El líder ausente
La sucesión de Mojtaba Jamenei y la transformación silenciosa del poder en Irán
Durante una semana, el cuerpo de Alí Jamenei recorrió algunos de los principales espacios religiosos y políticos del mundo chií. Las ceremonias, cuidadosamente coreografiadas, pretendían transmitir continuidad, resistencia y cohesión nacional. Finalmente, el hombre que había gobernado Irán durante treinta y siete años fue enterrado en el santuario del imán Reza, en Mashhad, uno de los lugares más sagrados del país.
Sin embargo, la imagen más reveladora de aquellos funerales no fue la multitud, ni los retratos del ayatolá, ni las proclamas contra Estados Unidos e Israel. Fue una ausencia.
Mojtaba Jamenei, hijo y sucesor del dirigente fallecido, no apareció en público. No pronunció el elogio fúnebre, no presidió las ceremonias y ni siquiera difundió una grabación reciente que permitiera a los iraníes ver o escuchar a su nuevo Líder Supremo. Sus tres hermanos ocuparon el espacio familiar y religioso. Otros representantes del sistema hablaron en su nombre. Pero el hombre que, al menos formalmente, concentra la máxima autoridad de la República Islámica permaneció fuera de la escena.
Fuentes iraníes atribuyen su ausencia a las graves heridas sufridas en el ataque que acabó con la vida de su padre, así como al temor de que una aparición pública facilite su localización. La explicación es plausible. Pero en los sistemas políticos construidos alrededor de la autoridad personal, la visibilidad no es un elemento ornamental. También es una forma de poder. La ausencia prolongada de Mojtaba está convirtiéndose, por ello, en un problema institucional y simbólico para el régimen.
La cuestión que se plantea no es únicamente dónde se encuentra Mojtaba Jamenei o cuál es su estado de salud. La pregunta realmente importante es otra: ¿quién gobierna hoy Irán?
Una república que no debía ser hereditaria
La República Islámica nunca ha sido una teocracia convencional ni una república homologable a las democracias parlamentarias. Su arquitectura institucional combina elecciones, órganos representativos, autoridades religiosas y centros de poder que no responden directamente ante el electorado.
En la cúspide se encuentra el Líder Supremo, figura central de la doctrina del velayat-e faqih, la tutela del jurista islámico. Según esta concepción, desarrollada por Ruhollah Jomeini antes de la revolución de 1979, la comunidad política debe permanecer bajo la supervisión de un jurista religioso capacitado para garantizar que el Estado actúe conforme a los principios del islam chií.
La Constitución atribuye al Líder Supremo facultades decisivas: fija las grandes orientaciones de la República, ejerce el mando de las fuerzas armadas, declara la guerra y la paz, designa a los principales responsables militares y judiciales y puede intervenir cuando las instituciones ordinarias no consiguen resolver una crisis. Su nombramiento corresponde a la Asamblea de Expertos, un órgano clerical formalmente encargado también de supervisarlo. Los artículos 107 a 110 exigen conocimientos jurídicos islámicos, piedad, capacidad política, prudencia y aptitudes de liderazgo; no establecen, sin embargo, ningún derecho sucesorio familiar.
Desde el punto de vista estrictamente constitucional, la designación de Mojtaba Jamenei no constituye una ruptura. La Asamblea de Expertos siguió el procedimiento previsto y nombró al nuevo dirigente después de un breve periodo de interinidad.
La contradicción es de otra naturaleza. Es histórica, ideológica y moral.
La República Islámica nació de una revolución que derrocó a la dinastía Pahlavi y denunció la transmisión familiar del poder como una forma de corrupción política. Casi medio siglo después, la jefatura del Estado ha pasado directamente de un padre a su hijo. La revolución no se ha convertido formalmente en una monarquía, pero ha producido un resultado dinástico.
Esta paradoja no requiere necesariamente que exista un plan sucesorio escrito. Las dinastías políticas pueden formarse también mediante redes informales: controlando el acceso al dirigente, distribuyendo favores, cultivando lealtades en los aparatos de seguridad y convirtiendo a un candidato en la opción menos arriesgada para quienes desean preservar el sistema.
Durante décadas, Mojtaba Jamenei se especializó precisamente en ese tipo de poder. No ocupó cargos ministeriales, no dirigió públicamente ninguna gran institución y apenas concedió señales de vida política propia. Su influencia procedía de la oficina de su padre, desde donde gestionó relaciones con el clero, los organismos de seguridad, la milicia Basij y la Guardia Revolucionaria. Su biografía es menos la de un estadista que asciende desde las instituciones que la de un custodio situado en el centro de una red.
