públicas esta semana, describiendo 2026 como un "gran año" para las relaciones sino-estadounidenses. Politico recoge que Pekín se prepara para una reunión entre Xi Jinping y Trump prevista para finales de mes. El contexto es relevante: China ha evitado posicionarse abiertamente en el conflicto con Irán, y varios análisis de Foreign Affairs y Foreign Policy sugieren que Pekín no tiene intención de asumir el papel de garante de seguridad de Teherán, aunque mantiene sus intereses petroleros en el país. La cumbre, si se confirma, será el primer encuentro directo entre ambos líderes desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

Explosión en la embajada de EEUU en Oslo.

Una explosión en las inmediaciones de la embajada estadounidense en Oslo está siendo investigada por las autoridades noruegas como posible acto terrorista, según confirmó Politico EU. No hay sospechosos identificados públicamente. El incidente se produce en un contexto de elevada alerta de seguridad en instalaciones diplomáticas occidentales tras el inicio de las operaciones militares contra Irán. Las agencias de inteligencia europeas están evaluando si existe conexión con actores vinculados a Teherán, aunque esta hipótesis no ha podido verificarse de forma independiente.

Turquía estudia el despliegue de cazas F-16 en Chipre del Norte.

Según informó el canal TRT Haber y recogió Politico EU, Ankara estaría considerando el envío de cazas F-16 a la República Turca del Norte de Chipre. La medida, si se confirma, tendría implicaciones directas para la seguridad en el Mediterráneo oriental y para las relaciones de Turquía con la UE y la OTAN. La información procede de una fuente oficial turca pero no ha sido confirmada por declaraciones del gobierno de Ankara.

Aliados europeos y asiáticos temen quedarse sin armamento comprado a EEUU.

Politico recoge las preocupaciones de varios aliados ante el ritmo de consumo de munición del Pentágono en las operaciones contra Irán, que podría retrasar o comprometer la entrega de armamento ya adquirido. Esta tensión logística tiene implicaciones directas para la capacidad defensiva de países como Ucrania, que depende de suministros estadounidenses, y para aliados en el Indo-Pacífico que han incrementado sus pedidos de material militar en los últimos dos años.

Espionaje: la herramienta Turnstone de Bellingcat para rastreo de vuelos.

Bellingcat ha publicado esta semana una nueva herramienta de fuentes abiertas denominada Turnstone, diseñada para rastrear y visualizar datos históricos y espaciales de vuelos aéreos e identificar patrones atípicos. La herramienta tiene aplicaciones directas en la detección de movimientos de aeronaves militares o gubernamentales no declarados, un recurso que las comunidades de inteligencia abierta han utilizado con eficacia en conflictos recientes. Su disponibilidad pública amplía las capacidades de verificación independiente en zonas de conflicto.

## Cierre

Qué cambia. La muerte de Jamenei y la designación de su hijo como sucesor alteran la estructura de poder en Teherán, aunque sin señales verificables de que el nuevo liderazgo esté dispuesto a negociar en los términos exigidos por Washington. La fractura entre EEUU y sus aliados europeos es ya explícita en declaraciones oficiales de Países Bajos y Alemania.

Qué sigue incierto. Si la exigencia de rendición incondicional de Trump es una posición de apertura negociadora o una línea roja real. Si las milicias chiitas iraquíes mantendrán su relativa inactividad. Si la explosión en Oslo tiene conexión con actores vinculados a Irán.

Qué vigilar la próxima semana. El referéndum constitucional en Kazajistán el 15 de marzo. La posible cumbre Trump-Xi y sus señales sobre la posición china ante el conflicto. Cualquier movimiento de las fuerzas kurdas en el norte de Irán. La evolución de los precios del crudo como indicador de la percepción de riesgo en los mercados.

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Radar de Riesgo

Índice de riesgo global: Medio-Alto.
En escalada: conflicto multifrente en Oriente Medio con nuevo liderazgo iraní sin señales de negociación; fractura atlántica ante la guerra; tensión logística en suministro de armamento a aliados.
Emergente: posible activación del frente kurdo en Irán; referéndum kazajo como indicador de reconfiguración en Asia Central.
Vigilar esta semana: cumbre Trump-Xi y posición china; resultado del referéndum en Kazajistán; nuevos incidentes de seguridad en suelo europeo.

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Esa ficción tenía un nombre oficial: el orden internacional liberal basado en reglas. Tenía instituciones, retórica y, sobre todo, una utilidad práctica. Hoy no ha desaparecido del todo, pero ha perdido lo único que la sostenía: la creencia, suficientemente extendida, de que valía la pena respetarla.

El interregno y sus monstruos

Tanto Pol Morillas, del CIDOB, en el último almuerzo coloquio que celebramos en el Círculo del Liceo, como el European Council on Foreign Relations describe el momento presente como un “interregno geopolítico”: un tiempo en que las viejas reglas siguen formalmente en pie pero ya no gobiernan los asuntos globales, mientras que un nuevo orden —o nuevos órdenes— no han terminado de emerger. Es una descripción precisa, aunque fría. Porque en los interregnos, como advirtió Gramsci hace un siglo en circunstancias muy distintas, surgen los monstruos.

Los monstruos de este interregno no tienen cuernos ni garras. Tienen la forma de un veto en el Consejo de Seguridad que nadie ya cree que cambiará nada, de una cumbre del G7 cuyos comunicados finales nadie lee, de una alianza atlántica que sigue reuniéndose pero que ya no comparte el mismo relato sobre por qué existe. Son monstruos burocráticos, institucionales, narrativos. Y son, precisamente por eso, más difíciles de señalar y combatir.

La administración Trump llegó al poder en enero de 2025 con una visión del mundo que, en el lenguaje de su propia Estrategia de Seguridad Nacional, apenas menciona el “orden internacional basado en reglas” y cuando lo hace, es para referirse a él como un “supuesto” orden —”so-called”, en el original— que las administraciones anteriores usaron, según este relato, para contener a China sin eficacia. En su lugar, la palabra que aparece ocho veces en el documento es “frontera”. No es una metáfora. Es un programa.

Los efectos de este cambio de paradigma se han ido acumulando desde entonces con la lógica implacable de una bola de nieve. En el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2026, el ambiente fue descrito por Michael Froman, presidente del Council on Foreign Relations, no como “el espíritu del diálogo” —que era el lema oficial del encuentro—, sino como “la realidad del monólogo”. Trump, en sus propias palabras, no solo robó el show; fue el show.

II. El nuevo realismo y sus apóstoles

Lo que algunos analistas han empezado a llamar el “nuevo realismo” no es exactamente una doctrina. Es más bien un estado de ánimo colectivo entre quienes toman decisiones: la aceptación, a veces resignada y a veces entusiasta, de que las reglas ya no rigen y de que cada actor debe labrarse su propio camino.

El discurso más elocuente de esta nueva era no vino de una superpotencia. Vino de Canadá. Mark Carney, primer ministro, articuló en Davos lo que muchos líderes de potencias medias piensan pero no siempre se atreven a decir: que si no estás en la mesa, estás en el menú. Su llamada a una “geometría variable” y a “coaliciones de voluntad” no era retórica; era una respuesta práctica a la constatación de que el paraguas de seguridad y comercio que Washington ofrecía —o al menos fingía ofrecer— ya no puede darse por garantizado.

El término que resumió el espíritu de Davos fue uno que había nacido para describir la estrategia europea hacia China: “derisking”. Reducir la dependencia, diversificar los vínculos, no poner todos los huevos en la misma canasta. Ahora ese término se aplica, con una mezcla de incomodidad y pragmatismo, a Estados Unidos.

Que Canadá haya firmado este mismo mes de enero un acuerdo comercial bilateral con China —algo impensable hace apenas tres años— no es una traición ni un giro ideológico. Es una cobertura. Es lo que hacen los actores racionales cuando las reglas del juego cambian y los árbitros dejan de ser neutrales.

Que Froman, desde el CFR, advierta que “la seducción (flirtation) sola es improbable que supere los factores estructurales militares y económicos que atan a la mayor parte del mundo a Estados Unidos” es igualmente verdad. La autonomía estratégica es, por ahora, más aspiración que realidad. Pero las aspiraciones, cuando se repiten con suficiente convicción en suficientes capitales, acaban moldeando el mundo.

III. El mapa del fuego

Fuera del salón de Davos, el mundo ardía con una literalidad que hacía difícil mantener la compostura analítica.

La guerra de Ucrania entra en su cuarto año sin que ninguna de las partes haya conseguido una victoria decisiva ni las condiciones para una paz duradera. Lissner y Warden, en Foreign Affairs, describen este conflicto como “un tutorial trágico y costoso del conflicto del siglo XXI”. Sus lecciones son incómodas: el riesgo de uso de armas nucleares es real y no puede descartarse; incluso bajo la sombra nuclear, la guerra convencional prolongada es posible; los umbrales de escalada no están fijados de antemano; y la fricción con los aliados sobre tolerancia al riesgo es inevitable. Son cuatro lecciones que ningún ministerio de defensa occidental quería aprender, y que sin embargo ha tenido que integrar en sus doctrinas a marchas forzadas.

Pero Ucrania ya no es el único ni siquiera el más candente de los focos. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra instalaciones en todo Irán, en una operación que transforma en método lo que era un tabú. La muerte del ayatolá Alí Jamenei —consecuencia directa de esos ataques— representa, en palabras de Kristina Kausch del German Marshall Fund, “una ruptura geopolítica en múltiples niveles que probablemente sacudirá no solo la seguridad de Oriente Medio y los mercados globales de comercio y energía, sino también las suposiciones fundamentales sobre el orden de seguridad internacional”.

Lo que hace esta guerra particularmente grave no es solo su escala inmediata. Es el precedente que establece. Steven Simon, en The Economist, señala que el objetivo declarado de la “contención nuclear” ha sido desplazado por el cambio de régimen como fin real de la operación, aunque nadie en Washington lo llame así oficialmente. El presidente Trump instó públicamente a los iraníes a “tomar el control” de su gobierno. Es el lenguaje del cambio de régimen, vestido con la indumentaria de la liberación.

Los expertos del Atlantic Council advierten que lo que ocurre en Irán no se quedará en Irán. El Estrecho de Ormuz, conducto de aproximadamente el 20% del petróleo comercializado globalmente, es un punto de estrangulamiento cuyo cierre —incluso parcial, incluso temporal— dispararía los precios de la energía a niveles que superarían los picos de crisis anteriores. El euro, ya estructuralmente débil por el bajo crecimiento y el alto endeudamiento europeo, sufriría una presión adicional. Los países importadores de energía del sur de Asia y el África subsahariana entrarían en espiral.

Y, mientras tanto, al sur del Atlántico, una guerra civil en Sudán cumplía el 9 de enero de 2026 sus 1.000 días. Treinta y tres millones de personas —dos tercios de la población— necesitando asistencia humanitaria urgente. Quince millones desplazados. El mayor movimiento de personas del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Y una presencia en los medios internacionales y en las agendas de los think tanks de primer nivel que rozaba el cero absoluto. Que el Council on Foreign Relations le dedicara un párrafo breve es, en este contexto, casi un acto de valentía editorial.

IV. La ansiedad europea y la paradoja de la autonomía

Ningún continente está procesando este cambio de época con más dificultad que Europa. Y ningún continente tiene, al mismo tiempo, más que perder si no acierta en su respuesta.

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, advirtió en la Conferencia de Seguridad de Múnich con una franqueza inusual en un cargo de su naturaleza: Rusia ha traído la guerra de vuelta a Europa y es necesario prepararse para la escala de conflicto que conocieron generaciones anteriores. No es retórica. El IISS documenta que para 2027, Rusia podría haber recuperado sus capacidades militares previas a la invasión de Ucrania de 2022. El flanco oriental de la OTAN ya sufre incursiones de drones y actos de sabotaje con una frecuencia que la opinión pública occidental apenas percibe.

La respuesta europea ha tomado dos formas simultáneas, no siempre coherentes entre sí.

