ICE en 2025–2026: la política migratoria como poder doméstico y señal geopolítica
Una expansión presupuestaria inmensa, fricciones constitucionales y costes de reputación en un año en que el enforcement dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un test de Estado de derecho
En Estados Unidos, la frontera no empieza en el desierto: empieza en la capacidad del gobierno federal para imponer presencia, narrativa y control. El giro de 2025–2026 alrededor de ICE debe leerse así: menos como una suma de redadas y más como un cambio de régimen operativo. En ese marco, los incidentes de Minneapolis en enero de 2026 —dos ciudadanos estadounidenses muertos en operativos vinculados a la ofensiva migratoria— no son solo tragedias locales; son un acelerador político de un debate nacional sobre transparencia, uso de la fuerza y límites del poder federal.
1. El acelerador: dinero, capacidad y velocidad
El punto de inflexión no es ideológico; es material. En julio de 2025, la Administración firmó una ley presupuestaria que, según análisis del Council on Foreign Relations (CFR), asignó en torno a 170.000 millones de dólares durante cuatro años a enforcement migratorio y seguridad fronteriza, con partidas sustantivas para ampliar detención y operaciones de ICE.
El efecto inmediato de un salto así no es solo más agentes o más camas: es un cambio en la curva de riesgo. Cuando la expansión es rápida, la fricción se desplaza del diseño normativo a la ejecución: entrenamiento comprimido, cadenas de mando bajo estrés, proveedores privados ampliando operaciones, y un ecosistema de datos donde el incentivo político a “mostrar resultados” puede distorsionar definiciones y métricas.
Reuters ha descrito este giro como una estrategia de enforcement más visible y confrontacional en grandes ciudades, con el consiguiente aumento de enfrentamientos.
2. La batalla de los números: deportaciones, detención y ‘self-deportation’
Para un público profesional, la discusión empieza por una pregunta incómoda: ¿de qué hablamos cuando hablamos de “deportaciones”? El Migration Policy Institute (MPI) sostiene que ICE incrementó arrestos de forma marcada durante el primer año del segundo mandato y que la detención diaria media se duplicó; pero al mismo tiempo matiza que los registros oficiales de deportación formal no son récord histórico y dependen de definiciones y series.
El segundo eje es la salida voluntaria incentivada. En diciembre de 2025, Reuters informó de un incentivo de hasta 3.000 dólares más vuelo para quienes aceptaran autodeportarse; la Administración ha divulgado cifras agregadas de salidas voluntarias, pero medios y verificadores han cuestionado la trazabilidad pública de esas estimaciones.
En términos de narrativa, esto importa porque convierte un asunto técnico en un problema de credibilidad. Cuando el gobierno y sus críticos discuten con definiciones distintas —removals, returns, voluntary departures— el debate público se parece a una guerra de propaganda. Una pieza seria debe explicitar esa ambigüedad y resistir la tentación de titular con un número que no se pueda auditar.
3. La huella operativa: ciudades, centros de trabajo y diplomacia
Los episodios de alta fricción ilustran cómo el enforcement migratorio se mezcla con orden público, economía y relaciones exteriores. En junio de 2025, las redadas en Los Ángeles y la posterior federalización de la Guardia Nacional desembocaron en un choque institucional. Un juez federal emitió una orden temporal (TRO) concluyendo que el presidente no siguió el procedimiento exigido por el Congreso y ordenó devolver el control al gobernador.
El segundo terreno es el de las redadas en centros de trabajo, donde el impacto económico puede convertirse en impacto diplomático. En septiembre de 2025, Reuters informó de cientos de detenciones en una planta vinculada a Hyundai/LG en Georgia, subrayando el riesgo de tensión con Corea del Sur.
Este punto rara vez se discute en Europa con la seriedad debida: cuando la política migratoria afecta inversiones estratégicas y cadenas de suministro, la frontera se convierte en política industrial. Y cuando afecta a nacionales de aliados, se convierte en política exterior.
4. El núcleo jurídico: órdenes administrativas, domicilios y el umbral constitucional
En el terreno, una pregunta domina el debate: ¿qué puede hacer ICE con una orden administrativa cuando el objetivo está en un domicilio? El análisis de Lawfare y reportajes de AP han reiterado una distinción básica para el Estado de derecho estadounidense: una orden administrativa no es una orden judicial emitida por un juez, y su alcance para entrar en una vivienda sin consentimiento está severamente limitado.
Para un lector europeo, la lección es menos jurídica que política: cuando una agencia intenta “normalizar” herramientas administrativas como si fueran equivalentes a control judicial, el resultado no es solo litigio. Es erosión de legitimidad. Y esa erosión, en un país que compite globalmente por influencia normativa, es un pasivo estratégico.
5. Coste humano, supervisión y reputación: detención y uso de la fuerza
Los indicadores de detención y mortalidad bajo custodia alimentan una pregunta que no es partidista: ¿se ha expandido la capacidad de supervisión al mismo ritmo que la capacidad de detención? The Guardian situó la población detenida en torno a 69.000 personas a principios de enero de 2026 y reportó un repunte de muertes bajo custodia en 2025; Reuters también documentó un aumento de fatalidades y episodios violentos.