Esta discreción podía ser una ventaja cuando actuaba detrás del Líder Supremo. Se convierte en una debilidad cuando debe encarnar él mismo la supremacía del Estado.
Del poder clerical al Estado de seguridad
Durante la mayor parte de su historia, la República Islámica se sostuvo sobre un equilibrio complejo. El clero proporcionaba legitimidad religiosa y dirección política; la Guardia Revolucionaria protegía el sistema, reprimía las amenazas internas y proyectaba la influencia iraní en el exterior. Ambos se necesitaban, pero no eran equivalentes.
Alí Jamenei dedicó buena parte de su mandato a administrar ese equilibrio. Dependió de la Guardia Revolucionaria, favoreció su expansión económica y respaldó su papel regional, pero evitó que ningún comandante pudiera convertirse en un centro de poder alternativo. Su autoridad no procedía únicamente de la Constitución. Era el resultado de treinta y siete años de nombramientos, arbitrajes, purgas, alianzas y supervivencia política.
La guerra ha alterado ese equilibrio.
La muerte de Alí Jamenei, la desaparición de numerosos dirigentes civiles y militares y las heridas sufridas por su sucesor concentraron las decisiones en un círculo más reducido, vinculado al Consejo Supremo de Seguridad Nacional y a la Guardia Revolucionaria. Según fuentes conocedoras de las deliberaciones internas, Mojtaba continúa ocupando la cúspide formal, pero actúa más como legitimador de decisiones colectivas que como dirigente capaz de imponer personalmente una línea política.
El presidente del Parlamento y antiguo comandante de la Guardia, Mohammad Bagher Ghalibaf, se ha convertido en uno de los principales interlocutores políticos. El comandante Ahmad Vahidi ha desempeñado un papel central en la conducción militar y en las negociaciones indirectas. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, conserva la función diplomática, pero su margen de maniobra depende de decisiones adoptadas en un espacio donde predominan los responsables de seguridad.
No significa necesariamente que Irán se haya convertido ya en una junta militar. Las instituciones religiosas continúan siendo necesarias, la Presidencia mantiene competencias administrativas y la legalidad revolucionaria sigue estructurando el Estado. Pero el centro de gravedad se ha desplazado.
La Guardia Revolucionaria ya no se limita a proteger el régimen. Participa directamente en la definición de sus objetivos políticos, diplomáticos y económicos.
La guerra, de hecho, podría haber producido un resultado contrario al perseguido por sus promotores. Los ataques eliminaron comandantes y degradaron capacidades militares, pero también reforzaron la centralidad política de las instituciones coercitivas. En un país sometido a una amenaza exterior, los organismos que controlan las armas, la inteligencia, las comunicaciones y el territorio tienden a convertirse en indispensables. La Guardia Revolucionaria ha salido dañada militarmente, pero fortalecida como estructura de poder.
La nueva configuración podría describirse como un reparto funcional. Mojtaba Jamenei aporta continuidad constitucional, legitimidad religiosa y el apellido que conecta al régimen actual con los últimos treinta y siete años. La Guardia Revolucionaria aporta capacidad coercitiva, organización, control territorial y dirección estratégica.
El problema es que una magistratura concebida para resolver las disputas entre las distintas instituciones corre el riesgo de convertirse en dependiente de una de ellas.
El error de confundir la decapitación con el colapso
La operación que acabó con Alí Jamenei fue un éxito extraordinario desde el punto de vista táctico y de inteligencia. Estados Unidos e Israel consiguieron localizar una reunión de la cúpula iraní, identificar los patrones de desplazamiento del Líder Supremo y atacar el corazón político del régimen durante las primeras horas de la guerra.
Pero el éxito operativo no garantiza el resultado político.
Antes de los ataques, los servicios de inteligencia estadounidenses ya habían considerado la posibilidad de que la muerte de Jamenei no provocara el derrumbe de la República Islámica. Una de las hipótesis contempladas era que los elementos más duros de la Guardia Revolucionaria sustituyeran al dirigente y asumieran un papel todavía más relevante.
Los regímenes autoritarios rara vez dependen de una única persona, incluso cuando concentran su representación pública en ella. Disponen de burocracias, servicios de inteligencia, mandos militares, intereses económicos y redes clientelares cuya supervivencia está vinculada a la continuidad del sistema.
Eliminar al dirigente puede desorganizar temporalmente esa estructura, pero también puede cohesionar a sus componentes ante una amenaza común. La presión exterior reduce el espacio de los sectores pragmáticos, convierte cualquier concesión en una posible señal de debilidad y concede a los aparatos de seguridad un argumento permanente para ampliar sus competencias.