La primera es el rearme. El gasto en defensa creció el año pasado un 11,4% en términos reales en Europa, impulsado por la percepción de una amenaza existencial. Alemania ha anunciado una inversión de 35.000 millones de euros para desarrollar capacidades militares en el espacio —satélites espía, una constelación de comunicaciones seguras, investigación en láseres ofensivos—, un programa que el General Michael Traut, jefe del Bundeswehr Space Command, presentó como una respuesta a las crecientes amenazas de Rusia y China en la órbita terrestre. La noticia, publicada días después de que el Financial Times revelara que vehículos espaciales rusos podrían haber interceptado las comunicaciones de al menos una docena de satélites clave europeos, adquiere una urgencia particular. Polonia y los países bálticos construyen sistemas de defensa por capas en sus fronteras. Francia y el Reino Unido han firmado la Declaración de Northwood, que establece un marco de coordinación nuclear bilateral con una afirmación rotunda: no hay amenaza extrema para Europa que no provoque una respuesta de ambas naciones.

La segunda forma de respuesta es retórica y, en su misma formulación, revela la contradicción. En Múnich, los líderes europeos se proclamaron independientes con una simultaneidad y una insistencia que resultaba, paradójicamente, reveladora de su dependencia. El primer ministro británico Keir Starmer dijo que Europa debe sostenerse sobre sus propios pies. El ministro de Exteriores francés prometió una Europa fuerte e independiente. Ursula von der Leyen: Europa debe volverse más independiente, no hay otra opción. Y sin embargo, como observó Richard Fontaine del CNAS, los mismos líderes que clamaban por la independencia temían el abandono. El canciller alemán Friedrich Merz admitió sin rodeos: “No podemos garantizar nuestra seguridad por nosotros mismos”. Starmer matizoó que su apuesta por la autonomía “no presagia la retirada de EE.UU.”.

Es la contradicción central de Europa hoy: quiere ser independiente, pero no puede permitirse serlo del todo. Necesita la cobertura nuclear de Washington, las cadenas logísticas de la industria de defensa americana, la red de inteligencia de los Five Eyes. Y al mismo tiempo, la credibilidad de ese paraguas se ha reducido al mínimo. Según la última encuesta del ECFR, menos europeos que nunca consideran a Estados Unidos bajo Trump como “un aliado que comparte nuestros intereses y valores”. La encuesta del Atlantic Council Welcome to 2036, publicada en febrero, añade un dato escalofriante: casi la mitad de los expertos en seguridad internacional consultados cree que la OTAN ya no existirá en su forma actual en diez años.

V. La guerra en la sombra

Bajo la superficie de los conflictos declarados y las cumbres diplomáticas, una guerra distinta y más difusa se libra con creciente intensidad.

Entre el 6 y el 12 de enero, mientras los titulares internacionales estaban dominados por la crisis en Venezuela y las amenazas a Groenlandia, al menos seis cables de comunicaciones submarinos fueron cortados en el fondo del Mar Báltico. Elisabeth Braw, analista del Atlantic Council, lo describió con precisión clínica: “Mientras la OTAN estaba distraída por la crisis de Groenlandia, los ataques pasaron casi desapercibidos”. Es exactamente el objetivo de este tipo de operaciones: explotar la sobrecarga informativa para ejecutar acciones encubiertas de alto impacto estratégico. Los cables submarinos son el sistema nervioso de la economía global —transacciones financieras, comunicaciones gubernamentales, intercambio de datos en tiempo real— y su vulnerabilidad es, en el siglo XXI, el equivalente a la vulnerabilidad de las rutas marítimas en el XIX.

El Instituto RUSI ha documentado un “marcado aumento” en las operaciones híbridas contra estados miembros de la OTAN desde 2022. El sabotaje de infraestructuras, señalan, es “una herramienta central de la guerra híbrida, cuyo uso está creciendo”. Que el buque de carga Fitburg, vinculado a Rusia y retenido por Finlandia en enero por sospechas de sabotaje, apenas generara cobertura mediática es el síntoma más claro del problema: la sociedad occidental no ha desarrollado aún los mecanismos cognitivos para procesar una guerra que no tiene frentes visibles, uniformes reconocibles ni declaraciones formales.

La comunidad de inteligencia estadounidense, entretanto, atraviesa su propia crisis interna. El escándalo de la brecha de seguridad en la aplicación de mensajería Signal ha sido descrito por veteranos de la CIA como “la punta del iceberg”. Los despidos masivos de altos ejecutivos del FBI, sin el debido proceso, han llevado al senador Mark Warner a pedir la dimisión de la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Múltiples informes indican que los socios de los Five Eyes —Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda— están “horrorizados” ante la politización de los servicios y que la confianza en el intercambio de información con Washington se ha erosionado peligrosamente. En un momento en que la guerra en la sombra exige precisamente más inteligencia compartida y más confianza institucional, el principal actor de esa arquitectura la está desmantelando desde dentro.

VI. Las grietas internas: polarización y el precio de la complicidad

Las amenazas externas tienen un eco en el interior de las sociedades occidentales que las hace más difíciles de gestionar. Anatol Lieven, en un análisis publicado en Responsible Statecraft, argumenta que la debilidad y la complicidad de los gobiernos europeos ante conflictos como el de Gaza o la guerra contra Irán están radicalizando la política interna con una velocidad que los propios partidos gobernantes no han calculado.

Su ejemplo es una elección parcial en Manchester. Los Verdes, impulsados por el voto de la comunidad musulmana paquistaní y los profesionales blancos progresistas, quedaron primeros. El populista Reform quedó segundo. El Partido Laborista fue relegado al tercer puesto en un escaño que había mantenido durante casi cien años. Los conservadores obtuvieron el 3,2% de los votos. Es una fotografía de una sociedad que se está fragmentando según líneas que los viejos partidos de masas no saben leer.

La polarización tiene su propia lógica de retroalimentación. En la izquierda, la adhesión a agendas culturales progresistas choca con el conservadurismo social de amplias comunidades de origen inmigrante. En la derecha, el deseo de la clase trabajadora de alto gasto social e intervencionismo estatal choca con el de la clase media urbana de fiscalidad baja y desregulación. Estas divisiones, como advierte Lieven, “probablemente solo alentarán a los liderazgos a mantener la unidad aumentando el miedo y el odio hacia sus oponentes políticos”. Es el círculo vicioso de la polarización: cada fractura exige una respuesta que produce nuevas fracturas.

El Informe de Seguridad de Múnich de 2026, titulado Under Destruction, describe una “pérdida generalizada de confianza en reformas significativas y correcciones del rumbo político” y un “creciente sentimiento de impotencia individual y colectiva” entre los ciudadanos de las democracias occidentales. La primera ministra italiana Giorgia Meloni advirtió en la propia conferencia que cualquier división de Occidente beneficia a quienes desean ver el declive no de su poder o influencia, sino de sus principios fundacionales, comenzando por la libertad. No es, viniendo de Meloni, una cita exenta de ironía. Pero tampoco es falsa.

VII. El oro, los bancos centrales y la crisis de confianza en el dinero

Los mercados no mienten, aunque sí confunden. La semana del 26 de enero al 1 de febrero fue, en los mercados de metales preciosos, una de las más turbulentas de la historia reciente. El oro llegó a un récord cercano a los 5.600 dólares la onza antes de desplomarse un 21%. La plata cayó un 40% desde su máximo de 122 dólares. Números que suenan a corrección técnica pero que, debidamente contextualizados, revelan algo más profundo: una crisis de confianza en el dinero como institución.

La teoría del “debasement” (la degradación de la moneda) es la narrativa que mejor explica este comportamiento. En un entorno de deudas públicas récord —la de Estados Unidos alcanza los 38 billones de dólares—, de años de políticas monetarias expansivas y de incertidumbre geopolítica sin precedentes, los inversores buscan activos que no puedan ser devaluados por decisión de un gobierno o un banco central. El oro, que no tiene contraparte, no paga intereses y no depende de ninguna promesa institucional, se convierte en el refugio de quienes han dejado de confiar en las instituciones.

El dato más revelador no está en el precio del metal, sino en quién lo está comprando. Por primera vez desde 1996, los bancos centrales extranjeros poseen más oro en reservas que bonos del Tesoro de Estados Unidos. China, Turquía y otras potencias llevan meses acumulando reservas físicas para reducir su dependencia del dólar. Es, según el análisis de Brookings, una reconfiguración silenciosa del poder financiero global que se mide en toneladas métricas y que anticipa un orden monetario en transición.

Esta dinámica se inscribe en un cuadro más amplio de asedio a las instituciones tecnocráticas que, durante décadas, han sostenido la estabilidad económica. El 13 de enero, en un movimiento extraordinario y sin precedentes, once jefes de bancos centrales —incluyendo los del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo— firmaron una declaración conjunta de “solidaridad total” con Jerome Powell, presidente de la Fed, que enfrentaba amenazas de investigación penal por parte de la administración Trump. “La independencia de los bancos centrales es una piedra angular de la estabilidad de precios, financiera y económica”, rezaba el documento. El hecho de que ese principio necesitara ser proclamado en una declaración conjunta de emergencia dice más sobre el estado actual de las instituciones que el contenido mismo de la declaración.

The Economist fue uno de los pocos medios en señalar que el problema no es exclusivamente estadounidense. En varios países europeos, futuros gobiernos populistas podrían erosionar la protección que los tratados ofrecen al BCE. El caso de Turquía —donde la interferencia política en el banco central disparó las expectativas de inflación y ahuyentó la inversión— sirve como advertencia de que las consecuencias no son abstractas. El ex presidente del BCE Jean-Claude Trichet declaró a CNBC que la ofensiva de Trump contra la Fed representa “una amenaza para la estabilidad financiera global”. Janet Yellen, en Brookings, advirtió sobre los riesgos de la “dominancia fiscal”, ese estado en que la presión política para financiar déficits insostenibles compromete la capacidad de un banco central para controlar la inflación.

VIII. El orden que viene

Marco Rubio lo dijo con la franqueza brutal que a veces tienen las administraciones que ya no sienten la necesidad de disimular: “El viejo mundo se ha ido, francamente”. Friedrich Merz, canciller alemán, confirmó que el orden de posguerra, “por imperfecto que fuera en sus mejores momentos, ya no existe”.

Son dos frases que resumen, con precisión no exenta de cierta arrogancia, el momento que vivimos. Pero lo que no dicen —lo que nadie dice con claridad, porque nadie lo sabe— es qué viene después.

El debate entre los analistas está genuinamente abierto. Para los realistas clásicos, como Stephen M. Walt, esto no es más que la teoría del equilibrio de poder en acción: nadie debería sorprenderse de cómo el mundo reacciona ante las amenazas de una superpotencia errática. Para los institucionalistas liberales, la erosión de las normas multilaterales es un camino hacia la inestabilidad sistémica. Para una tercera escuela —la de la interdependencia estructural, representada por Froman— los coqueteos con nuevas alianzas tienen límites reales: los factores estructurales militares y económicos siguen atando a la mayor parte del mundo a Estados Unidos, quieran o no.

La paradoja es que todos los actores del sistema buscan hoy una mayor autonomía estratégica, pero ninguno parece capaz de alcanzarla por completo. La Unión Europea necesita a India para diversificar sus cadenas de suministro, pero India prioriza sus relaciones bilaterales con Francia y Alemania sobre un enfoque unificado europeo, y al mismo tiempo no puede alienar a Rusia, su proveedor histórico de armas y energía. India necesita a Europa como contrapeso a China, pero tampoco puede permitirse quemar sus puentes con Washington. Y Estados Unidos, a pesar de su retórica de “America First”, negocia complejos acuerdos sobre bases en Groenlandia para mantener su proyección de poder en el Ártico.

Nadie tiene las manos libres. Nadie tiene la suficiente autonomía. Todos son prisioneros del sistema que dicen querer abandonar.