Las alegaciones sobre condiciones en centros de gran escala refuerzan esa preocupación. ACLU publicó testimonios de personas detenidas denunciando abuso y negligencia en Fort Bliss, y Human Rights Watch pidió el cierre del sitio; AP informó además de un caso con hallazgo forense de homicidio por asfixia en custodia.
En Minneapolis, el problema no es solo el desenlace, sino la brecha entre lo que muestran los videos y lo que sostienen las autoridades, según Reuters y AP. En un entorno polarizado, esa brecha se convierte en combustible político: si la agencia no controla el relato con transparencia, el relato la controla a ella.
6. La dimensión exterior: migración como seguridad hemisférica
El giro migratorio también es un giro estratégico. Chatham House ha descrito cómo la estrategia de seguridad re-centra América Latina y la migración en la lógica de control hemisférico. En paralelo, análisis europeos como CIDOB subrayan el vínculo entre política interior y proyección exterior en el trumpismo: coerción, transaccionalidad y reducción del multilateralismo.
En este contexto, la externalización de expulsiones y la cooperación con terceros países adquieren un peso creciente. Foreign Policy ha discutido la idea de desplazar cargas de detención y expulsión fuera del territorio continental, con implicaciones legales y reputacionales. Para el derecho internacional de refugiados, el punto sensible es el principio de no devolución (non-refoulement) y las garantías frente a expulsiones colectivas.
Este es el punto donde el tema deja de ser exclusivamente norteamericano: si Washington se percibe como un actor que relativiza garantías procedimentales en casa, su autoridad para exigirlas fuera se erosiona. En geopolítica, la coherencia normativa no es un lujo: es un recurso.
Qué vigilar en 2026
Hay cinco vectores que determinarán si 2026 consolida el giro o lo corrige. Primero, los tribunales: entradas domiciliarias, estándares de orden y límites del despliegue federal. Segundo, la calidad de los datos: sin métricas auditables, la política se convierte en marketing. Tercero, la supervisión interna: crecimiento rápido sin control produce incidentes críticos. Cuarto, el impacto diplomático: redadas que alcanzan inversiones de aliados convierten ICE en un actor de política exterior de facto. Quinto, el coste reputacional: en una competencia sistémica, el Estado de derecho también es poder.
Conclusiones
La conclusión incómoda para Washington es que la política migratoria ya no se juega en el registro clásico de “frontera y soberanía”, sino en un triángulo mucho más explosivo: capacidad coercitiva, legitimidad institucional y reputación internacional. Cuando una agencia como ICE crece a golpe de presupuesto, despliegue y objetivos cuantitativos, el riesgo no es solo que aumenten los arrestos o la detención; es que aumenten los puntos de fricción en los que el Estado se mira al espejo: entradas en domicilios, uso de la fuerza, rendición de cuentas, transparencia de datos. Es ahí donde una estrategia de control puede convertirse, sin necesidad de un gran giro ideológico, en una crisis de confianza.
Lo que está en juego en 2026 no es únicamente “cuántas deportaciones” se consiguen (que también) sino qué tipo de Estado emerge del proceso. Las muertes en operaciones, las denuncias sobre condiciones de detención y la disputa sobre órdenes administrativas versus órdenes judiciales no son ruido lateral: son el coste político de acelerar un aparato coercitivo en una democracia que vive de sus frenos y contrapesos. Y cuando esos contrapesos entran en tensión —alcaldes enfrentados a agencias federales, tribunales corrigiendo procedimientos, organizaciones documentando abusos— el debate deja de ser migratorio para volverse constitucional.
En clave geopolítica, la consecuencia es aún más directa. Estados Unidos puede endurecer su frontera, externalizar expulsiones o presionar a terceros países; pero si el método erosiona debido proceso y alimenta imágenes de arbitrariedad, la factura se paga en capital moral y capacidad de persuasión. En un mundo donde la competencia estratégica incluye la narrativa —quién representa el orden liberal y quién lo impugna— la gestión de la migración ya no es un asunto doméstico: es un test de coherencia sistémica. El adversario no necesita inventar propaganda cuando la propia mecánica del Estado genera escenas, vídeos y cifras difíciles de explicar.
Tres conclusiones, en limpio:
La expansión presupuestaria ha cambiado la escala del problema: no discutes políticas, discutes un aparato. Y los aparatos, una vez creados, tienden a justificar su continuidad.
La gran vulnerabilidad no está solo en la operación, sino en los datos: sin trazabilidad y definiciones claras (deportaciones, retornos, salidas “voluntarias”), el relato se convierte en guerra de números y la credibilidad se degrada.
El punto decisivo será la rendición de cuentas: si el crecimiento viene acompañado de supervisión real, reglas claras y transparencia, el ciclo puede estabilizarse; si no, la política migratoria seguirá produciendo episodios críticos que rebotarán en tribunales, ciudades y aliados… y terminarán reescribiendo el debate sobre la democracia estadounidense desde dentro.



