Lo que piensa EE. UU. sobre la política exterior de Trump: datos clave y lectura estratégica

El mandato estrecho de una potencia impaciente

A un año del arranque del segundo mandato de Donald Trump, las encuestas dibujan una constante: el presidente conserva una base republicana sólida, pero gobierna con un techo bajo y con una opinión pública mayoritariamente incómoda ante el uso unilateral de la fuerza. Ese patrón —más que cualquier titular aislado— es el dato estratégico.

La fotografía general es conocida, pero conviene subrayar su implicación internacional. En el agregado, Trump se mueve en niveles de aprobación alrededor del 38–40% según mediciones recientes, con mayorías estables de desaprobación y un saldo neto negativo. En política exterior, el cuadro no mejora: el Marist Poll sitúa la aprobación de su gestión internacional en 37% frente a 56% de desaprobación, y además registra una caída entre independientes (29% aprueba, frente a 33% en julio de 2025).

Ese “mandato estrecho” no implica que la política exterior sea secundaria para el electorado; implica que se evalúa a través de filtros domésticos (coste de vida, límites constitucionales, y fatiga de intervención) y en un clima de polarización donde la mayoría de los incentivos empujan a la señalización partidista. Lo que ha cambiado en las últimas semanas es que la agenda internacional de la Casa Blanca (Venezuela y Groenlandia, sobre todo) ha convertido esa tensión estructural en una prueba de estrés visible: para el Congreso, para los aliados y, crucialmente, para los votantes no alineados.

Venezuela: el apoyo “táctico” y el rechazo a la ocupación

La captura de Nicolás Maduro y el uso de fuerza en Venezuela han producido una división casi aritmética en la opinión pública, con un volumen inusualmente alto de indecisos. En Reuters/Ipsos, 33% aprueba la acción militar y 34% la desaprueba, mientras 32% declara no estar seguro; el detalle partidista es el esperado, pero el nivel de “no sabe/no contesta” es lo que debería preocupar a cualquier estratega: sugiere que una parte relevante del país no tiene un marco claro para interpretar el objetivo, el coste y el final de la operación. Un sondeo del Washington Post encuentra una división similar (40% aprueba, 42% desaprueba), y apunta a una mayoría que hubiera preferido algún tipo de aval del Congreso.

En paralelo, el AP-NORC añade dos piezas clave para entender la reacción: más de la mitad cree que Trump ha “ido demasiado lejos” usando el ejército para intervenir en otros países, y alrededor de seis de cada diez desaprueban su gestión de política exterior. Pero, a la vez, el mismo trabajo detecta que una parte del público ve beneficios instrumentales en la operación (por ejemplo, potencial impacto sobre narcotráfico), lo que ayuda a explicar por qué el país puede rechazar la “deriva intervencionista” y, aun así, mantener una cierta tolerancia a golpes puntuales si se venden como quirúrgicos y limitados.

El matiz es importante: las encuestas no dicen “no a Venezuela”, dicen “cuidado con lo que viene después”. El Wall Street Journal, por ejemplo, refleja una aceptación estrecha de la operación, pero también un rechazo mayoritario a que Estados Unidos “dirija” Venezuela. En términos de doctrina, eso se traduce en un mensaje bastante consistente desde 2003: la opinión pública estadounidense tolera mejor el uso de fuerza cuando el objetivo es acotado, el relato jurídico-político es defendible y el coste de salida está definido; penaliza, en cambio, cualquier aroma de ocupación, administración directa o “nation-building”.

Groenlandia: un raro consenso negativo y el problema aliado

Si Venezuela divide, Groenlandia unifica —pero en contra. En Reuters/Ipsos, solo 17% aprueba los esfuerzos para adquirir Groenlandia; la idea de usar fuerza militar aparece como marginal (4% la ve como buena idea frente a 71% que la considera mala), y dos tercios temen daño a la OTAN y a los lazos con aliados europeos.

Lo relevante aquí no es solo la cifra, sino su estructura: incluso dentro del electorado republicano, el apoyo a la coerción militar sobre un aliado es limitado. Eso acota el margen de maniobra de la Casa Blanca si decide escalar del gesto simbólico a la presión material. Y, de hecho, la escalada ya se percibe: Reuters ha informado sobre conversaciones de Trump con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la disputa, y sobre amenazas/aranceles como palanca de presión hacia Europa. La reacción de mercado —con episodios de aversión al riesgo vinculados al conflicto— ilustra un punto incómodo para Washington: la coerción sobre aliados puede “cobrar” pronto en confianza económica y en cohesión estratégica.