Lo que sí está claro, tras estos meses de observación, es que la nostalgia por el orden perdido no es una estrategia. Que el debate ya no puede ser sobre cómo convencer a las administraciones actuales de que están equivocadas, sino sobre cómo construir un sistema que pueda operar con o sin ellas, y a veces a pesar de ellas. Y que las sociedades que decidan sentarse a esperar a que pase la tormenta, confiando en que el viento girará y las instituciones se restaurarán solas, corren el riesgo de despertar en un mundo irreconocible en el que ya no tendrán voz.

El historiador Tony Judt escribió, en sus últimos años, que los europeos habían olvidado lo difícil que era construir lo que tenían. Que daban por sentadas cosas que habían costado décadas y millones de muertos. Quizás 2026 sea el año en que esa clase de olvido empiece, finalmente, a resultar demasiado cara.

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Este artículo forma parte de la serie monográfica del Boletín de Situación Internacional. Las fuentes primarias utilizadas incluyen análisis del ECFR, Chatham House, el German Marshall Fund, el Atlantic Council, el IISS, el Council on Foreign Relations, War on the Rocks, Foreign Affairs, Responsible Statecraft y el Informe de Seguridad de Múnich 2026, entre otras.

Los tres asuntos comparten un rasgo común: obligan a reexaminar supuestos que hasta hace poco se daban por estables (la vigencia de la diplomacia nuclear, la dependencia europea del paraguas de seguridad estadounidense y el precario equilibrio en la frontera af-pak).

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1. Operación Furia Épica: el ataque contra Irán y sus consecuencias

Los hechos, en lo esencial, son los siguientes. El sábado 28 de febrero, fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de bombardeos contra objetivos militares y nucleares iraníes. La Casa Blanca presentó la operación como un esfuerzo para desmantelar el programa nuclear iraní y su capacidad balística. El resultado más grave fue la muerte del Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, junto a gran parte de la dirección del régimen. Trump indicó que la campaña podría prolongarse «cuatro o cinco semanas si es necesario».

Teherán respondió con lanzamientos de misiles contra Israel y contra bases estadounidenses en Baréin, Kuwait, Jordania, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, causando la muerte de al menos tres militares estadounidenses. La consecuencia económica inmediata ha sido el cierre de facto del Estrecho de Ormuz: las principales aseguradoras marítimas han suspendido la cobertura para petroleros en la ruta, por donde fluye en torno al 20% del suministro mundial de crudo. El Brent, lógicamente, se ha disparado.

El momento del ataque plantea cuestiones incómodas. La operación coincidió con la tercera ronda de negociaciones nucleares entre EE.UU. e Irán en Ginebra. Según fuentes diplomáticas, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, había propuesto suspender el enriquecimiento de uranio durante varios años. Esa coincidencia ha alimentado la lectura de que la diplomacia funcionó como cobertura de la operación militar, no como alternativa a ella.

«No sería irrazonable que los funcionarios iraníes asumieran que la diplomacia fue una mera artimaña antes de que cayeran las bombas. Es hora de decir adiós al control de armas.»

— Ray Takeyh, Council on Foreign Relations

Sobre la legalidad, las posiciones están claramente divididas. Chatham House califica la operación como «guerra preventiva» y la considera una violación del principio de la Carta de la ONU que prohíbe el uso de la fuerza excepto en legítima defensa ante un ataque inminente. La justificación de Washington, basada en una lista de agravios acumulados desde 1979, no satisface ese criterio según los analistas de Chatham House. En el otro extremo, Elliott Abrams (CFR, ex enviado especial para Irán) defiende la operación como la traducción de un cambio de objetivo: de la degradación de capacidades se ha pasado a buscar el cambio de régimen.

Sobre el futuro del régimen hay menos consenso aún. Takeyh, desde el CFR, mantiene que «la teocracia probablemente sobrevivirá, maltrecha pero en pie». El Atlantic Council, en cambio, explora la hipótesis de un «IRGCistán»: un Estado controlado por la Guardia Revolucionaria Islámica, que podría resultar más radical o, según las circunstancias, más dispuesto a negociar a cambio de supervivencia económica. Los precedentes de Irak (2003) y Libia (2011) invitan a recelar de las previsiones optimistas sobre qué ocurre tras un golpe exterior a un régimen autoritario.

2. Europa nuclear: Macron, la Declaración de Northwood y el debate sobre la autonomía

La crisis iraní ha funcionado como acelerador de un debate que llevaba años avanzando a ritmo lento en las capitales europeas: la necesidad de una disuasión nuclear propia y de una autonomía estratégica que no dependa enteramente de la cobertura de seguridad estadounidense. El lunes 2 de marzo, el presidente francés, Emmanuel Macron, presentó la nueva doctrina nuclear de Francia.

Macron descartó cualquier forma de «control europeo compartido» sobre el arsenal francés —una línea roja constitucional en París—, pero abrió la puerta a un diálogo con los socios europeos sobre el papel que la disuasión francesa puede desempeñar en la seguridad del continente. El gesto importa más por lo que sugiere que por lo que compromete: Francia sigue sin compartir el botón nuclear, pero acepta hablar sobre cómo su arsenal encaja en una arquitectura de defensa europea más amplia.

El discurso se inscribe en el marco de la Declaración de Northwood, un acuerdo bilateral firmado en julio de 2025 entre Francia y el Reino Unido para profundizar su coordinación en materia nuclear. El Center for Strategic and International Studies (CSIS) valora que Northwood «mejora la credibilidad de una contribución genuinamente europea a la disuasión nuclear y profundiza el reparto de cargas franco-británico». En la Conferencia de Seguridad de Múnich, el primer ministro británico, Keir Starmer, se pronunció en la misma dirección: es momento de «mejorar la cooperación nuclear con Francia».

Dos factores empujan este realineamiento. Primero, la retirada progresiva de Estados Unidos de sus compromisos de seguridad europeos, un proceso que se ha acentuado con la actual administración. Segundo, la asertividad creciente de Rusia, que mantiene la presión sobre el flanco oriental de la OTAN. El fracaso del acuerdo franco-alemán para el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) había generado escepticismo sobre la capacidad de Europa para coordinarse en defensa; la crisis actual ha reavivado la urgencia del asunto.

La reacción europea a la operación en Irán refleja bien los dilemas internos del continente. España condenó la «acción militar unilateral»; la República Checa se alineó con Washington. Francia, Alemania y el Reino Unido emitieron una declaración conjunta distanciándose de la operación, lo que provocó acusaciones desde el Senado estadounidense —Lindsey Graham calificó a los europeos de «patéticamente blandos» —. Esta fractura no parece puntual. La pregunta de fondo sigue siendo la misma de los últimos años: si Europa tiene la voluntad política para respaldar con recursos y decisiones la autonomía estratégica que invoca en sus discursos.

3. Guerra en Asia Central: Pakistán contra los talibanes

El 26 de febrero, el ministro de Defensa de Pakistán anunció el inicio de una «guerra abierta» contra el régimen talibán en Afganistán. La declaración llegó tras una semana de escalada: primero, ataques aéreos pakistaníes contra supuestos campamentos del Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) en territorio afgano; después, una ofensiva talibán contra puestos fronterizos en la Línea Durand.

Islamabad justifica la operación —que ha incluido bombardeos sobre Kabul y Kandahar— como respuesta al aumento de los ataques del TTP en suelo pakistaní, incluido un atentado contra una mezquita chíí en Islamabad a principios de febrero. Los talibanes niegan dar refugio al TTP, prometen represalias y afirman que los bombardeos han afectado a objetivos civiles.

Un análisis del CSIS estima que el escenario más probable es una desescalada tras un periodo de enfrentamientos fronterizos, pero la retórica de «guerra abierta» sugiere que Islamabad podría estar barajando opciones más contundentes: una campaña de bombardeos sostenida o incluso una incursión terrestre.

El conflicto está cargado de complejidades que conviene detallar. La Línea Durand, trazada por los británicos en 1893, divide a las comunidades pastunes y los talibanes —un movimiento predominantemente pastún— nunca la han reconocido. Los vínculos entre el TTP y los talibanes afganos son ideológicos y familiares, lo que significa que una ofensiva talibán contra el TTP podría comprometer su propia cohesión interna. Pakistán acusa a los talibanes de actuar como proxy de la India, una lectura que la mayoría de los analistas considera exagerada pero que revela la profundidad de las suspicacias estratégicas de Islamabad.

Un riesgo adicional merece atención: el vacío de seguridad que un conflicto prolongado podría abrir sería terreno fértil para el Estado Islámico del Jorasán (ISIS-K), enemigo tanto de Islamabad como de los talibanes. Para Estados Unidos, la situación complica una estrategia antiterrorista en una región que sigue albergando múltiples grupos hostiles a Occidente. La retirada de Afganistán en 2021 se presentó como el cierre de un capítulo; este conflicto sugiere que el capítulo sigue abierto, solo que con actores parcialmente distintos.

Diplomacia en movimiento y espionaje

El rastro de Jamenei

SpyTalk y otros medios especializados en inteligencia han publicado detalles sobre la operación que condujo a la muerte de Jamenei. Según estos informes, la CIA llevaba meses rastreando sus movimientos y compartió la inteligencia con sus homólogos israelíes. El ataque se ejecutó con tres misiles en sesenta segundos. La precisión del operativo apunta a una penetración de inteligencia profunda en el aparato de seguridad iraní, un dato que merece atención independientemente de la valoración política que se haga de la operación.

Pegasus en Polonia

La justicia polaca ha acusado formalmente a ex jefes de los servicios de inteligencia por el uso ilegal del software espía Pegasus —de fabricación israelí— contra figuras de la oposición durante el gobierno anterior. El caso se suma a la serie de escándalos que han afectado a varias democracias europeas en relación con el uso de herramientas de vigilancia contra adversarios políticos internos.

Paz en el Congo

En el este de la República Democrática del Congo, la muerte de un alto comandante del M23 en un ataque de dron del ejército congoleño ha coincidido con un gesto diplomático: los líderes de la RDC y Ruanda han acordado reunirse en Angola para conversaciones de paz, con el objetivo de desactivar un conflicto que lleva años desestabilizando la región de los Grandes Lagos.

El dato relevante no fue solo cuantitativo: fue el significado. La actuación se interpretó mayoritariamente en español, sin traducciones ni concesiones evidentes al marco anglófono. A las pocas horas, la polarización política convirtió el espectáculo en objeto de disputa narrativa. Donald Trump lo atacó públicamente en Truth Social, subrayando que “nobody understands a word this guy is saying”. En el otro extremo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo comentó en su conferencia matutina como un gesto cargado de símbolos y de unidad continental, destacando su mensaje final sobre el amor frente al odio.

La pregunta de fondo para el análisis de relaciones internacionales es directa: ¿puede un evento de entretenimiento masivo operar como dispositivo de soft power? Y si la respuesta es sí, ¿quién lo ejerce hoy: los Estados, las plataformas o los individuos con capacidad de fijar agenda cultural?

Anatomía de un acto simbólico

Joseph Nye definió el soft power como la capacidad de influir a través de la atracción: cultura, valores y legitimidad, en contraste con la coerción del hard power. Durante décadas, el caso paradigmático ha sido el de Estados Unidos: Hollywood, las universidades, la música y el ecosistema mediático como fuentes de influencia global.

La Super Bowl es, en ese sentido, un escaparate clásico del soft power estadounidense. Pero el 8 de febrero se produjo algo llamativo: la cultura no se proyectó solo “desde” Estados Unidos hacia fuera, sino “a través” de Estados Unidos desde un vector latino —caribeño, hispanohablante— que no se tradujo. La clave no fue la presencia latina (no es nueva), sino el cambio de centro de gravedad: la audiencia mainstream tuvo que encontrarse con el artista en sus propios términos.

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La puesta en escena reforzó esa lectura. El show combinó referencias a Puerto Rico, códigos de identidad caribeña y una celebración explícita de la latinidad como comunidad cultural transnacional. Hubo apariciones invitadas que enlazaron generaciones de mainstream latino y pop global. Y el cierre articuló una idea insistente: “América” como continente, no como sinónimo exclusivo de Estados Unidos.