Esto no significa que la República Islámica sea invulnerable. El régimen continúa enfrentándose a una profunda crisis de legitimidad, una economía erosionada por las sanciones, fuertes tensiones sociales y una población urbana que ha expresado repetidamente su rechazo a la tutela política del clero.
Pero el descontento social y el colapso institucional son fenómenos distintos. Para que el régimen se derrumbara sería probablemente necesaria una combinación de movilización popular sostenida, fractura de las élites y ruptura dentro de los organismos armados. Hasta ahora, la guerra parece haber reforzado la cohesión de estos últimos más que debilitarlos.
Una diplomacia sin interlocutor único
El 17 de junio se difundió el Memorando de Entendimiento de Islamabad, un documento de catorce puntos destinado a detener las operaciones militares, reabrir el estrecho de Ormuz y abrir un periodo de sesenta días para negociar un acuerdo más amplio.
El texto incluía compromisos de enorme alcance: finalización de las hostilidades, respeto a la soberanía de ambas partes, retirada progresiva del bloqueo naval, alivio de sanciones, liberación de activos iraníes, reconstrucción económica y negociación sobre el material nuclear enriquecido. La versión pública aparece, sin embargo, identificada todavía como borrador, y muchas de sus disposiciones quedaron sujetas a mecanismos posteriores que nunca llegaron a concretarse.
No era un tratado de paz. Era, en el mejor de los casos, una arquitectura provisional para administrar el conflicto.
La fragilidad del memorando deriva parcialmente de su ambición. Intentó resolver al mismo tiempo la navegación por Ormuz, las sanciones, la reconstrucción iraní, el programa nuclear, la presencia militar estadounidense y el equilibrio regional. Pero evitó precisar algunos de los mecanismos necesarios para convertir esos principios en obligaciones verificables.
También arrastraba una dificultad más profunda: la ausencia de un centro indiscutible de decisión en Teherán.
La diplomacia no consiste únicamente en encontrar a alguien dispuesto a negociar. Es necesario que ese interlocutor tenga capacidad para comprometer al conjunto del Estado. Abbas Araghchi puede conducir conversaciones técnicas. Ghalibaf puede representar a los sectores políticos y militares. El presidente Masoud Pezeshkian puede aplicar determinadas decisiones administrativas. Pero las cuestiones fundamentales —la estrategia nuclear, el uso del estrecho, las operaciones de la Guardia Revolucionaria o las concesiones a Washington— requieren un consentimiento que hoy parece más colectivo, más lento y más opaco que bajo Alí Jamenei.
Catherine Ashton, que dirigió las negociaciones que desembocaron en el acuerdo nuclear de 2015, ha subrayado otra dificultad: cerrar temporalmente el conflicto en Ormuz no resuelve las causas que lo originaron. La navegación marítima, el enriquecimiento de uranio, el papel de Israel, las sanciones y la seguridad regional forman piezas distintas de un mismo problema. Para que un acuerdo sea sostenible, las partes deben saber con claridad qué cuestiones están negociando y qué resultado final consideran aceptable.
Los acontecimientos de julio han confirmado la fragilidad de aquella arquitectura. Al cierre de este artículo, Estados Unidos e Irán han reanudado los ataques. La Guardia Revolucionaria ha bombardeado instalaciones estadounidenses en distintos países del Golfo, mientras Washington ha atacado sistemas de defensa, radares, capacidades de misiles y posiciones navales iraníes. Teherán sostiene que ha vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz; Estados Unidos afirma que la vía continúa abierta y que garantizará la libertad de navegación. El tráfico comercial se ha reducido de manera drástica y los precios energéticos han vuelto a reaccionar al alza.
Por ello, Irán no vive todavía un escenario de posguerra. Vive una tregua intermitente dentro de una guerra que ninguno de los contendientes ha conseguido resolver.
El estrecho como instrumento de poder
La importancia de Ormuz ayuda a comprender por qué Teherán puede mantener capacidad de negociación a pesar de su inferioridad militar convencional.
Antes de la guerra, aproximadamente una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y gas natural licuado transitaba por este paso marítimo. Irán no necesita derrotar a la Marina estadounidense para alterar el mercado energético. Le basta con aumentar el riesgo, dificultar los seguros, obligar a desviar embarcaciones o generar incertidumbre sobre la seguridad de cada tránsito.
El estrecho funciona así como un multiplicador de poder. Permite a Irán trasladar el coste de la guerra a los Estados del Golfo, a las economías importadoras de energía y, en último término, a los consumidores occidentales y asiáticos.