En términos de reputación internacional, Groenlandia es también un test de credibilidad. La administración puede argumentar seguridad y competencia ártica, pero el público parece escuchar otra cosa: un impulso revisionista y transaccional que convierte alianzas en instrumentos. Esa lectura, aunque no sea universal, basta para dañar el capital político de cualquier negociación prolongada. Y el hecho de que la oposición sea tan amplia y transversal crea un incentivo para que adversarios y socios interpreten la iniciativa como volátil o dependiente del ciclo electoral.

El hilo conductor: límites, Congreso y fatiga de intervención

Detrás de ambos casos aparece un eje más profundo: la preocupación por el uso expansivo del poder ejecutivo en materia militar. En Marist, 70% dice que EE. UU. debería obtener aprobación del Congreso antes de acciones militares; el apoyo a ese principio es abrumador entre demócratas e independientes, pero incluso una fracción relevante de republicanos se desmarca de la lógica de “mano libre” presidencial. Quinnipiac encuentra un patrón compatible: 70% cree, en general, que un presidente debería recibir aprobación del Congreso antes de usar la fuerza; y también registra un rechazo amplio a una intervención en Irán (70% en contra).

Este componente constitucional importa por dos razones. La primera, doméstica: en un año pre-midterms, cualquier percepción de exceso ejecutivo tiende a activar coaliciones negativas entre independientes y votantes de baja intensidad (los que no militan, pero deciden). La segunda, internacional: si la política exterior se percibe como unilateral y jurídicamente elástica, los aliados ajustan su cálculo de fiabilidad, y los rivales pueden verse incentivados a “esperar” o “probar” la coherencia estadounidense.

Qué quiere el público: menos “policía del mundo”, pero no retirada

Hay un error frecuente al leer estos datos: confundir escepticismo con aislacionismo. El AP-NORC detecta que, tras la intervención en Venezuela, una pluralidad preferiría que EE. UU. estuviera menos involucrado en “resolver los problemas del mundo”, y solo una minoría pide más implicación. Eso no implica necesariamente deseo de repliegue estratégico; implica preferencia por selectividad, multilateralismo funcional (cuando reduce costes) y, sobre todo, claridad sobre “por qué” y “hasta cuándo”.

En ese marco, la política exterior de Trump enfrenta un dilema estructural: su estilo —alto voltaje, decisiones rápidas, coerción como herramienta— puede consolidar a su base, pero tiende a erosionar el apoyo en el centro cuando el coste potencial se vuelve visible o cuando el objetivo parece maximalista. Groenlandia concentra ese problema en estado puro: para muchos votantes es, a la vez, innecesaria, arriesgada para la OTAN y difícil de justificar en términos de prioridades nacionales.

Implicaciones: un mundo que lee encuestas, y unas midterms que se acercan

Para un público experto, la pregunta útil no es si Trump “gana” o “pierde” cada episodio, sino qué tipo de coalición doméstica hace sostenible su política exterior. Con un país partido y un nivel de aprobación internacional bajo (37% en Marist), la administración depende de dos cosas: disciplina republicana y fragmentación de la oposición. Pero los datos apuntan a que los independientes —el amortiguador clásico— se están moviendo en contra, y eso es una mala noticia cuando la política exterior se convierte en tema de conversación cotidiano.

Este contexto también afecta a los aliados: si los votantes perciben que la Casa Blanca tensiona alianzas tradicionales por objetivos de bajo consenso (Groenlandia) o por operaciones con final abierto (Venezuela), los gobiernos europeos y latinoamericanos tenderán a blindarse políticamente, elevando el coste diplomático de cualquier acuerdo. Reuters y otros medios ya reflejan la escalada de fricción transatlántica alrededor de Groenlandia y su traducción en amenazas comerciales.

A corto plazo, la lectura es sobria: Trump puede seguir actuando con rapidez, pero lo hace sobre una legitimidad pública estrecha, con una mayoría recelosa del uso expansivo de la fuerza y con un raro consenso nacional en contra de aventuras coercitivas sobre aliados. A medio plazo, la pregunta que decidirá su margen real no es geopolítica, sino electoral: si la política exterior pasa de ser un “ruido” polarizado a un factor que active el voto independiente en 2026.