La reacción política como termómetro cultural

Que un halftime show active reacciones políticas no es, por sí mismo, excepcional. Lo excepcional fue la nitidez del alineamiento, la polarización en sus reacciones: la discusión giró menos sobre música y más sobre pertenencia.

Trump enmarcó la actuación como ofensa a la “grandeza” y como síntoma de decadencia cultural, insistiendo en la barrera lingüística como argumento político. La lectura no fue meramente estética: fue de identidad. En paralelo, se produjeron reacciones de signo contrario que celebraron el español como parte constitutiva de la realidad estadounidense contemporánea y como puente hemisférico.

Este patrón encaja con una intuición central de Nye: la cultura no es un “decorado” de la política; es un campo de batalla donde se disputan legitimidades, jerarquías y definiciones de “nosotros”. Cuando el conflicto por la frontera, la migración y la soberanía se intensifica, la lengua y los símbolos culturales pasan a ser variables estratégicas.

Soft power sin Estado: el actor no tradicional

Hay un elemento estructural que hace este episodio particularmente relevante: el agente de soft power no es un Estado-nación. Tampoco es una institución diplomática, ni una ONG, ni una gran empresa (aunque el sistema de plataformas sea condición de posibilidad, especialmente el ecosistema Apple). En este caso, es un individuo: un artista con alcance global, con capacidad de arrastre en plataformas y con visibilidad máxima en el evento mediático más observado del país.

En la era digital, esa condición confiere un tipo de agencia internacional que la teoría clásica tendía a subestimar. Un actor cultural puede influir en percepciones colectivas, legitimar causas simbólicas, activar identidades transfronterizas y —crucialmente— obligar a los actores políticos a posicionarse.

Esto no convierte al artista en “diplomático” ni al espectáculo en política exterior. Pero sí obliga a reconocer una realidad: una parte creciente del poder blando circula por canales no estatales y se expresa en disputas culturales internas que, a su vez, tienen proyección internacional.

El español como vector de poder blando

El español no es una lengua marginal en Estados Unidos. Es una realidad demográfica, económica y cultural de largo alcance. Sin embargo, su reconocimiento como lengua legítima del mainstream ha sido históricamente ambivalente: tolerada como mercado, discutida como identidad y, con frecuencia, politizada como frontera.

El valor estratégico del gesto de Bad Bunny fue precisamente ese: normalizar el español en el escenario más simbólico del espectáculo nacional estadounidense. No como “segmento” o “momento latino”, sino como idioma operativo del centro.

El efecto inmediato se observó en el ecosistema de plataformas. Tras el show, el consumo de su música se disparó en Estados Unidos. Axios reportó un aumento significativo de reproducciones al día siguiente, señal de que el evento no solo generó debate: también consolidó atención cultural y mercado.

Política doméstica, proyección exterior

La disputa cultural interna en Estados Unidos tiene consecuencias externas porque afecta a su capacidad de proyectar legitimidad en el hemisferio. La inclusión —o exclusión— simbólica de lo latino en la identidad americana opera como mensaje implícito hacia América Latina: sugiere qué tipo de relación imagina Washington con su entorno regional.

Desde esta perspectiva, el contraste entre la crítica de Trump y el comentario de Sheinbaum no fue anecdótico. Mostró dos narrativas hemisféricas en competencia. Una, centrada en soberanía entendida como cierre identitario. Otra, apoyada en una idea de unidad cultural continental —más sentimental que institucional, pero políticamente usable—.

Precedente e implicaciones

La historia del halftime show muestra que cada época proyecta su propia discusión identitaria: raza, género, protesta, patriotismo, fracturas y reconciliaciones. Bad Bunny introduce una variable distinta: el desplazamiento del eje lingüístico en el corazón del espectáculo nacional.

Si el precedente se consolida, podría acelerar una tendencia ya visible: el soft power estadounidense será cada vez menos “monolingüe” y menos controlable desde el Estado. Se expresará en tensiones internas, en la economía de plataformas y en actores culturales que operan transnacionalmente.

Esto abre oportunidades y riesgos. Oportunidad: una narrativa hemisférica menos asimétrica, con mayor reconocimiento cultural mutuo. Riesgo: que la cultura se convierta en sustituto emocional de la política, en una válvula simbólica sin traducción institucional.

Conclusión: límites del espectáculo, fuerza del símbolo

Conviene evitar dos errores simétricos. El primero, sobredimensionar el impacto político de un show. Un halftime show no cambia por sí solo políticas migratorias, aranceles o prioridades de seguridad. El segundo, subestimarlo. En un ecosistema donde la legitimidad se disputa en pantallas y en las redes, la cultura no solo entretiene: encuadra. Y encuadrar es poder.

Lo ocurrido el 8 de febrero en Santa Clara fue, sobre todo, un re-enfoque: una propuesta sobre quién es “americano”, qué idioma puede ocupar el centro y qué relato del continente se vuelve imaginable ante una audiencia masiva. La pregunta abierta es si esta nueva visión quedará confinado a lo simbólico o si, con el tiempo, influirá en la manera en que sociedades y gobiernos negocian pertenencia, dignidad y reconocimiento en el hemisferio occidental.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor y no representan necesariamente la posición editorial de International Relations Forum.
© 2026 International Relations Forum

Japón se encuentra en la víspera de unas elecciones generales anticipadas que prometen ser históricas, no solo por el realineamiento político que suponen, sino por la figura que las ha provocado. Takaichi Sanae, de 64 años, se ha convertido en la primera mujer en ocupar el cargo de Primera Ministra, y en apenas unos meses ha pasado de ser una figura del ala dura del Partido Liberal Democrático a un auténtico fenómeno de masas, especialmente entre los jóvenes, un grupo demográfico tradicionalmente apático en la política nipona.

Según un análisis de The Guardian, Takaichi ha logrado conectar con los votantes jóvenes de una manera que sus predecesores no consiguieron, a pesar de sus valores aparentemente conservadores. Su popularidad es tal que, como informa Reuters, el bolso de cuero negro que suele llevar está agotado y hasta su bolígrafo rosa se ha hecho viral en redes sociales bajo el hashtag #TakaichiStyle. Es el tipo de fenómeno que escapa a las categorías tradicionales del análisis político: una conservadora que arrasa entre millennials y zoomers.

El Financial Times se pregunta si este carisma será suficiente para gobernar. La pregunta es pertinente. Takaichi ha revitalizado a un LDP que, hasta su llegada, parecía al borde del colapso por un grave escándalo de fondos ilegales. Ha roto la coalición de gobierno con el partido Komeito y ha forjado una nueva alianza con el partido reformista Ishin no Kai, dejando a la oposición tradicional —ahora agrupada en la Centrist Reform Alliance— en una posición de debilidad estructural.

El análisis del Council on Foreign Relations profundiza en este complejo trasfondo. Sheila A. Smith, experta del CFR, señala que, más allá del fenómeno mediático, la campaña se centra en temas de gran calado: la asequibilidad, la creciente presencia de extranjeros en la sociedad japonesa, la reforma política y, crucialmente, la seguridad nacional. Son cuestiones que resuenan especialmente entre los jóvenes, que ven en Takaichi una figura capaz de articular sus ansiedades económicas y existenciales.

«Puede que Takaichi Sanae tenga valores aparentemente anticuados, pero es su oferta económica lo que ha capturado la imaginación de los jóvenes.» — The Guardian [1]

La habilidad de Takaichi para capitalizar el descontento juvenil, combinada con una oposición fragmentada y un LDP renovado por su liderazgo, la sitúa en una posición de fuerza para obtener una mayoría sólida el próximo domingo. El resultado no solo definirá el futuro de Japón, sino que podría consolidar un nuevo modelo de liderazgo conservador-populista en Asia, con implicaciones para toda la región.

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2. La nueva carrera espacial: Alemania lanza un programa militar de 35.000 millones de euros

En un movimiento que señala una nueva era en la geopolítica espacial, Alemania ha anunciado esta semana una inversión masiva de 35.000 millones de euros para desarrollar sus capacidades militares en el espacio. El anuncio, realizado por el Mayor General Michael Traut, jefe del Comando Espacial Alemán (Bundeswehr Space Command), llega en un momento de máxima tensión orbital, subrayado por la inquietante noticia, revelada por el Financial Times, de que Rusia podría haber interceptado las comunicaciones de satélites europeos clave.

El plan alemán, detallado por Reuters, es ambicioso y multifacético. Contempla el desarrollo de una nueva generación de satélites espía, la creación de una constelación de más de 100 satélites de comunicaciones seguras en órbita baja —el denominado SATCOM Stage 4—, e incluso la investigación de láseres ofensivos y otras armas no cinéticas. Según The Independent, el objetivo es claro: defenderse de las crecientes amenazas de Rusia y China en el espacio, un dominio cada vez más crítico para la seguridad y la economía europeas.

Este programa no es solo una reacción a amenazas específicas, sino un cambio de paradigma para Alemania y para Europa en su conjunto. Como analiza un informe de la RAND Corporation, se trata de una apuesta estratégica que busca reducir la dependencia de los activos espaciales de Estados Unidos y garantizar la autonomía europea en un dominio cada vez más disputado. La creación de una constelación propia de comunicaciones seguras, interoperable con las redes aliadas, es un pilar fundamental de esta nueva doctrina.

La decisión de Alemania de invertir masivamente en la militarización del espacio marca un punto de inflexión para Europa. Es el reconocimiento de que la seguridad en el siglo XXI no solo se juega en la tierra, el mar o el aire, sino también en la órbita terrestre, un campo de batalla silencioso pero cada vez más decisivo.

3. Fiebre del oro: cuando los mercados gritan «debasement»

La semana pasada, los mercados de metales preciosos vivieron una de las jornadas más salvajes de su historia reciente. El oro, tras un rally que lo llevó a un récord de casi 5.600 dólares la onza, se desplomó un 21%, mientras que la plata cayó un 40% desde su máximo de 122 dólares. Esta volatilidad extrema, como analiza Al Jazeera, es mucho más que una simple corrección de mercado; es un síntoma de una profunda ansiedad sobre el estado del sistema financiero global.

La explicación que gana más fuerza en los parqués es la teoría del debasement —la degradación de la moneda—. En un entorno de deudas públicas récord (la de Estados Unidos ya alcanza los 38 billones de dólares) y años de políticas monetarias expansivas, los inversores buscan refugio en activos que no puedan ser devaluados por la decisión de un gobierno o un banco central. Como explica Diego Franzin de Plenisfer Investments a Al Jazeera: el oro sigue siendo el único activo sin contraparte. No hace promesas, no paga intereses, y no depende de decisiones políticas. Simplemente existe.

Esta búsqueda de seguridad se refleja en un dato histórico revelado por Statista: por primera vez desde 1996, los bancos centrales extranjeros poseen ahora más oro en sus reservas que bonos del Tesoro de Estados Unidos. Potencias como China y Turquía llevan meses acumulando el metal precioso para reducir su dependencia del dólar, una tendencia que, según un análisis de Brookings, está reconfigurando el poder financiero global.

«En un sistema basado en niveles récord de deuda pública y privada, esta característica —la de no tener contraparte— adquiere un valor sin precedentes.» — Diego Franzin, Plenisfer Investments

Aunque la caída abrupta de los precios se atribuye a factores técnicos y a la nominación de un candidato más ortodoxo para dirigir la Reserva Federal, las fuerzas de fondo no han desaparecido. De hecho, JP Morgan ha revisado al alza su previsión para el oro, situándolo en 6.300 dólares la onza para finales de 2026, citando la fuerte demanda de los bancos centrales y los inversores. La fiebre del oro, con sus picos y valles, parece ser la nueva normalidad en un mundo que ha perdido la fe en el papel moneda.

Notas complementarias

Diplomacia y estrategia

El hedging de Turquía. Un análisis de Chatham House desvela la lógica detrás del aparente interés de Turquía en unirse a un pacto de defensa con Arabia Saudita y Pakistán. Aunque finalmente Ankara no se unirá, el movimiento se interpreta como una estrategia oportunista para ganar apalancamiento dentro de la OTAN, demostrando su independencia y capacidad de forjar alianzas alternativas.