Esta capacidad explica también la creciente influencia de la Guardia Revolucionaria. El instrumento de presión más eficaz de Irán no se encuentra en el Ministerio de Exteriores ni en la Presidencia, sino en manos de las fuerzas que controlan las costas, las minas, los misiles, los drones y las pequeñas embarcaciones capaces de hostigar la navegación.
Ormuz no es únicamente una ruta comercial. Se ha convertido en el principal activo negociador de un Estado que trata de compensar su vulnerabilidad mediante la posibilidad de imponer costes globales.
El verdadero problema nuclear: saber qué queda
La dimensión nuclear añade una dificultad todavía mayor.
El debate político suele formularse en términos aparentemente sencillos: permitir o prohibir el enriquecimiento de uranio, levantar o mantener las sanciones, aceptar o rechazar las inspecciones. Pero antes de negociar límites futuros es necesario conocer el punto de partida.
La comunidad internacional ya no dispone de una línea base suficientemente fiable sobre el programa nuclear iraní. Las restricciones a la supervisión, la interrupción de la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y los ataques contra las instalaciones han generado lagunas importantes.
Antes de los bombardeos de junio de 2025, el OIEA estimaba que Irán disponía de unas 20.000 centrifugadoras instaladas en sus emplazamientos declarados y de aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %. Desde entonces, no se conoce con precisión qué material fue trasladado, qué equipos quedaron destruidos, qué instalaciones permanecen operativas o qué actividades pudieron desarrollarse fuera de la supervisión internacional.
Por tanto, un futuro acuerdo no puede limitarse a obtener una declaración iraní de intenciones. Deberá reconstruir el inventario, identificar las actividades realizadas durante los periodos sin vigilancia y establecer nuevas facultades de inspección.
La alternativa sería un acuerdo políticamente atractivo pero técnicamente vacío: Irán reiteraría que su programa tiene fines pacíficos y Estados Unidos aliviaría parte de la presión, pero ninguna de las partes dispondría de instrumentos suficientes para demostrar el cumplimiento o detectar una desviación.
En materia nuclear, la confianza es importante. La verificación es imprescindible.
La mutación de la República Islámica
La muerte de Alí Jamenei no ha provocado el final del régimen. Ha acelerado su transformación.
La República Islámica conserva sus instituciones, su Constitución, su jerarquía religiosa y su lenguaje revolucionario. Mojtaba Jamenei ocupa legalmente la magistratura suprema. Pero el funcionamiento efectivo del poder parece desplazarse hacia una dirección más colectiva, militarizada y dominada por las necesidades de seguridad.
A corto plazo, esta mutación puede hacer al régimen más resistente. La Guardia Revolucionaria posee disciplina, recursos, experiencia en la represión y una fuerte conciencia corporativa. Ante la presión exterior, sus dirigentes tienen pocos incentivos para dividirse.
A medio plazo, sin embargo, el nuevo equilibrio contiene riesgos importantes. Un sistema más dependiente de la coerción dispone de menos mecanismos para corregir errores, incorporar demandas sociales o construir consensos. La militarización puede aumentar la capacidad de supervivencia inmediata y, al mismo tiempo, reducir la adaptabilidad política.
Mojtaba Jamenei podría acabar consolidando su autoridad. Su padre tampoco poseía en 1989 el prestigio religioso de Jomeini y necesitó años para imponerse sobre las distintas facciones. Pero las condiciones actuales son mucho más adversas. Mojtaba hereda una sociedad más distante del discurso revolucionario, una economía debilitada, una guerra abierta, el estigma de la sucesión familiar y una Guardia Revolucionaria que ya no parece dispuesta a limitarse a obedecer.
El título de Líder Supremo continúa existiendo. Lo que todavía está por demostrar es si su nuevo titular puede volver a ser, en la práctica, el actor supremo del sistema.
Para las potencias extranjeras, la conclusión debería invitar a la prudencia. No conviene confundir la destrucción de objetivos con la transformación política, la eliminación de dirigentes con el derrumbe de un régimen ni la firma de un memorando con la existencia de una paz ejecutable.
Irán no se encuentra ante una simple sucesión personal. Se encuentra ante una mutación institucional: desde un autoritarismo clerical articulado alrededor de un árbitro dominante hacia un Estado de seguridad en el que el poder religioso proporciona legitimidad y el poder militar determina cada vez más los límites de lo posible.
La ausencia de Mojtaba Jamenei en los funerales de su padre fue, en ese sentido, algo más que una anomalía protocolaria. Fue la representación involuntaria del nuevo Irán: el Líder Supremo sigue ocupando el centro del retrato, pero el poder empieza a ejercerse fuera de campo.