El experimento de Hainan. The Economist analiza el ambicioso plan de China para convertir la isla de Hainan en el puerto de libre comercio más grande del mundo. Este experimento, que entró en vigor en diciembre, es visto como un intento de Pekín de posicionarse como campeón del libre comercio frente al proteccionismo estadounidense, aunque su éxito aún está por ver.

Espionaje y actividades sottovoce

Guerra espacial silenciosa. La noticia más inquietante de la semana, publicada por el Financial Times, revela que funcionarios de seguridad europeos sospechan que dos vehículos espaciales rusos han interceptado las comunicaciones de al menos una docena de satélites clave europeos, poniendo de manifiesto una vulnerabilidad crítica en la infraestructura orbital del continente.

El resurgir de ISIS-K. Un informe de la ONU advierte que la rama afgana del Estado Islámico está utilizando inteligencia artificial para escalar sus ataques más allá de sus fronteras, demostrando una creciente sofisticación tecnológica.

Análisis de disparidades de criterio

Esta semana, la principal disparidad de criterio se centra en el fenómeno Takaichi en Japón. Mientras medios como The Guardian y Reuters se enfocan en el aspecto cultural y mediático de su popularidad entre los jóvenes —el bolso viral, el hashtag, el carisma—, el Financial Times se muestra más escéptico, cuestionando si ese carisma será suficiente para afrontar los duros desafíos de gobierno.

Por su parte, el Council on Foreign Relations ofrece una visión más estructural, centrada en el realineamiento de partidos y las reformas políticas de fondo que están en juego, más allá de la personalidad de la Primera Ministra. Es una tensión recurrente en el análisis político: el peso de lo simbólico frente a lo institucional, la superficie mediática frente a las corrientes profundas del poder.

1. El acelerador: dinero, capacidad y velocidad

El punto de inflexión no es ideológico; es material. En julio de 2025, la Administración firmó una ley presupuestaria que, según análisis del Council on Foreign Relations (CFR), asignó en torno a 170.000 millones de dólares durante cuatro años a enforcement migratorio y seguridad fronteriza, con partidas sustantivas para ampliar detención y operaciones de ICE.

El efecto inmediato de un salto así no es solo más agentes o más camas: es un cambio en la curva de riesgo. Cuando la expansión es rápida, la fricción se desplaza del diseño normativo a la ejecución: entrenamiento comprimido, cadenas de mando bajo estrés, proveedores privados ampliando operaciones, y un ecosistema de datos donde el incentivo político a “mostrar resultados” puede distorsionar definiciones y métricas.

Reuters ha descrito este giro como una estrategia de enforcement más visible y confrontacional en grandes ciudades, con el consiguiente aumento de enfrentamientos.

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2. La batalla de los números: deportaciones, detención y ‘self-deportation’

Para un público profesional, la discusión empieza por una pregunta incómoda: ¿de qué hablamos cuando hablamos de “deportaciones”? El Migration Policy Institute (MPI) sostiene que ICE incrementó arrestos de forma marcada durante el primer año del segundo mandato y que la detención diaria media se duplicó; pero al mismo tiempo matiza que los registros oficiales de deportación formal no son récord histórico y dependen de definiciones y series.

El segundo eje es la salida voluntaria incentivada. En diciembre de 2025, Reuters informó de un incentivo de hasta 3.000 dólares más vuelo para quienes aceptaran autodeportarse; la Administración ha divulgado cifras agregadas de salidas voluntarias, pero medios y verificadores han cuestionado la trazabilidad pública de esas estimaciones.

En términos de narrativa, esto importa porque convierte un asunto técnico en un problema de credibilidad. Cuando el gobierno y sus críticos discuten con definiciones distintas —removals, returns, voluntary departures— el debate público se parece a una guerra de propaganda. Una pieza seria debe explicitar esa ambigüedad y resistir la tentación de titular con un número que no se pueda auditar.

3. La huella operativa: ciudades, centros de trabajo y diplomacia

Los episodios de alta fricción ilustran cómo el enforcement migratorio se mezcla con orden público, economía y relaciones exteriores. En junio de 2025, las redadas en Los Ángeles y la posterior federalización de la Guardia Nacional desembocaron en un choque institucional. Un juez federal emitió una orden temporal (TRO) concluyendo que el presidente no siguió el procedimiento exigido por el Congreso y ordenó devolver el control al gobernador.

El segundo terreno es el de las redadas en centros de trabajo, donde el impacto económico puede convertirse en impacto diplomático. En septiembre de 2025, Reuters informó de cientos de detenciones en una planta vinculada a Hyundai/LG en Georgia, subrayando el riesgo de tensión con Corea del Sur.

Este punto rara vez se discute en Europa con la seriedad debida: cuando la política migratoria afecta inversiones estratégicas y cadenas de suministro, la frontera se convierte en política industrial. Y cuando afecta a nacionales de aliados, se convierte en política exterior.

4. El núcleo jurídico: órdenes administrativas, domicilios y el umbral constitucional

En el terreno, una pregunta domina el debate: ¿qué puede hacer ICE con una orden administrativa cuando el objetivo está en un domicilio? El análisis de Lawfare y reportajes de AP han reiterado una distinción básica para el Estado de derecho estadounidense: una orden administrativa no es una orden judicial emitida por un juez, y su alcance para entrar en una vivienda sin consentimiento está severamente limitado.

Para un lector europeo, la lección es menos jurídica que política: cuando una agencia intenta “normalizar” herramientas administrativas como si fueran equivalentes a control judicial, el resultado no es solo litigio. Es erosión de legitimidad. Y esa erosión, en un país que compite globalmente por influencia normativa, es un pasivo estratégico.

5. Coste humano, supervisión y reputación: detención y uso de la fuerza

Los indicadores de detención y mortalidad bajo custodia alimentan una pregunta que no es partidista: ¿se ha expandido la capacidad de supervisión al mismo ritmo que la capacidad de detención? The Guardian situó la población detenida en torno a 69.000 personas a principios de enero de 2026 y reportó un repunte de muertes bajo custodia en 2025; Reuters también documentó un aumento de fatalidades y episodios violentos.

Las alegaciones sobre condiciones en centros de gran escala refuerzan esa preocupación. ACLU publicó testimonios de personas detenidas denunciando abuso y negligencia en Fort Bliss, y Human Rights Watch pidió el cierre del sitio; AP informó además de un caso con hallazgo forense de homicidio por asfixia en custodia.

En Minneapolis, el problema no es solo el desenlace, sino la brecha entre lo que muestran los videos y lo que sostienen las autoridades, según Reuters y AP. En un entorno polarizado, esa brecha se convierte en combustible político: si la agencia no controla el relato con transparencia, el relato la controla a ella.

6. La dimensión exterior: migración como seguridad hemisférica

El giro migratorio también es un giro estratégico. Chatham House ha descrito cómo la estrategia de seguridad re-centra América Latina y la migración en la lógica de control hemisférico. En paralelo, análisis europeos como CIDOB subrayan el vínculo entre política interior y proyección exterior en el trumpismo: coerción, transaccionalidad y reducción del multilateralismo.

En este contexto, la externalización de expulsiones y la cooperación con terceros países adquieren un peso creciente. Foreign Policy ha discutido la idea de desplazar cargas de detención y expulsión fuera del territorio continental, con implicaciones legales y reputacionales. Para el derecho internacional de refugiados, el punto sensible es el principio de no devolución (non-refoulement) y las garantías frente a expulsiones colectivas.

Este es el punto donde el tema deja de ser exclusivamente norteamericano: si Washington se percibe como un actor que relativiza garantías procedimentales en casa, su autoridad para exigirlas fuera se erosiona. En geopolítica, la coherencia normativa no es un lujo: es un recurso.

Qué vigilar en 2026

Hay cinco vectores que determinarán si 2026 consolida el giro o lo corrige. Primero, los tribunales: entradas domiciliarias, estándares de orden y límites del despliegue federal. Segundo, la calidad de los datos: sin métricas auditables, la política se convierte en marketing. Tercero, la supervisión interna: crecimiento rápido sin control produce incidentes críticos. Cuarto, el impacto diplomático: redadas que alcanzan inversiones de aliados convierten ICE en un actor de política exterior de facto. Quinto, el coste reputacional: en una competencia sistémica, el Estado de derecho también es poder.

Conclusiones

La conclusión incómoda para Washington es que la política migratoria ya no se juega en el registro clásico de “frontera y soberanía”, sino en un triángulo mucho más explosivo: capacidad coercitiva, legitimidad institucional y reputación internacional. Cuando una agencia como ICE crece a golpe de presupuesto, despliegue y objetivos cuantitativos, el riesgo no es solo que aumenten los arrestos o la detención; es que aumenten los puntos de fricción en los que el Estado se mira al espejo: entradas en domicilios, uso de la fuerza, rendición de cuentas, transparencia de datos. Es ahí donde una estrategia de control puede convertirse, sin necesidad de un gran giro ideológico, en una crisis de confianza.

Lo que está en juego en 2026 no es únicamente “cuántas deportaciones” se consiguen (que también) sino qué tipo de Estado emerge del proceso. Las muertes en operaciones, las denuncias sobre condiciones de detención y la disputa sobre órdenes administrativas versus órdenes judiciales no son ruido lateral: son el coste político de acelerar un aparato coercitivo en una democracia que vive de sus frenos y contrapesos. Y cuando esos contrapesos entran en tensión —alcaldes enfrentados a agencias federales, tribunales corrigiendo procedimientos, organizaciones documentando abusos— el debate deja de ser migratorio para volverse constitucional.

En clave geopolítica, la consecuencia es aún más directa. Estados Unidos puede endurecer su frontera, externalizar expulsiones o presionar a terceros países; pero si el método erosiona debido proceso y alimenta imágenes de arbitrariedad, la factura se paga en capital moral y capacidad de persuasión. En un mundo donde la competencia estratégica incluye la narrativa —quién representa el orden liberal y quién lo impugna— la gestión de la migración ya no es un asunto doméstico: es un test de coherencia sistémica. El adversario no necesita inventar propaganda cuando la propia mecánica del Estado genera escenas, vídeos y cifras difíciles de explicar.

Tres conclusiones, en limpio:

1. La expansión presupuestaria ha cambiado la escala del problema: no discutes políticas, discutes un aparato. Y los aparatos, una vez creados, tienden a justificar su continuidad.

2. La gran vulnerabilidad no está solo en la operación, sino en los datos: sin trazabilidad y definiciones claras (deportaciones, retornos, salidas “voluntarias”), el relato se convierte en guerra de números y la credibilidad se degrada.

3. El punto decisivo será la rendición de cuentas: si el crecimiento viene acompañado de supervisión real, reglas claras y transparencia, el ciclo puede estabilizarse; si no, la política migratoria seguirá produciendo episodios críticos que rebotarán en tribunales, ciudades y aliados… y terminarán reescribiendo el debate sobre la democracia estadounidense desde dentro.

Muy probablemente el Foro Económico Mundial de 2026 no será recordado por su lema, “El Espíritu de Diálogo”, sino por haber servido de escenario para la crónica de una muerte anunciada: la del orden multilateral liberal. En las montañas suizas, el ambiente, descrito por Michael Froman, presidente del Council on Foreign Relations (CFR), fue más de “La Realidad del Monólogo”. El presidente Donald Trump, en sus propias palabras, no solo robó el show, más bien “fue el show”. Su discurso y acciones durante la semana, especialmente la resolución de la crisis de Groenlandia mediante una diplomacia coercitiva que dejó a los aliados europeos en estado de shock, marcaron el tono de un nuevo paradigma.

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Este paradigma ha sido bautizado por varios analistas como el “nuevo realismo”. David Ignatius, de Foreign Policy, lo calificó como una “terapia de choque necesaria” para Europa, una sacudida que crea una “nueva determinación para abordar los problemas largamente enquistados del continente” . La perspectiva optimista es que la “bola de demolición” de Trump, aunque brutal, obliga a Europa a despertar y buscar una autonomía estratégica real. Sin embargo, otros expertos son menos entusiastas. Fareed Zakaria, también en Foreign Policy, advierte que este estilo de liderazgo es un manual de “Cómo No Liderar”, y que aunque los aliados puedan cumplir por ahora, “el daño a la confianza tendrá consecuencias” .

“Estamos presenciando el fin de una ficción placentera y el comienzo de una realidad dura. Las potencias medias deben actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”.

— Mark Carney, Primer Ministro de Canadá, en Davos .

El discurso más elocuente de esta nueva era no vino de una superpotencia, sino del Primer Ministro de Canadá, Mark Carney. Su intervención, calificada por Alejandro Reyes en Foreign Policy como una “clase magistral en realismo” , articuló la respuesta de las potencias medias al vacío dejado por Estados Unidos. Carney abogó por una “geometría variable” y “coaliciones de voluntad” para forjar un nuevo equilibrio geopolítico. Este enfoque se resume en un concepto que ha ganado una tracción viral en los pasillos de Davos: el “derisking de Estados Unidos”. El término, originalmente acuñado por Ursula von der Leyen para describir la estrategia de la UE hacia China, ahora se aplica a Washington. Implica una diversificación activa de las dependencias comerciales y de seguridad, un esfuerzo que ya se materializa en el nuevo acuerdo comercial bilateral que Canadá firmó con China este mismo mes, según reportó el CFR .

La disparidad de criterio entre los analistas es notable y define el debate actual sobre el futuro de Occidente. ¿Es esta una crisis que catalizará una Europa más fuerte y autónoma, como sugiere Ignatius? ¿O es el comienzo de un daño estructural e irreparable a la alianza transatlántica, como teme Zakaria? Michael Froman ofrece una tercera vía, más escéptica. Aunque reconoce que el mundo se está volviendo más fluido en sus relaciones internacionales, advierte que “la flirtation alone is unlikely to overcome the structural military and economic factors that bind much of the world to the United States” . La autonomía estratégica, por tanto, puede ser más una aspiración que una realidad alcanzable a corto plazo.

Lo que queda claro tras Davos 2026 es que la nostalgia por el orden perdido no es una estrategia. El debate ya no es sobre cómo convencer a Trump de que está equivocado, sino sobre cómo construir un nuevo sistema que pueda operar, con o sin, y a veces a pesar de, Estados Unidos.

2. Irán en el Filo de la Navaja: Escalada Militar y Aislamiento Digital

Como analizamos recientemente en nuestro post “Irán en la tormenta perfecta” en relación con las protestas internas y el colapso económico, Irán se adentra ahora en una doble espiral de crisis que amenaza con una deflagración regional y una implosión social. Este análisis se centra en la dimensión externa de esta crisis, que ha escalado peligrosamente en la última semana. Por un lado, una escalada militar liderada por Estados Unidos se materializaba en el Golfo Pérsico; por otro, el régimen ejecutaba un apagón de internet sin precedentes, empujando al país hacia lo que un experto de Chatham House denomina “aislamiento digital absoluto”. La confluencia de estas dos presiones —una externa y visible, la otra interna y silenciosa— ha colocado a Teherán en una encrucijada existencial.

La dimensión militar de la crisis ha sido analizada en detalle por Ken Robinson en Spytalk. Según Robinson, estamos presenciando una aplicación de la “teoría del loco” de Richard Nixon por parte de la administración Trump, diseñada para crear una imagen de imprevisibilidad y forzar concesiones . Sin embargo, esta vez la teoría se apoya en un despliegue de fuerzas muy real. El envío del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln y el despliegue de cazas Typhoon británicos en Qatar son, en palabras de Robinson, no solo “señalización”, sino “posicionamiento” .

El factor más preocupante, identificado tanto por Spytalk como por Reuters, es la brecha de verificación de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), que lleva más de siete meses sin poder confirmar las existencias de uranio enriquecido de Irán. Robinson califica esta brecha como un “acelerante estratégico” que alimenta las peores asunciones en Washington y Jerusalén, haciendo que una acción militar preventiva sea más probable . Raphael S. Cohen, en Foreign Policy, refuerza esta visión, argumentando que la actual détente entre Israel e Irán es puramente táctica y “no durará”, pronosticando que la próxima ronda de conflicto será “más grande y más fea” que la guerra de 12 días de 2025 .

Simultáneamente, el régimen iraní ha desatado una ofensiva contra su propia población. El 8 de enero, en medio de protestas generalizadas, el gobierno cortó por completo el acceso a internet. Según un análisis de la Dra. Nayana Prakash en Chatham House, esto no es un apagón temporal, sino una nueva y peligrosa etapa estructural. Irán, afirma, busca ir más allá de los modelos de control digital de China y Rusia, aspirando a un “aislamiento digital absoluto” mediante una combinación de herramientas :

•Una Red Nacional de Información (NIN) para sustituir el internet global.

•Un sistema de “White List” donde solo individuos con autorización de seguridad pueden acceder a la red global.

•Un “kill switch” para poder desconectar el país de forma rápida y prolongada.

Este movimiento hacia un “internet por niveles” ha provocado que empresas de telecomunicaciones extranjeras abandonen discretamente el país, señalando un cambio estructural irreversible . La pregunta que ningún analista se atreve a responder es si un régimen puede sobrevivir a esta doble presión: una guerra de desgaste interna contra su propia población digitalmente aislada y una amenaza militar externa que se acerca al punto de no retorno. La historia ofrece pocos precedentes para una crisis de esta magnitud y complejidad.

3. El Orden de Alianzas Fluidas: Reconfiguración Geopolítica en Tiempo Real

El “nuevo realismo” proclamado en Davos no es solo una filosofía; es una descripción de un sistema internacional en plena y caótica reconfiguración. El antiguo modelo de alianzas fijas y lealtades predecibles está dando paso a lo que Michael Froman, del CFR, ha denominado un orden de “alianzas fluidas” . En este nuevo paradigma, las naciones persiguen sus intereses a través de una red de relaciones flexibles y, a menudo, contradictorias. La semana pasada ofreció un laboratorio en vivo de este fenómeno, con India y la Unión Europea como protagonistas destacados.

El caso más llamativo es el de India. Mientras el primer ministro Narendra Modi se prepara para la Cumbre UE-India en Nueva Delhi con el objetivo de cerrar un acuerdo de libre comercio que lleva casi dos décadas en negociación, su país es señalado como el segundo mayor proveedor de tecnologías críticas restringidas a Rusia (después de China), según un informe de Chatham House . Esta dualidad, que habría sido impensable hace unos años, es la nueva norma. India, sintiendo que ya no puede dar por sentado el apoyo de EE.UU., está “scrambling” (corriendo desordenadamente) hacia China y Rusia para asegurar sus intereses, según las perspectivas recogidas por Rebecca Patterson del CFR . Al mismo tiempo, la UE, en su propia búsqueda de “autonomía estratégica” y “derisking” de sus cadenas de suministro, ve a India como un socio democrático indispensable para contrarrestar a China .

Esta compleja danza geopolítica ilustra una profunda disparidad de criterio entre las escuelas de pensamiento sobre el orden global:

•Para los realistas clásicos, como Stephen M. Walt de Foreign Policy, esto no es más que la “Teoría del Equilibrio de Poder” en acción. “Nadie debería sorprenderse de cómo el mundo está reaccionando a las amenazas de Donald Trump”, argumenta, sugiriendo que es una respuesta predecible al comportamiento de una superpotencia errática .

•Los institucionalistas liberales, aunque debilitados, argumentan que esta fluidez es peligrosa y erosiona las normas que han garantizado la paz y la prosperidad. La búsqueda de acuerdos bilaterales y plurilaterales a expensas de las instituciones multilaterales es vista como un camino hacia la inestabilidad.

•Una tercera escuela, que podríamos llamar de interdependencia estructural, representada por Michael Froman, reconoce la realidad del orden de “alianzas fluidas” pero advierte sobre sus límites. Sostiene que, a pesar de los coqueteos con nuevas alianzas, los “factores estructurales militares y económicos” siguen atando a la mayor parte del mundo a Estados Unidos .

La paradoja central de esta nueva era es que todos los actores buscan una mayor “autonomía estratégica”, pero ninguno parece capaz de alcanzarla por completo. La UE necesita a India para diversificarse, pero como señala Chietigj Bajpaee de Chatham House, las relaciones bilaterales de India con Francia y Alemania a menudo tienen prioridad sobre un enfoque unificado de la UE . India necesita a Europa como contrapeso a China, pero no puede permitirse alienar a Rusia, su proveedor histórico de armas y energía barata. Y Estados Unidos, a pesar de su retórica de “America First”, se ve obligado a negociar acuerdos complejos sobre bases en Groenlandia para mantener su proyección de poder en el Ártico .

Este sistema de alianzas de “geometría variable” es inherentemente menos predecible y potencialmente más volátil. La pregunta clave para la próxima década no es quiénes son los aliados de quién, sino qué coaliciones se formarán en torno a qué temas específicos, y cuán duraderas serán.

Espionaje y Actividades Sottovoce: La Guerra en la Sombra se Intensifica

Bajo la superficie de la diplomacia pública, la semana ha estado marcada por una serie de maniobras de inteligencia y operaciones encubiertas que revelan la creciente intensidad de la guerra en la sombra. Desde filtraciones que exponen una estructura de poder paralela para Gaza hasta la purga de altos cargos en la comunidad de inteligencia estadounidense, las actividades sottovoce están definiendo el nuevo campo de batalla geopolítico.

El “Board of Peace”: Un Gobierno en la Sombra para Gaza.

La filtración más explosiva de la semana, publicada por Drop Site News, es un borrador de resolución del “Board of Peace” de Donald Trump para Gaza . El documento, creado por el Departamento de Estado a mediados de diciembre antes del anuncio oficial, detalla una estructura de gobierno que asumiría el control legislativo, ejecutivo y judicial total sobre la Franja, con “poderes de emergencia”. La junta, presidida por Trump, incluye a dos miembros que no habían sido anunciados públicamente: su jefa de gabinete, Susan Wiles, y Martin Edelman, un abogado de bienes raíces y asesor especial del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. La revelación de que el plan se gestó en secreto dentro del Departamento de Estado y la inclusión de figuras clave no reveladas apuntan a la creación de una estructura de poder paralela que opera fuera de los canales de la ONU, un hecho que ha sido calificado por el ex Subsecretario General de la ONU, Martin Griffiths, como un sistema donde los palestinos “no son en absoluto los dueños de su propio destino” .

Las Conexiones de Epstein: Espionaje y Diplomacia Paralela en el Golfo.

En otra exclusiva de Drop Site News, los periodistas Murtaza Hussain y Ryan Grim revelan cómo Jeffrey Epstein actuó como un facilitador clave en las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos mucho antes de los Acuerdos de Abraham . Aprovechando su amistad con el jefe del gigante logístico DP World, Epstein promovió activamente inversiones israelíes en infraestructura crítica y ciberseguridad en los EAU. Esta revelación no solo arroja nueva luz sobre la diplomacia paralela que condujo a los históricos acuerdos, sino que también subraya el papel del espionaje corporativo y los actores no estatales en la configuración de las alianzas geopolíticas.

Crisis en la Comunidad de Inteligencia de EE.UU.: Purgas y Desconfianza de los Aliados.

La comunidad de inteligencia estadounidense se encuentra en un estado de agitación. Según Spytalk, el escándalo de la brecha de seguridad en la aplicación de mensajería Signal es solo “la punta del iceberg”, según un veterano de operaciones de la CIA, Luis Rueda, quien sugiere que la vulnerabilidad podría ser mucho mayor de lo que se ha admitido públicamente . Este escándalo coincide con una purga de altos ejecutivos del FBI, despedidos sin el debido proceso por nombramientos de Trump, según informa Michael Isikoff . La situación ha llegado a un punto crítico en el que el senador Mark Warner, el demócrata de más alto rango en el Comité de Inteligencia, ha pedido la dimisión de la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, calificando los despidos de analistas como “inexcusables” . Estas purgas y escándalos han generado una profunda desconfianza entre los aliados más cercanos de EE.UU. Múltiples informes indican que la alianza de inteligencia Five Eyes (EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda) está “horrorizada” y que la confianza en el intercambio de información con Washington se ha erosionado peligrosamente .

Siria: El Reequilibrio Silencioso.

Mientras la atención se centra en otros lugares, en el noreste de Siria se está produciendo un reequilibrio de poder silencioso pero significativo. Según un informe de C.P. Ward en Drop Site News, varias tribus árabes han desertado de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), lideradas por los kurdos y apoyadas por Estados Unidos, y se han realineado con el gobierno de Bashar al-Assad . Este cambio de lealtades está permitiendo que el gobierno sirio gane terreno en las provincias de Deir Ez-Zour y Raqqa, alterando la dinámica de poder en una región estratégica y demostrando cómo las potencias locales explotan el vacío dejado por la cambiante política de las grandes potencias.

Diplomacia en Movimiento

La reconfiguración global se está materializando en una intensa actividad diplomática. La Cumbre UE-India en Nueva Delhi se perfila como un evento clave, donde ambas partes buscan cerrar un acuerdo comercial que no solo tiene implicaciones económicas, sino que también representa un pilar en la estrategia europea de derisking y diversificación frente a China y un Estados Unidos impredecible . Al mismo tiempo, el Reino Unido ha dado un paso significativo en su proyección de poder post-Brexit con el despliegue de cazas Typhoon en Qatar, una maniobra que, si bien se enmarca en un acuerdo de defensa bilateral, envía una clara señal de realineamiento estratégico en el Golfo Pérsico en un momento de máxima tensión .

Noticias Breves Relevantes

Haití, el Estado Fallido Ignorado: Mientras la atención mundial se centraba en Davos, la crisis en Haití se profundizaba. Un informe de Chatham House presenta una hoja de ruta para la reforma de la seguridad y la gobernanza en un país asolado por la violencia de las pandillas y al borde del colapso institucional, con el mandato del Consejo Presidencial Transicional expirando en febrero . Su ausencia en los debates de alto nivel subraya la trágica jerarquía de la atención internacional.

Nueva Jefa de Espionaje en el MI6: Blaise Metreweli ha sido nombrada nueva jefa del legendario servicio de inteligencia británico, MI6. Según Edward Lucas en Foreign Policy, su misión es modernizar la agencia para una nueva era de conflicto en Europa, un nombramiento que señala un cambio significativo en las prioridades de la inteligencia británica .

El Debate sobre la Gran Estrategia de EE.UU.: Un nuevo e influyente informe del CFR, “America Revived: A Grand Strategy of Resolute Global Leadership”, escrito por Robert D. Blackwill, argumenta que EE.UU. se enfrenta a las circunstancias internacionales más peligrosas desde la Segunda Guerra Mundial y propone una nueva gran estrategia de “liderazgo global resuelto” para hacer frente a una China cada vez más formidable .

La fotografía general es conocida, pero conviene subrayar su implicación internacional. En el agregado, Trump se mueve en niveles de aprobación alrededor del 38–40% según mediciones recientes, con mayorías estables de desaprobación y un saldo neto negativo. En política exterior, el cuadro no mejora: el Marist Poll sitúa la aprobación de su gestión internacional en 37% frente a 56% de desaprobación, y además registra una caída entre independientes (29% aprueba, frente a 33% en julio de 2025).

Ese “mandato estrecho” no implica que la política exterior sea secundaria para el electorado; implica que se evalúa a través de filtros domésticos (coste de vida, límites constitucionales, y fatiga de intervención) y en un clima de polarización donde la mayoría de los incentivos empujan a la señalización partidista. Lo que ha cambiado en las últimas semanas es que la agenda internacional de la Casa Blanca (Venezuela y Groenlandia, sobre todo) ha convertido esa tensión estructural en una prueba de estrés visible: para el Congreso, para los aliados y, crucialmente, para los votantes no alineados.

Venezuela: el apoyo “táctico” y el rechazo a la ocupación

La captura de Nicolás Maduro y el uso de fuerza en Venezuela han producido una división casi aritmética en la opinión pública, con un volumen inusualmente alto de indecisos. En Reuters/Ipsos, 33% aprueba la acción militar y 34% la desaprueba, mientras 32% declara no estar seguro; el detalle partidista es el esperado, pero el nivel de “no sabe/no contesta” es lo que debería preocupar a cualquier estratega: sugiere que una parte relevante del país no tiene un marco claro para interpretar el objetivo, el coste y el final de la operación. Un sondeo del Washington Post encuentra una división similar (40% aprueba, 42% desaprueba), y apunta a una mayoría que hubiera preferido algún tipo de aval del Congreso.

En paralelo, el AP-NORC añade dos piezas clave para entender la reacción: más de la mitad cree que Trump ha “ido demasiado lejos” usando el ejército para intervenir en otros países, y alrededor de seis de cada diez desaprueban su gestión de política exterior. Pero, a la vez, el mismo trabajo detecta que una parte del público ve beneficios instrumentales en la operación (por ejemplo, potencial impacto sobre narcotráfico), lo que ayuda a explicar por qué el país puede rechazar la “deriva intervencionista” y, aun así, mantener una cierta tolerancia a golpes puntuales si se venden como quirúrgicos y limitados.

El matiz es importante: las encuestas no dicen “no a Venezuela”, dicen “cuidado con lo que viene después”. El Wall Street Journal, por ejemplo, refleja una aceptación estrecha de la operación, pero también un rechazo mayoritario a que Estados Unidos “dirija” Venezuela. En términos de doctrina, eso se traduce en un mensaje bastante consistente desde 2003: la opinión pública estadounidense tolera mejor el uso de fuerza cuando el objetivo es acotado, el relato jurídico-político es defendible y el coste de salida está definido; penaliza, en cambio, cualquier aroma de ocupación, administración directa o “nation-building”.

Groenlandia: un raro consenso negativo y el problema aliado

Si Venezuela divide, Groenlandia unifica —pero en contra. En Reuters/Ipsos, solo 17% aprueba los esfuerzos para adquirir Groenlandia; la idea de usar fuerza militar aparece como marginal (4% la ve como buena idea frente a 71% que la considera mala), y dos tercios temen daño a la OTAN y a los lazos con aliados europeos.

Lo relevante aquí no es solo la cifra, sino su estructura: incluso dentro del electorado republicano, el apoyo a la coerción militar sobre un aliado es limitado. Eso acota el margen de maniobra de la Casa Blanca si decide escalar del gesto simbólico a la presión material. Y, de hecho, la escalada ya se percibe: Reuters ha informado sobre conversaciones de Trump con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la disputa, y sobre amenazas/aranceles como palanca de presión hacia Europa. La reacción de mercado —con episodios de aversión al riesgo vinculados al conflicto— ilustra un punto incómodo para Washington: la coerción sobre aliados puede “cobrar” pronto en confianza económica y en cohesión estratégica.

En términos de reputación internacional, Groenlandia es también un test de credibilidad. La administración puede argumentar seguridad y competencia ártica, pero el público parece escuchar otra cosa: un impulso revisionista y transaccional que convierte alianzas en instrumentos. Esa lectura, aunque no sea universal, basta para dañar el capital político de cualquier negociación prolongada. Y el hecho de que la oposición sea tan amplia y transversal crea un incentivo para que adversarios y socios interpreten la iniciativa como volátil o dependiente del ciclo electoral.

El hilo conductor: límites, Congreso y fatiga de intervención

Detrás de ambos casos aparece un eje más profundo: la preocupación por el uso expansivo del poder ejecutivo en materia militar. En Marist, 70% dice que EE. UU. debería obtener aprobación del Congreso antes de acciones militares; el apoyo a ese principio es abrumador entre demócratas e independientes, pero incluso una fracción relevante de republicanos se desmarca de la lógica de “mano libre” presidencial. Quinnipiac encuentra un patrón compatible: 70% cree, en general, que un presidente debería recibir aprobación del Congreso antes de usar la fuerza; y también registra un rechazo amplio a una intervención en Irán (70% en contra).

Este componente constitucional importa por dos razones. La primera, doméstica: en un año pre-midterms, cualquier percepción de exceso ejecutivo tiende a activar coaliciones negativas entre independientes y votantes de baja intensidad (los que no militan, pero deciden). La segunda, internacional: si la política exterior se percibe como unilateral y jurídicamente elástica, los aliados ajustan su cálculo de fiabilidad, y los rivales pueden verse incentivados a “esperar” o “probar” la coherencia estadounidense.

Qué quiere el público: menos “policía del mundo”, pero no retirada

Hay un error frecuente al leer estos datos: confundir escepticismo con aislacionismo. El AP-NORC detecta que, tras la intervención en Venezuela, una pluralidad preferiría que EE. UU. estuviera menos involucrado en “resolver los problemas del mundo”, y solo una minoría pide más implicación. Eso no implica necesariamente deseo de repliegue estratégico; implica preferencia por selectividad, multilateralismo funcional (cuando reduce costes) y, sobre todo, claridad sobre “por qué” y “hasta cuándo”.

En ese marco, la política exterior de Trump enfrenta un dilema estructural: su estilo —alto voltaje, decisiones rápidas, coerción como herramienta— puede consolidar a su base, pero tiende a erosionar el apoyo en el centro cuando el coste potencial se vuelve visible o cuando el objetivo parece maximalista. Groenlandia concentra ese problema en estado puro: para muchos votantes es, a la vez, innecesaria, arriesgada para la OTAN y difícil de justificar en términos de prioridades nacionales.

Implicaciones: un mundo que lee encuestas, y unas midterms que se acercan

Para un público experto, la pregunta útil no es si Trump “gana” o “pierde” cada episodio, sino qué tipo de coalición doméstica hace sostenible su política exterior. Con un país partido y un nivel de aprobación internacional bajo (37% en Marist), la administración depende de dos cosas: disciplina republicana y fragmentación de la oposición. Pero los datos apuntan a que los independientes —el amortiguador clásico— se están moviendo en contra, y eso es una mala noticia cuando la política exterior se convierte en tema de conversación cotidiano.

Este contexto también afecta a los aliados: si los votantes perciben que la Casa Blanca tensiona alianzas tradicionales por objetivos de bajo consenso (Groenlandia) o por operaciones con final abierto (Venezuela), los gobiernos europeos y latinoamericanos tenderán a blindarse políticamente, elevando el coste diplomático de cualquier acuerdo. Reuters y otros medios ya reflejan la escalada de fricción transatlántica alrededor de Groenlandia y su traducción en amenazas comerciales.

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A corto plazo, la lectura es sobria: Trump puede seguir actuando con rapidez, pero lo hace sobre una legitimidad pública estrecha, con una mayoría recelosa del uso expansivo de la fuerza y con un raro consenso nacional en contra de aventuras coercitivas sobre aliados. A medio plazo, la pregunta que decidirá su margen real no es geopolítica, sino electoral: si la política exterior pasa de ser un “ruido” polarizado a un factor que active el voto independiente en 2026.

Estos tres temas representan tres dimensiones críticas de la geopolítica contemporánea: la guerra híbrida que opera bajo el umbral de la detección mediática, la jerarquía moral implícita en la atención humanitaria, y la erosión de las instituciones tecnocráticas que han sostenido la estabilidad económica durante décadas. En conjunto, ofrecen una ventana a un mundo donde las crisis más importantes no siempre son las más visibles, y donde la capacidad de manipular la atención es, en sí misma, un arma estratégica.

Guerra Híbrida en el Báltico: El Sabotaje Invisible

Mientras los titulares internacionales de la semana del 6 al 12 de enero estaban dominados por la intervención estadounidense en Venezuela y la posterior crisis diplomática con Europa por las amenazas a Groenlandia, una serie de eventos críticos se desarrollaba en las profundidades del Mar Báltico. Según un informe de Elisabeth Braw en Foreign Policy, al menos seis cables de comunicaciones submarinos fueron cortados en menos de una semana, marcando el regreso de una campaña de sabotaje que había estado en pausa durante casi un año .

Este tipo de ataques no es nuevo, pero su reanudación en un momento de máxima distracción geopolítica sugiere una coordinación estratégica deliberada. Braw, analista del Atlantic Council, señala que “mientras la OTAN estaba distraída por la crisis de Groenlandia, los ataques pasaron casi desapercibidos”. Esta táctica de guerra híbrida, que busca explotar la sobrecarga informativa para ejecutar operaciones encubiertas, expone una vulnerabilidad crítica en la infraestructura occidental. La dependencia de estos cables para todo, desde transacciones financieras hasta comunicaciones gubernamentales, los convierte en un objetivo de alto valor.

La falta de cobertura mediática sobre este tema es notable. Ninguna de las otras fuentes principales analizadas esta semana, incluyendo el Council on Foreign Relations, Chatham House o The Economist, dedicó espacio a estos incidentes. Esta omisión resalta la eficacia de la estrategia de distracción: un ataque directo a la infraestructura vital de Europa pasa a un segundo plano frente a dramas políticos más televisivos. El incidente del buque de carga Fitburg, vinculado a Rusia y liberado por Finlandia el 12 de enero tras ser retenido por sospechas de sabotaje, apenas generó eco en la prensa internacional, a pesar de que la investigación sigue abierta .

El patrón es claro: la guerra de infraestructura submarina se está convirtiendo en un componente clave del arsenal híbrido de actores estatales que buscan desestabilizar a sus adversarios sin llegar a un conflicto abierto. La capacidad de cortar el flujo de datos de una nación es, en el siglo XXI, equivalente a un bloqueo naval en el siglo XX. La pregunta que queda en el aire es si los gobiernos occidentales tomarán en serio esta amenaza o si seguirán permitiendo que las crisis políticas orquestadas los distraigan de los peligros reales que acechan bajo la superficie.

La protección de esta infraestructura requerirá una nueva doctrina de seguridad, que incluya desde una mayor vigilancia con drones submarinos, como sugiere la industria de defensa alemana , hasta una reevaluación de cómo se prioriza la inteligencia en un entorno mediático saturado de ruido. El Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea (RUSI) ha publicado recientemente un análisis sobre “Responding to Russian Sabotage Financing”, identificando el sabotaje como “una herramienta clave de la guerra híbrida, cuyo uso está creciendo” desde 2022 . El informe documenta un marcado aumento en las operaciones híbridas contra estados miembros de la OTAN, sugiriendo que lo ocurrido en el Báltico es parte de un patrón más amplio y sistemático.

Sudán: Anatomía de una Crisis Ignorada

El 9 de enero de 2026 marcó un sombrío hito: 1000 días de una guerra civil devastadora en Sudán. En una rara muestra de coordinación, múltiples agencias de las Naciones Unidas emitieron comunicados urgentes para alertar al mundo sobre la magnitud de la catástrofe. Sin embargo, sus voces fueron ahogadas por el estruendo de las crisis en Venezuela y Groenlandia. El resultado es un silencio mediático que resulta tan alarmante como la propia crisis.

Las cifras son abrumadoras. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el conflicto ha provocado 13.6 millones de personas desplazadas, convirtiendo a Sudán en “la mayor crisis de desplazamiento del mundo” . La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) eleva la cifra a 15 millones desde junio de 2023, afirmando que un tercio de la población del país ha sido desarraigada . Por su parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) estima que 33.7 millones de personas —dos tercios de la población total— necesitarán asistencia humanitaria urgente en 2026, con más de 20 millones enfrentando inseguridad alimentaria aguda . UNICEF añade una capa aún más trágica: la mitad de los necesitados son niños, que han soportado “1000 días de agonía” .

El contraste con la cobertura mediática y el análisis de los principales think tanks es brutal. De todas las fuentes principales revisadas para esta semana, solo el Council on Foreign Relations (CFR) mencionó brevemente la crisis en un artículo de Mariel Ferragamo, quien señaló que “la devastadora crisis humanitaria del país sigue sin recibir la atención internacional que merece” . Publicaciones como Foreign Policy, Chatham House, CIDOB y The Economist, que dedicaron amplios recursos a analizar cada ángulo de las acciones de Trump, guardaron un silencio casi absoluto sobre Sudán.

Esta disparidad expone una incómoda verdad sobre el sistema de atención global: existe una clara jerarquía en las crisis humanitarias. La atención mediática y política no se distribuye en función de la escala del sufrimiento, sino de la relevancia geopolítica percibida, la proximidad cultural y la capacidad de una crisis para encajar en narrativas preexistentes. La tragedia de Sudán, compleja y alejada de los centros de poder occidentales, simplemente no compite por el espacio en la agenda.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) incluyó a Sudán en su lista de “6 Crisis a las que prestar atención en 2026”, describiéndola como “una de las crisis humanitarias más urgentes del mundo” . La pregunta es si alguien fuera de la comunidad humanitaria está escuchando. El silencio que rodea a Sudán no es solo una falla periodística; es una falla moral que tendrá consecuencias devastadoras para millones de personas cuyas vidas han sido destrozadas lejos de los focos.

La crisis de Sudán también plantea interrogantes sobre la arquitectura de la respuesta humanitaria internacional. A pesar de los llamados urgentes de la ONU, el financiamiento sigue siendo insuficiente. Según datos de ReliefWeb, más de 30.4 millones de personas —más de la mitad de la población— requieren asistencia en 2025, pero los fondos recibidos apenas cubren una fracción de las necesidades . Esta brecha entre la magnitud de la crisis y la respuesta internacional es un recordatorio brutal de que, en el sistema actual, la visibilidad mediática es casi un requisito previo para la acción humanitaria efectiva.

3. Bancos Centrales: La Rebelión de los Tecnócratas

La independencia de los bancos centrales, durante décadas un pilar del orden económico liberal, se encuentra bajo un asedio político sin precedentes a escala global. Lo que comenzó como una serie de ataques verbales del presidente Donald Trump contra la Reserva Federal de EE.UU. ha evolucionado hasta convertirse en una amenaza sistémica que ha provocado una respuesta coordinada de los principales guardianes de la economía mundial.

El 13 de enero, en un movimiento extraordinario, once jefes de bancos centrales, incluyendo los del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo (BCE), firmaron una declaración conjunta de “solidaridad total” con el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien enfrenta amenazas de una investigación penal por parte de la administración Trump . La declaración fue una defensa contundente de un principio fundamental: “La independencia de los bancos centrales es una piedra angular de la estabilidad de precios, financiera y económica” .

The Economist fue uno de los pocos medios en identificar que este no es un problema exclusivamente estadounidense. En un editorial del 14 de enero, la revista advertía: “No es solo la Fed. La política se cierne sobre los bancos centrales en todas partes” . El artículo señala que, si bien el BCE puede estar mejor aislado por los tratados europeos, futuros gobiernos populistas en Europa podrían erosionar esa protección, una preocupación compartida por analistas de Citi. El caso de Turquía, donde la interferencia política ha dañado la credibilidad del banco central y disparado las expectativas de inflación, sirve como un claro ejemplo de los peligros que se avecinan.

El ex presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, elevó aún más la alarma, declarando a CNBC que la “guerra de Trump contra la Fed representa una amenaza para la estabilidad financiera” global . Esta visión es compartida por la ex presidenta de la Fed, Janet Yellen, quien en un discurso del 6 de enero en la Brookings Institution, advirtió sobre los riesgos de la “dominancia fiscal”, donde la presión política para financiar déficits insostenibles podría comprometer la capacidad de un banco central para controlar la inflación .

El debate encapsula una tensión fundamental de nuestra era: el choque entre el populismo nacionalista y las instituciones tecnocráticas transnacionales. Mientras que algunos, como la consultora RBC, mantienen un cauto optimismo sobre la capacidad de la Fed para resistir la presión , la tendencia global es inequívoca. La politización de la política monetaria, antes un tabú, se está normalizando. Como sentenció un editorial en el diario español El País, “Que estas instituciones sean independientes del poder político no es un capricho, no es un privilegio, no es algo antidemocrático... previene desastres” .

La rebelión de los tecnócratas, manifestada en su declaración de solidaridad, es una señal de que el sistema está reconociendo la magnitud de la amenaza. La cuestión es si su defensa será suficiente para evitar que la credibilidad, una vez perdida, se evapore, llevando consigo la estabilidad económica que tanto costó conseguir. El caso de Turquía, donde el banco central ha perdido credibilidad debido a la interferencia política, muestra que las consecuencias no son abstractas: la inflación se dispara, las inversiones huyen y la economía sufre .

Un análisis de Scope Ratings del 13 de enero advierte que “la presión política debilita la independencia” de la Fed, señalando que el mandato dual del banco central (controlar inflación y mantener empleo) lo hace más vulnerable a la interferencia política que otros bancos centrales con mandatos más estrictos . Este punto es crucial: la arquitectura institucional importa, y las debilidades en el diseño pueden ser explotadas por actores políticos determinados a subordinar la política monetaria a sus objetivos electorales.

LO QUE SE SUSURRA EN LOS CÍRCULOS

•Síndrome de La Habana: El debate sobre los misteriosos ataques sónicos ha resurgido con fuerza. Un informe de Michael Weiss en Foreign Office sugiere que la inteligencia estadounidense podría estar cerca de identificar un “arma misteriosa” utilizada contra sus diplomáticos. Mientras tanto, Jeff Stein en SpyTalk informa que las agencias siguen divididas, con algunos analistas apuntando a operaciones rusas y otros manteniendo el escepticismo. La falta de consenso sigue siendo un obstáculo para una respuesta contundente.

•Operaciones en Groenlandia: Más allá de la crisis diplomática, fuentes de inteligencia citadas por Olga Lautman en Unmasking Russia indican un aumento en la vigilancia de sitios militares rusos en el Ártico. La preocupación se centra en la posibilidad de que Rusia aproveche la tensión dentro de la OTAN para expandir su propia presencia militar y de inteligencia en la región, utilizando la disputa por Groenlandia como cobertura.

•Inteligencia y Contrainteligencia en Venezuela: La intervención en Venezuela ha desencadenado una intensa actividad de inteligencia. Fuentes reportan que agencias de múltiples países, incluyendo Cuba, Rusia y China, están activamente involucradas en operaciones de contrainteligencia para proteger a sus activos y recopilar información sobre los planes de EE.UU. en el país.

•Red de agentes rusos en Estados Bálticos: Una investigación publicada el 18 de enero por UAWire revela que los servicios de seguridad europeos han identificado redes de agentes rusos en los Estados Bálticos que estarían preparándose para una posible invasión. Según el informe, estas redes forman parte de una guerra híbrida destinada a socavar la seguridad regional y apoyar las políticas agresivas del Kremlin .

Agenda de la Próxima Semana (20-26 enero 2026)

•22 de enero - Panel sobre China (Chatham House): Se espera con interés el panel “What is China’s vision for a new world order?”. El evento podría arrojar luz sobre cómo Beijing planea posicionarse en un orden global fracturado, especialmente a la luz de la nueva doctrina de política exterior estadounidense.

•Respuesta de la OTAN al sabotaje de cables: Se espera una declaración oficial de la OTAN sobre los incidentes en el Mar Báltico. La naturaleza de la respuesta (o la falta de ella) será un indicador clave de la seriedad con la que la alianza está tomando la amenaza de la guerra híbrida.

•Debate sobre la independencia del BCE: Las discusiones sobre la presión política a los bancos centrales probablemente se intensificarán en Europa. Se esperan declaraciones de funcionarios del BCE y de líderes políticos europeos, que podrían definir el futuro de la política monetaria en el continente.

•Foro Económico Mundial (Davos): Aunque el evento comenzó el 20 de enero, la semana próxima verá las sesiones más importantes. Según The Economist, “el evento de networking definitivo está sintiendo la tensión” debido a las fracturas geopolíticas . Los discursos de líderes mundiales y las reuniones a puerta cerrada podrían ofrecer pistas sobre cómo las élites globales están reaccionando al nuevo orden emergente.